Oposición acusa al Gobierno por la mafia de remedios

El escándalo de la denominada "mafia de los medicamentos" que investiga la Justicia se instaló ayer en el Senado, donde la oposición denunció a los gremios de llevar a cabo prácticas carentes de transparencia con las obras sociales y acusó al Poder Ejecutivo de permitirlas. Según los legisladores opositores, esas maniobras ocurren por la relajación de los controles sobre la APE, organismo que está en manos de hombres del jefe de la CGT

El escándalo de la denominada "mafia de los medicamentos" que investiga la Justicia se instaló ayer en el Senado, donde la oposición denunció a los gremios de llevar a cabo prácticas carentes de transparencia con las obras sociales y acusó al Poder Ejecutivo de permitirlas.

Según los legisladores opositores, esas maniobras ocurren por la relajación de los controles sobre la Administradora de Prestaciones Especiales (APE), organismo que está bajo la tutela de hombres de directa relación con el jefe de la CGT, Hugo Moyano.

En ese sentido, el radical José Cano (Tucumán) comparó la disputa de Moyano con la presidenta Cristina Kirchner por los fondos que la Nación les adeuda a las obras sociales con los combates del programa Titanes en el Ring . "Parece que se pegan, pero no se pegan nada, porque Moyano sigue manejando la APE", afirmó el legislador.

La Justicia investiga a varias obras sociales sindicales por irregularidades con aportes del Estado en tratamientos de alta complejidad; una de ellas es la de los bancarios, cuyo jefe, Juan José Zanola, está preso por esa causa- y la de Camioneros. El motivo del debate fue un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que encontró graves irregularidades entre los años 2002 y 2005 y que, después de varios años y de las negativas del kirchnerismo a discutirlo en ambas cámaras legislativas, llegó ayer al recinto del Senado.

Más aún, Cano aseguró que fue con la administración kirchnerista que se instaló el sistema de "subrogancias", mediante el cual las obras sociales vieron facilitada la posibilidad de contratar servicios con farmacéuticas cautivas. "Así se llegó al trato de exclusividad con la droguería San Javier o la Urbana, que tiene exclusividad con Camioneros, que están denunciadas ante la Justicia por los troqueles y pacientes truchos y la sobrefacturación", dijo Cano.

El oficialismo rechazó los términos del dictamen opositor descalificando su contenido y puso el acento en el tiempo transcurrido con relación al período analizado. "El informe no es cierto, no es actual, es vetusto, está superado", sentenció el kirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz).

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro) intentó licuar la responsabilidad del Poder Ejecutivo, destacando que el período analizado por la AGN, además de la primera mitad de la administración de Néstor Kirchner, también comprende "parte de la catástrofe del gobierno de De la Rúa [Fernando] y el gobierno del doctor Duhalde [Eduardo]".

Sin embargo, para el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), a pesar del paso de los años el informe de la Auditoría "presenta una matriz de falta de control y de rendición de cuentas que muestra una falta de transparencia en el manejo de estos fondos". En ese sentido, destacó algunos de los puntos salientes del trabajo realizado por la Auditoría, como los sobreprecios pagados en las monodosis de vacunas antigripales. "La APE pagó $ 24 por cada una, cuando en el mercado costaban $ 12 cada una", destacó. El tucumano Cano agregó que, en el mismo período, el PAMI había pagado "tres veces menos" por las mismas vacunas.

Morales también denunció la "presentación de fotocopias de troqueles" y la "compraventa" de esos documentos "para luego producir la rendición de cuentas" por los medicamentos supuestamente utilizados.

Además, dijo que la AGN ya denunciaba en 2005 la conversión de reintegros en subsidios, lo que les permitía a las obras sociales eludir la debida rendición de cuentas de esos fondos. "Personal de Sanidad adeudaría $ 240.000 en reintegros convertidos en subsidios; Osecac, $ 73.000, y la Unión Ferroviaria, unos $ 220.000", afirmó.

Desde el Peronismo Federal, el salteño Juan Carlos Romero cargó sus dardos contra los gremios y la connivencia del Poder Ejecutivo en la falta de control de su manejo de la APE. "Este sistema no hubiera sido tan malo si no hubiera sido entregado a los sindicalistas y si no se hubieran dejado crecer los problemas que tiene el sistema de obras sociales", afirmó. Esto motivó la respuesta de Pichetto, quien dijo que no pensaba "hacer defensas corporativas políticas" de los sindicalistas complicados en la causa, pero se quejó porque "hay senadores que hablan como si nunca hubieran sido peronistas".

"Antes no había ningún tipo de control de estos fondos", aseguró el jefe de la bancada kirchnerista, quien reivindicó el nombramiento de Juan Rinaldi y el "intento de regulación que se hizo durante su intervención" en la Superintendencia de Salud. Sin embargo, el ex funcionario fue procesado por el juez Norberto Oyarbide en febrero, acusado de "falta de control sobre las obras sociales".

Por su parte, el ultrakirchnerista Fernández aprovechó la oportunidad para cuestionar el trabajo de la Auditoría, tal como lo hizo el kirchnerismo desde que llegó al poder. "Mandaron este informe a la Justicia a la mitad de su trámite administrativo; eso es como mandar a los imputados al pelotón de fusilamiento", se quejó. La oposición quería que, además de la Justicia, como ya lo hizo el titular de la AGN, Leandro Despouy, las actuaciones fueran enviadas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción, lo cual fue rechazado por el oficialismo.

(fuente: www.lanacion.com.ar)
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