Cavallo: 6 meses de investigación, 60 expedientes estudiados

Algunas de las razones por las que los hermanos Noble Herrera accedieron a extración de sangre para prueba de ADN están respaldadas por la tarea de este abogado y ex juez: Gabriel Cavallo

La dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, ordenó una investigación que demandó seis meses para tomar la decisión, junto a sus hijos adoptivos, de si se presentaban al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), cosa que finalmente consumaron ayer Marcela y Felipe. La pesquisa la encabezó el abogado y ex juez Gabriel Cavallo –abogado de Ernestina–, asesorado por la ex directora del BNDG, Ana María Di Lonardo. Si bien PERFIL lo anticipó en su edición de la semana pasada, ahora se conocieron más detalles. Según pudo saber este diario, la investigación demandó el cotejo de las fechas de adopción de Marcela y Felipe con sesenta expedientes de familiares de desaparecidos.

Hicieron una comparación con familias de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Existe una versión dentro del Grupo que incluso los padres de los chicos no serían argentinos, sino de un país limítrofe, posiblemente de Paraguay. Toda esa información tranquilizó a la propietaria de Clarín. Con Marcela y Felipe analizaron la información durante un mes y resolvieron ceder ante el reclamo judicial y de las querellas de hacerse las muestras en el Banco de Datos Genéticos, como marca la ley que se aprobó durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Esa ley indica que las muestras de ADN de presuntos hijos de desaparecidos se tienen que comparar con las 246 que están en la base del BNDG.

Antecedentes.
 La Cámara de Casación Penal ordenó hace dos semanas confrontar todas las muestras del BNDG con el ADN de los Noble. Pero, sin que nadie se lo pidiera, limitó el cotejo a los familiares de desaparecidos entre mayo y julio de 1976. La Cámara, por lo que interpretaron los abogados querellantes, tomaron por ciertos los datos de la adopción que figuran en el expediente “cuando está totalmente probado que fueron falsificados”, dijo Alan Iud, abogado de Abuelas. Ante esto, las querellas presentaron recursos de apelación para que fueran elevados a la Corte Suprema, la última instancia judicial, porque consideraban que la Casación no estaba capacitada para expedirse sobre los límites de la confrontación.

 Cuando todo parecía indicar que el tema iba a terminar en la Corte, los Noble se ofrecieron voluntariamente a extraerse sangre y saliva en el BNDG y confrontarlos con todos los perfiles genéticos guardados en el Banco. Hasta ahora, les habían extraído sangre y saliva en el Cuerpo Médico Forense. Eso fue el 29 de diciembre de 2009. El 30 de diciembre hubo un allanamiento en la casa de los Noble. El juez Conrado Bergessio fue apartado de la causa por la Cámara Federal y la tomó Arroyo Salgado. La magistrada ordenó otro allanamiento, pero las prendas que allí obtuvo estaban “contaminadas” por más de un ADN.

Para las querellas, el análisis se tenía que hacer sí o sí en el BNDG y contra todas las pruebas, porque así lo marca la ley que fue aprobada durante la administración de Cristina Kirchner. También, que las muestras quedaran a resguardo por si hay que hacer alguna confrontación en el futuro. Sólo falta, ahora, la resolución de Arroyo Salgado. Fuentes judiciales aseguran que esa determinación no demorará más de una semana. Con lo cual, el resultado podría estar en un mes.

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