Injerencia en las empresas,  por decreto

El Gobierno resolvió ampliar su injerencia en 32 empresas privadas en las que ya tenía una participación accionaria, que heredó luego de la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). De esta manera, podrá nombrar más directores y tener un mayor peso a la hora de tomar decisiones corporativas. Amado Boudou, anunció ayer la firma del decreto 441, que dispone la eliminación de un límite que tenía la Anses para ejercer sus derechos accionarios

El Gobierno resolvió ampliar su injerencia en 32 empresas privadas en las que ya tenía una participación accionaria, que heredó luego de la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). De esta manera, podrá nombrar más directores y tener un mayor peso a la hora de tomar decisiones corporativas.

El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer la firma del decreto 441 (cuya publicación en el Boletín Oficial está prevista para hoy), que dispone la eliminación de un límite que tenía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para ejercer sus derechos accionarios en esas compañías.

La ley que regía la actividad de las administradoras privadas de fondos de jubilación les impedía acumular más del 5 por ciento de acciones de una misma compañía. Hace dos años, cuando las tenencias de las AFJP pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el organismo estatal se encontró con que al sumar las acciones que estaban en poder de varias administradoras se superaba ese límite en varios casos.

Muchas empresas argumentaron que para la Anses seguía rigiendo ese límite. No obstante, el Estado logró el acuerdo de varias compañías para nombrar directores, pese a que el 5% nominal no alcanzaba por sí solo para imponer un nombre propio en la conducción. "Fue una experiencia que durante más de un año funcionó exitosamente en los casos de, por ejemplo, Telecom, Pampa Holding, Banco Macro, Gas Cuyana, Consultatio o Aluar", dijo el ministro ayer, en diálogo con la prensa.

Sin embargo, ahora el Gobierno quiere ejercer sus representación completa, sin necesidad de acordar los nombres de los directores con los accionistas privados. Con la nueva normativa, el Gobierno tendrá el 30,9% de los votos del Banco Macro, el 27% en la citrícola San Miguel; el 26,6% en Gas Natural BAN; similar porcentaje en Consultatio (de Eduardo Costantini), y 26,4% en Edenor.

Un caso particular es lo que ocurre con Pampa Energía. El Estado posee 22,5% de las acciones y el principal controlante privado (el grupo encabezado por Marcelo Mindlin) sólo llega al 20 por ciento. No obstante, fuentes del sector privado aclararon que eso no necesariamente significa que el Gobierno podrá nombrar al CEO de esa compañía, ya que depende de qué tipo de acciones están en poder de la Anses.

Boudou justificó el cambio de normativa en el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría con las AFJP, la acumulación de acciones en manos del Estado no representa un conflicto de intereses. "El Estado va a poder ejercer todos los derechos políticos para designar directores según la proporcionalidad que tiene en cada una de las firmas", anticipó. Entre las 32 firmas donde el Estado tendrá mayor intervención figuran también dos grupos que, aunque hasta 2008 tuvieron muy buena relación con el Gobierno, en los últimos dos años protagonizaron varios roces. Así, el FGS del organismo que dirige Diego Bossio posee un 26% de Siderar, la siderúrgica del grupo Techint, además del 9% del Grupo Clarín. También participa con el 20% de Molinos Río de la Plata, la aceitera que fue suspendida por la AFIP del registro de exportadores.

Justamente, en los últimos días se conoció que el Gobierno propuso como director en Siderar a Axel Kicillof, un economista ligado a la agrupación kirchnerista La Cámpora. En 2009, el Gobierno y Techint debieron negociar y el nombre de Aldo Ferrer fue la fórmula de consenso que encontraron para que fuera aceptable por ambas partes. Con la nueva normativa, el Gobierno ya no deberá negociar en caso de que el grupo que comanda Paolo Rocca se oponga al nombramiento de Kicillof. El viernes la ley de estatización de las AFJP con la condición de que el sector público no gozaría de una representación superior al 5 por ciento. El límite se justifica en que, cuando se crearon esas administradoras, se estableció que sólo podían tener más que el 5 por ciento de una compañía de manera transitoria. La Anses heredó esa restricción. El motivo es que esas acciones no constituyen una inversión en una actividad económica, sino una garantía para los activos jubilatorios de los trabajadores. El criterio del legislador fue que ni las AFJP ni la Anses debían inmiscuirse en la estrategia de las empresas cuya propiedad compartían. Esa regla se rompió ayer.

¿Hay que recordar que, para la señora de Kirchner, Techint participa de una conjura opositora? La novedad es que la inercia del hostigamiento a esa empresa está derivando en un intervencionismo más radical. Habrá que esperar, entonces, otras noticias de la misma familia: la Anses controla, por ejemplo, el 9% del grupo Clarín.

La Cámpora es ideal para colorear esta "profundización del modelo" con un folklore combativo: de sus filas sacó la Anses a sus directores en Aluar -Iván Heyn-y en Telecom -Norberto Berner-. Boudou acompaña esta expansión con su propia metamorfosis: antiguo seguidor de los Alsogaray, acaba de ser designado "hijo simbólico" por Hebe de Bonafini.

El decreto anunciado ayer hace juego con otras pulsiones estatizantes del Gobierno. Las manipulaciones de Guillermo Moreno sobre el comercio exterior, cada vez menos superavitario, siembran el temor a una nueva junta de granos. Pero no siempre el afán socializante tiene las motivaciones que agradan a Kicillof.

Otro transfigurado, Roberto Dromi, quien de privatizar para Carlos Menem pasó a asesorar a Julio De Vido, declaró a la revista Noticias: "Repsol está en problemas y, si hay que ayudarla, el momento es ahora. El Estado debería comprarle las acciones en YPF". La "ayuda" estaría envuelta, eso sí, en las banderas nacionalistas de La Cámpora.

Se puede adivinar el punto de fuga de este cuadro, si la Presidenta consigue la reelección: Diana Conti confirmó en su momento el plan de una reforma constitucional revelado porLa Nación. En este clima de ideas, es impensable que los derechos de propiedad queden fuera del debate.

Hay sectores sociales y económicos que describen esta pérdida de inhibiciones del Gobierno frente a la esfera privada como una tentación chavista. Tal vez, la metáfora esté resultando ociosa y se trate de kirchnerismo, a secas.

(fuente: www.lanacion.com.ar)
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19 de agosto de 2017 | 06:49
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