La Justicia sobreseyó a propietarios de Publicidad Sarmiento en la causa del mobiliario urbano

Luego de casi cuatro años, la Cámara Nacional de Apelaciones sobreseyó a Orlando y Eduardo Terranova y Mauricio Macri, entre otros. Los jueces concluyeron que no hubo delito.

La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a los propietarios de Publicidad Sarmiento y a funcionarios de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, incluido el jefe de gobierno Mauricio Macri, en una causa iniciada hace cuatro años por la empresa familiar del ex Secretario de Medios de la Nación Enrique Albistur, y por la firma Spinazzola SA, que contaba con el ‘auspicio’ en las sombras del empresario periodístico Daniel Hadad.

La decisión judicial pone fin a varios años de intensa persecución judicial, reforzada con múltiples operativos mediáticos promovidos y ejecutados por medios, y empresarios, y sus socios mendocinos, propietarios a su vez de más medios repartidos en diversas ciudades del país. El fallo de la Cámara, conocido la semana pasada, terminó dando la razón a los argumentos que los propietarios de Publicidad Sarmiento, que habían sido sobreseídos varias veces y vueltos a procesar, sostuvieron desde un principio: no hubo delito en la licitación de vía pública porteña.

Las denuncias falsas fueron tres: una por la supuesta falsificación de certificados, y otras dos por la supuesta connivencia entre los empresarios y funcionarios porteños, de una licitación que en los hechos terminó haciéndose dos veces a causa de las denuncias; la segunda de ellas por mandato de la Cámara Penal. Las denuncias, además, eran contradictorias entre sí. En ambas licitaciones, la original y la ordenada por la justicia, la empresa precalificada en primer término para explotar el mobiliario urbano de la CABA fue Publicidad Sarmiento.

La Ciudad de Buenos Aires podrá ejecutar ahora contratos que estuvieron frenados durante años, por los operativos que con apoyo mediático y político se habían conseguido montar especialmente contra los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, propietarios de Publicidad Sarmiento, y el gobierno porteño. El sobreseimiento definitivo recayó sobre los empresarios Terranova, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. El fallo fue firmado a favor por los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini, y en disidencia por Luis Bunge Campos, y sobresee y suspende las causas derivadas de las denuncias contra Publicidad Sarmiento y los funcionarios porteños, por el principio de “cosa juzgada”. No hubo delito, de acuerdo a varios sobreseimientos que se habían dictado en esta causa en instancias anteriores, por lo tanto no se puede seguir “persiguiendo penalmente” a los empresarios y funcionarios denunciados, como se sostiene en el fallo.

La historia de esta causa comenzó en 2008, cuando se abrió la licitación por el mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una compulsa que tuvo más de once medidas cautelares para impedirla, y una revisión exhaustiva de la justicia contenciosa administrativa; lo que proporcionó a aquella licitación un pliego judicial “blindado” que atravesó tres administraciones: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, y Mauricio Macri. Publicidad Sarmiento resultó calificada primero, y dos de los oferentes iniciaron una causa penal. Una de ellas, la empresa de Albistur, lo hizo para causar el mayor daño posible a su competidor Publicidad Sarmiento, a la que además Albistur como Secretario de Medios privó de publicidad oficial durante ocho años. La otra firma denunciante, Spinazzola SA, intentó conseguir por vía penal lo que le denegaron en la licitación y sus vías administrativas. Ambas empresas se transformaron en querellantes.

Con el correr de los años y en medio de una maraña judicial sostenida y “auspiciada” desde poderes políticos y económicos, los denunciantes fueron hallando diversos resquicios para sostener vivas las causas, e impedir que se lleve a cabo de manera plena la licitación, que de hecho fue suspendida. El denunciante que más lejos llegó en los casos judiciales no había logrado pasar del primer sobre de la licitación en ninguna de las dos evaluaciones en las que Publicidad Sarmiento resultó primera. Aun así, y aprovechando las falsas denuncias y las barbaridades judiciales consecuentes, la empresa Vía Cart (también sustentada y soportada por Daniel Hadad), consiguió una medida cautelar de suspensión de la licitación y pretendió -sin ningún derecho legitimo- quedarse con el contrato lícitamente ganado por Publicidad Sarmiento.

Dos tapas de Uno con la "operación".

Empujando las denuncias, los empresarios lograron el procesamiento de los propietarios de Publicidad Sarmiento, y de varios funcionarios encabezados por Macri. Las denuncias fueron tres. En la primera, se acusó a los propietarios de Publicidad Sarmiento de obtener certificados “ideológicamente falsos” de las ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán, para mejorar sus antecedentes frente a la licitación porteña. Después, se acusó a dos comisiones evaluadoras de la licitación, a los dos empresarios y al jefe político de la ciudad y parte de su gabinete, por “connivencia”, con el supuesto objeto de generar un fraude contra la Ciudad de Buenos Aires y beneficiar a Publicidad Sarmiento en la licitación.

En el primero de los casos, el de los supuestos “certificados truchos”, la justicia mendocina entendió que la acusación era falsa, que no hubo delito, y por lo tanto archivó el caso. En Tucumán, donde se tramita una causa similar, no hay otro camino que la misma sentencia, aunque ya devenida en abstracta luego de la segunda evaluación de la licitación, donde estos certificados fueron excluidos como antecedente, por expresa orden judicial. La figura de “falsedad ideológica de documento” careció de tipicidad delictiva, ya que aquellos certificados no podían inducir a error o provocar engaño. En esa segunda evaluación, recordamos, Sarmiento también resultó calificada primera.

El juez porteño Facundo Cubas y el fiscal correspondiente, que entendieron en la causa en Buenos Aires, comprendieron también que no había delito alguno. Cubas había dictado en los casos relacionados a la licitación del mobiliario por lo menos cuatro sobreseimientos a los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, pero otro juez que lo subrogó y en ocasiones la misma cámara que ahora los sobreseyó, dictaron procesamientos. Así, las denuncias se fueron estirando hasta ahora, bloqueando la licitación.

Finalmente, un recurso presentado por los empresarios prosperó. La causa “madre” del mobiliario se había ramificado en diversos expedientes, todos relacionados a la misma licitación. En uno de ellos, conectado íntimamente a los otros (el mismo denunciante, la misma licitación, los mismos hechos, y los mismos acusados), el juez Cubas desestimó las denuncias de la firma Spinazzola siguiendo el criterio del fiscal de la causa, por “inexistencia de delito” y después rechazó las apelaciones y el fallo quedó firme. Por lo tanto, los abogados defensores de los empresarios presentaron un recurso de “excepción de falta de acción por cosa juzgada”, tal su nombre técnico, entendiendo que no se podía seguir juzgando penalmente a los empresarios y a los funcionarios por un mismo hecho.

Los operativos y la persecución

El tratamiento periodístico del caso del Mobiliario Urbano desnudó rápidamente la intención de perjudicar a Publicidad Sarmiento y sus accionistas. En los últimos tres años, los testimonios gráficos indican que hubo cerca de 300 notas periodísticas en este sentido, con contenidos que directamente faltaron a la verdad, falsearon la historia, y buscaron favorecer a intereses que intentaban quedarse con la licitación porteña. Y a su vez y con el mismo énfasis, procuraron desprestigiar, injuriar y descalificar a los accionistas de Publicidad Sarmiento. Esas 300 notas incluyeron casi un centenar de escritos y menciones en el Diario Uno –edición Mendoza- más las reproducidas en los diarios Uno de Santa Fe y Entre Ríos, y en la Capital de Rosario, todos ellos propiedad de Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano; dedicadas a menoscabar a los empresarios Terranova, cuando no a agraviar a miembros de sus familias. Muchas de las notas merecieron grandes titulares de tapa en el impreso de la familia Vila y sus socios. A ello hay que sumar las innumerables menciones, títulos y despliegue en otros medios del grupo como Canal 7 y Radio Nihuil en Mendoza, y el canal América en Buenos Aires. Los ejecutores y comisarios periodísticos de esta política de implantar mentiras y burdas maniobras ante los ojos de la comunidad fueron esencialmente Jaime Correas y Román Lejtman, este último hoy separado del multimedios de manera abrupta, por sus cercanías con Francisco De Narváez.

La nefasta militancia negativa del multimedios Vila-Manzano tuvo la colaboración interesada de medios del Grupo Szpolski. El empresario Sergio Szpolski es propietario de un conglomerado de medios asociado al kirchnerismo: Tiempo Argentino, Revista Veintitrés, El Argentino, CN23, Radio América y Newsweek, entre otros. Todos ellos, auspiciados y sostenidos generosamente por publicidad oficial del gobierno nacional, que fueron puestos al servicio de esta causa para beneficiar a la empresa de Spinanazzola, a Vía Cart, de Daniel Hadad, y a Szpolski, que tenía sus propios intereses en el caso. Otros medios que se sumaron a la campaña fueron la agencia oficial Telam, el portal La Política Online, dirigido por Ignacio Fidanza, ex ejecutor de la versión anterior de “El Guardián”, tan bien conocido en Mendoza, y el portal Noticias Urbanas. Más medios de corte oficialista como los de Hadad (especialmente C5N y Radio 10), y el Diario Z (del sindicalista K Víctor Santa María, jefe del sindicato de porteros), y numerosos blogs pagados por el kirchnerismo, se sumaron a la operación cuyo único fin fue quedarse de manera ilegal con una licitación que Publicidad Sarmiento había ganado de manera lícita y transparente.

Así, luego de casi cuatro años de expedientes y persecución penal y mediática, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió dictar el “sobreseimiento de Eduardo Raúl y Orlando Roberto Terranova, Mauricio Macri, Francisco Cabrera, Juan Pablo Piccardo, Tomás Palastanga, Horacio Daniel Tonelli, Horacio Rodríguez Larreta y Patricio Di Stéfano”, dejando constancia además que la causa “en nada afecta el buen nombre y honor” del que las personas procesadas “gozaren con anterioridad”. Cuatro años después, se terminó de confirmar lo que sostenían los empresarios acusados desde un principio, y la justicia en los pasos en los que los iban sobreseyendo a pesar de los nuevos procesamientos. No hubo delito. Lo que hubo, fue una operación salvaje, económica, mediática, judicial y política, que reconoce muy pocos antecedentes en la Argentina de la democracia.

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22 de agosto de 2017 | 10:46
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