Justicia multa con $34500 a funcionaria nacional

La sanción fue fijada por el juez Luis Armella, a cargo de la causa de la limpieza del Riachuelo, por entender que la secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, inclumplió con esa orden judicial. El dinero se utilizará para reparar las casas dañadas tras la desocupación de los okupas. Armella hizo efectiva hoy la multa de 500 pesos diarios impuesta a Caamaño, por el incumplimiento de la orden de desalojo del predio ubicado en  Villa Soldati.

Armella hizo efectiva hoy la multa de 500 pesos diarios impuesta a Caamaño, por el incumplimiento de la orden de desalojo del predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, de Villa Soldati. La funcionaria tiene  un plazo de 48 horas para que efectivice el depósito.

La sanción es impuesta “por el lapso temporal que se mantuvo su reticencia, es decir desde el día 09-03-11 hasta el día 16-05-11 inclusive, bajo apercibimiento de trabar el embargo correspondiente que tienda a su efectivo cobro”, publica el Centro de Información Judicial (CIJ).

En la resolución, el juez señala que esos fondos “sean puestos a disposición de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo para que sean aplicados a la reparación, reacondicionamiento y puesta en valor de los inmuebles desalojados”.

La causa

A fines de mayo, después de casi tres meses, fue desalojada la toma ilegal de viviendas en el predio del Bajo Flores, en el marco de un operativo encabezado por la Policía Metropolitana pero que contó con la colaboración de agentes de la Federal.

Se trata de un complejo de monoblocks que posee 204 departamentos situados entre la avenida Castañares y la calle Lafuente, que iban a ser adjudicados a gente humilde que vive a orillas del Riachuelo.

El 5 de marzo, okupas de distintas villas del sur de la Ciudad aprovecharon el feriado del fin de semana largo por los Carnavales y se metieron en ese predio.

El Gobierno porteño, en ese entonces, pidió a la Nación que ordene el envío de la Policía Federal para que desalojen esos terrenos, una medida que fue avalada por el juez federal Luis Armella.

Sin embargo, a pesar de la orden judicial, hubo negativas para enviar a esa fuerza y se emplazó al Ejecutivo de la Ciudad a que utilice la Policía Metropolitana para dicho fin.

Pero por cuestiones operativas, la fuerza capitalina hasta fines de mayo no lo pudo llevar adelante debido a que necesitaba el apoyo de la Policía Federal, la cual finalmente accedió y ayudó en el desalojo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

El día de la desocupación, un grupo de okupas prendió fuego al menos cinco de las casas del complejo para resistir la medida, además de generar otros destrozos.

Ahora, los 42 mil pesos que Armella recaudará a través de la sanción que le aplicó a Caamaño, servirá para reparar parte de los daños generados en las viviendas.
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