Investigan al director de la Anses por no pagar juicios

La Justicia ordenó, en un fallo de segunda instancia de la Cámara en lo Criminal y Correccional, que se investigue la responsabilidad penal del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, y del gerente de Atención de Reclamos Prestacionales, Juan Pablo Pantorotto, por el incumplimiento en el pago de una sentencia favorable a un jubilado, tras una intimación hecha por los jueces del fuero de la seguridad social.

La Justicia ordenó, en un fallo de segunda instancia de la Cámara en lo Criminal y Correccional, que se investigue la responsabilidad penal del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, y del gerente de Atención de Reclamos Prestacionales, Juan Pablo Pantorotto, por el incumplimiento en el pago de una sentencia favorable a un jubilado, tras una intimación hecha por los jueces del fuero de la seguridad social.

La resolución se dicta en un año en que el organismo muestra un ritmo bajo de liquidación de fallos, mientras que son cada vez más los emitidos cada mes por los jueces. Según cifras de la Anses, en los primeros cinco meses del año se liquidaron sólo 3755 sentencias, menos de la mitad de las liquidadas en igual período de 2010, cuando hubo 8559 casos. La explicación oficial es que en marzo se suspendieron los pagos, para poder reordenar el sistema y establecer un nuevo esquema de prioridades (ver aparte).

En abril y mayo la liquidación se reanudó, pero a ritmo lento: en los dos meses hubo 540 casos. Según lo que se había previsto en el proyecto de presupuesto, para todo el año habría partidas para pagar 20.000 sentencias. Pero para llegar a esa cifra debería triplicarse desde junio el promedio mensual de liquidaciones.

Mientras ello ocurre, en los últimos días de abril, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal emitió un fallo en el que ordenó avanzar con una investigación referida a la responsabilidad de Bossio y Pantorotto.

La acusación es por "presunta desobediencia", dado que, tras una intimación judicial, no se habría cumplido el pago de un fallo. La demanda fue realizada por el jubilado Carlos Alberto González Bethencourt, que inició un litigio por ejecución de sentencia.

Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah decidieron revocar la resolución de un juez de primera instancia, que había dictado el sobreseimiento para los funcionarios por entender que no existía dolo en sus actuaciones.

Sin argumento válido
Los camaristas consideraron que no puede ser un argumento válido -para dejar de lado la investigación- el hecho de que las tardanzas en la liquidación de juicios sean "una práctica repetida".

"La habitualidad con que la Anses demora el cumplimiento de sentencias dictadas por jueces de la Nación no puede erguirse como argumento válido", para evitar que se intente determinar la intencionalidad en el hecho de no pagar lo ordenado.

El escrito judicial le encomienda al juez de primera instancia "que avance hacia el debido esclarecimiento de los hechos denunciados".

El juicio tramitado en el fuero de la seguridad social que dio origen a la denuncia penal contra Bossio es una causa iniciada en 2003 que pedía la ejecución de una sentencia dictada en 1994 sobre movilidad de haberes (más allá de ese juicio, González Bethencourt luego inició otras demandas).

El escrito de los jueces camaristas en lo Criminal y Correccional menciona que en la causa en cuestión se embargaron cuentas bancarias de la Anses para procurar el pago de lo ordenado en la sentencia. Y recuerda que "tal decisión fue tomada como consecuencia de los reiterados incumplimientos de los plazos de las intimaciones cursadas". Tras referirse a ese punto, el fallo aclara que el hecho de que el pago al litigante haya quedado o no garantizado no es el objeto de la investigación requerida, que está vinculada con la responsabilidad por las demoras.

Si bien la causa en cuestión es por la actualización del haber correspondiente a un período de hace dos décadas, lo cierto es que la litigiosidad contra la Anses se incrementó considerablemente en los últimos años, alcanzándose en 2009 un nivel récord de demandas iniciadas.

Según las estadísticas más recientes de la Cámara de la Seguridad Social, entre febrero y abril de este año ingresaron 25.685 nuevas causas, en tanto que los jueces de primera instancia emitieron 8659 fallos, a razón de 2886 por mes (cifra récord).

Una de las razones por las que se elevó fuertemente la litigiosidad es la falta o insuficiencia de una actualización de los haberes mensuales de cientos de miles de jubilados entre 2002 y 2006. En esa etapa la inflación produjo un fuerte recorte en el valor real de las jubilaciones, que en algunos casos llegó a más del 50 por ciento. En 2007, en la causa promovida por el jubilado Adolfo Badaro, la Corte Suprema determinó que, en esos años, los ingresos de todos debieron haberse ajustado según la evolución de los salarios activos.

3755 Sentencias

Es el número de causas liquidadas entre enero y mayo de este año; en igual período de 2010 habían sido 8559.

25.685 Nuevos juicios

Son las causas iniciadas entre febrero y abril de este año en el fuero de la Seguridad Social.

8659 Fallos emitidos

Son los escritos firmados por jueces de primera instancia en lo que va del año; es una cifra récord.

NUEVAS PRIORIDADES PARA DEFINIR LOS PAGOS
En abril pasado, luego de haber mantenido durante un mes suspendida la liquidación de sentencias, la Anses informó que había dispuesto un nuevo esquema de clasificación de expedientes para fijar prioridades en los pagos. Así, se determinó que serían privilegiados quienes tienen haberes mensuales menores o iguales a los 2000 pesos y también los mayores de 90 años de edad. En rigor, el mecanismo define cuatro rangos, tanto de nivel de ingresos como de edades, para ubicar a los jubilados en el listado de pagos. Pero además de esas dos variables también se tiene en cuenta la cantidad de días de antigüedad de los expedientes.
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