Comenzó en San Rafael el primer juicio por “trata de personas” en Mendoza

Ayer por la mañana en el Juzgado Federal empezó el primer debate de estas características de la provincia de Mendoza. El tribunal está integrado por los mismos magistrados del juicio por delitos de lesa humanidad que se desempeñaron el año pasado.

Tribunal Oral Federal Número 1 de Mendoza, integrado por Jorge Roberto Burad, Héctor Cortez y Julio Nacif, y presidido por éste último, será el encargado de enjuiciar a Nélida Florentina Carrizo, Pedro Antonio Alcalde, Elia Roxana Alcalde y Omar Reynaldo Barrera (encargado de buscar chicas en el Norte del país), que regenteaban el cabaret “Flash Dance” que funcionaba en Adolfo Calle al 3700.

Todo surgió de una llamada telefónica anónima que se hiciera en 2009 al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en la que se habría señalado que allí se obligaba a mujeres de otras provincias –e incluso habría una colombiana- a mantener sexo por dinero, lo que constituye el delito de “trata de personas”, bajo la ley 26.364 que en su artículo 2 señala “…se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”.

En Flash Dance se hicieron dos inspecciones por parte de Policía Federal Argentina. En la primera no se detectó delito alguno ya que las prostitutas habían manifestado estar allí bajo su responsabilidad y consentimiento. Pero teniendo en cuenta que chicas de otros lugares del país ejercían el “oficio” en San Rafael traídas por Omar Barrera, se procedió a realizar un segundo allanamiento, esta vez con personal de la División Trata de Personas de la misma fuerza, que constató que el prostíbulo tenía mujeres que eran objeto de trato abusivo y degradante, por lo que se clausuró el local y se detuvo a los regentes. En el expediente consta que "los presuntos responsables habrían retenido nueve documentos de identidad de supuestas víctimas que fueron secuestrados en el citado local comercial".

Esta mañana fue la primera jornada de debate. En ella declaró Nélida Carrizo, quien desde un principio aseguró que “todas las chicas estaban allí bajo su consentimiento”.

Vale aclarar que por este delito, las penas van de 4 a 10 años de prisión.
Opiniones (1)
17 de octubre de 2017 | 18:25
2
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17 de octubre de 2017 | 18:25
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  1. nooo con la Tía nely nooo....jajajaja (solo para entendidos)
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