La UFI y la gran estafa: tres millones y cinco imputados

Ya son cinco los imputados y el monto de la estafa supera los 3 millones. Ahora investigarán todos los movimientos de dinero de esa repartición. Funcionarios del BID de Estados Unidos hablaron con la fiscal y enviarán un emisario. Quieren saber si se robaron fondos de ese organismo que estaban destinados a obras. Hoy anunciarían los reemplazos de los empleados acusados

La estafa producida en la Unidad de Financiamiento Internacional desbordó las previsiones. Ahora, la Justicia investiga todas las cuentas de esa repartición para intentar detectar otras estafas que se podrían haber producido en los últimos años más allá del caso detectado. "Ahora vamos a investigar todas las cuentas y los fondos", confirmaron desde la Fiscalía.  Eso no es todo: las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo ya se pusieron en contacto con la fiscal Claudia Ríos para averiguar los alcances de la causa. Y en los próximos días enviarán al jefe del BID en Argentina para analizar el caso.

La comunicación con la Fiscal de la causa no fue un llamado más. Fueron los funcionarios de la sede oficial del BID los que llamaron, directamente de Washington. Desde ese organismo de crédito buscan saber si los recursos que destinan a Mendoza van a parar realmente al destino original o si también son parte de los desvíos de fondos detectados. En concreto quieren saber si hubo corrupción en el manejo de esos recursos.

Esa realidad alerta en el Gobierno, pues pueden peligrar los recursos que vienen desde el BID para financiar obras y otros emprendimientos por la mancha de corrupción que hay sobre el organismo que administra esos fondos.

Al mismo tiempo, la magnitud de la estafa es cada vez mayor. Ya son 5 los imputados, de los cuales uno está detenido. El resto fue intimado a pagar una fianza para seguir en libertad.
En la primera fase de la investigación se detectaron 33 cheques que fueron cobrados de manera irregular. El monto de esos cheques es de 3.096.000 pesos. A tres de ellos se les pudo “seguir el camino” para determinar quién los cobró. Se trata de un hombre llamado Juan Carlos Abraham, que no es empleado público y que también quedó imputado en la causa. Los otros imputados son Marcelo Martorell, Federico Acuña, María Rubio y Soledad Pastrana.

Ahora rastrean la ruta que siguieron los otros cheques para blanquear el dinero. Por eso hay varios bancos privados involucrados en las pericias. La cuenta de la UFI de donde salió la plata pertenece a la sucursal del Banco Nación ubicada en España y Gutiérrez.

Ayer se presentó para notificarse de la imputación Federico Acuña el último que faltaba en la lista. Por eso, la causa quedó libre del secreto de sumario y ahora los acusados pueden iniciar su defensa. La primera acción que deberán realizar es pagar la fianza y pedir la excarcelación. El más complicado es Marcelo Martorell, que está acusado de ser el organizador de una asociación ilícita montada para estafar al Estado. Por eso está detenido y, además, le pesan varias acusaciones por “peculado”, es decir por corrupción. Martorell fue quien organizó, según entienden en la justicia, el plan. El hombre tenía una agitada vida financiera, con facturaciones millonarias y deudas por cheques sin fondo también exorbitantes. Ahora está detenido y ayer allanaron su casa y otras oficinas en búsqueda de información.

La estafa detectada se produjo con la cuenta usada por la UFI destinada a las retenciones de la AFIP. Pero ahora la investigación se ampliará. La fiscal Claudia Ríos ordenó que el Ministerio de Hacienda informe sobre los movimientos de todas las cuentas de la UFI  desde el año 2005 hasta el 2011. Suponen que puede haber maniobras fraudulentas en otras operaciones realizadas con fondos de organismos internacionales. Se trata de cientos de millones de pesos que llegan desde los organismos de crédito internacionales.

Los estafadores no se tomaban franco

Además de la información contable, la justicia ordenó que se remita documentación sobre los movimientos de los empleados y funcionarios de Hacienda. Incluso el libro diario de Casa de Gobierno fue secuestrado.

Es que se detectó que las maniobras fraudulentas se realizaban, incluso, los días no hábiles. En las pericias de descubrió, por ejemplo, que una de las órdenes de pago truchas se generó el 27 de febrero del 2010.

Ese día fue sábado y la administración pública no trabajó. Pero sí hubo dos agentes de la UFI que estuvieron en las oficinas: Marcelo Martorel y María Rubio. Así figura en registro de Casa de Gobierno. Ese día, los dos aprobaron una orden de pago por 80 mil pesos.

La magnitud del escándalo desbordó a todos. Por eso desde el Ministerio de Hacienda optaron ahora por el hermetismo, en el medio de rumores de renuncias y reemplazos. Los cuatro funcionarios implicados habían sido separados de sus cargos (Martorell había renunciado en marzo). Lo único que se remitieron a decir desde Hacienda es que están analizando los reemplazos, que podrían ser anunciados hoy junto con otras medidas de control para evitar más escándalos.

La preocupación es que en la Justicia no descartan llegar a funcionarios políticos en la determinación de responsabilidades. Y eso pone nerviosos a los funcionarios de Celso Jaque, pero también a quienes estuvieron a cargo del área en la gestión anterior, cuando Julio Cobos era gobernador.

Opiniones (1)
22 de octubre de 2017 | 16:45
2
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22 de octubre de 2017 | 16:45
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. Desde Jake para abajo ¡¡¡¡ TODOS CULPABLES!!! Fiscal Claudia Ríos en usted confío.
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