Ex embajadora de Suiza: "Yo no hice nada"

Acusada por medios paraoficiales de haber intervenido en el exhorto judicial suizo, Del Ponte da su primer reportaje y lo desmiente: “La fantasía de la prensa es increíble”. Ha finalizado tras tres años como embajadora de Suiza en Argentina, donde se desarrollan los juicios contra ex miembros de las Fuerzas Armadas imputados por crímenes de lesa humanidad, un tema en el que cooperó con el juez español Baltasar Garzón

—Usted ha sido señalada por algunos medios de prensa como instigadora o partícipe encubierta en el envío de Suiza a la Argentina de un exhorto sobre una investigación penal por presunto blanqueo de dinero con relación a una cuenta bancaria en Ginebra, perteneciente a personas vinculadas con Hugo Moyano, secretario general de la CGT. ¿Qué responde a esa acusación?

—No tengo nada que ver. La fantasía de la prensa argentina es increíble. Me fui de Argentina a fin de febrero, principios de marzo... Esa comisión rogatoria llegó a fin de enero. La prensa pensó que fui yo, pero no... Yo no conocía la comisión rogatoria, ella pasa por el canal usual. No tuve nada de ver.

—Se ha publicado que usted organizó esa operación en complicidad con la actual procuradora general de Suiza, Antonella Bino...

—No conozco a Antonella Bino y escriben en la prensa argentina que ella trabajó conmigo. No es cierto. No conocía que había una investigación penal, ni que fue abierto un procedimiento. No hice nada y no hablé con nadie.

—¿Fue el banco el que denunció esa cuenta, por la obligación que tienen las entidades bancarias de denunciar las cuentas sospechosas desde 1998, cuando se promulgó en Suiza la ley antiblanqueo?

—Sí. Ese sistema se conoce también en Argentina, que tiene la misma institución que en Suiza. Es una institución de vigilancia de flujos financieros que, cuando hay dudas en operaciones financieras, tiene la obligación de denunciar. En Argentina existe eso también, no solamente en Suiza. Pero, naturalmente, la Argentina está en campaña política porque en octubre habrá la elección de un nuevo presidente y ahora todo es político...

—A raíz de este escándalo hay gente que piensa que Suiza no tiene autoridad moral para investigar una cuenta de argentinos porque ustedes siguen protegiendo el dinero sucio de los dictadores.

—De una vez por todas hay que reconocer a Suiza, que tiene un instrumento legal contra el blanqueo de dinero que es uno de los mejores del mundo. Hay que terminar de atacar a Suiza y a los bancos suizos. No es así. La legislación es muy buena. En 1989 fuimos una de las primeras naciones que tomamos la iniciativa. Teníamos el problema del blanqueo del dinero de la droga, la “Pizza conexion”. Ahora Suiza puede bloquear el dinero de los dictadores antes que exista un procedimiento penal y eso es verdaderamente fantástico, y hablo como ex procuradora de Suiza.

—¿Vuestro arsenal legal para esa lucha es completo?

—Estimo que tenemos todos los instrumentos necesarios. Hay que aplicarlos porque a veces se tiene la ley y no se la aplica. La Convención del Genocidio es de 1948 y se la aplicó en 1992 o 1993 en Ruanda... No digo que dentro de unos años no haya que mejorar, pero estamos bien equipados desde el punto de vista de la legislación en Suiza.

—¿Cooperan los bancos con la Justicia? En el año 2001 denunciaron las cuentas de Carlos Menem y Ramón Hernández y ahora la de Ricardo Rubén Depresbíteris, titular de Covelia, y de su mujer, Elvira Marcela Mete. Hay casi 900 denuncias por año...

—Los bancos cooperan porque no necesitan del dinero sucio. Tienen suficiente del buen dinero. No tienen ninguna razón de oscurecer su reputación con el dinero sucio, no tienen necesidad.

—­Viene de finalizar tres años como embajadora de Suiza en Argentina, donde se desarrollan los juicios contra ex miembros de las Fuerzas Armadas imputados por crímenes de lesa humanidad, un tema en el que usted cooperó con el juez español Baltasar Garzón, identificando cuentas bancarias de militares implicados en la represión cuando era procuradora general de la Confederación Helvética (1994-1999) y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impedían enjuiciar a esas personas. ¿Qué impresión trae de la Argentina?

—Estuve como embajadora y tenía prohibido ocuparme de lo vinculado a mis anteriores actividades. Fui prudente. Mantuve contacto con el jefe del departamento gubernamental de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y seguí los procesos pero por la prensa. Tuve contactos con procuradores. La jefa de los procuradores de la Provincia de Buenos Aires organizó un encuentro con todos los procuradores sobre informática. Mi sentimiento es que la Argentina está haciendo esos procesos. Van lentos, pero se hacen. No creo que haya obstáculos políticos o de otro tipo. El actual gobierno quiere que esa etapa de la vida de la Argentina sea una página que se pueda pasar. Pero sólo se podrá pasar esa página si se hacen los procesos. Eso tiene un gran apoyo del gobierno actual. Soy bastante positiva.

—¿La Argentina de hoy satisface sus aspiraciones de cuando colaboraba con el juez Garzón y no se podía juzgar a la dictadura?

—Sí. Se lo ve. Cambió. Desde el gobierno del señor Néstor Kirchner. Y eso continúa, estoy segura. Es un país que avanzó mucho en el respeto de los derechos humanos. Los procesos de crímenes de lesa humanidad de la época pasan ante la Justicia.


Nueva misión. Tras su paréntesis como embajadora de Suiza en Argentina, Carla del Ponte no quiere retirarse de la escena internacional y se ofrece para finalizar el capítulo inconcluso de sus investigaciones como procuradora del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY): el comercio de órganos de víctimas serbias aparentemente cometido en los años 90 por los rebeldes del Ejército de Liberación de Kosovo. Su líder, Hashim Thaci, actualmente primer ministro del Estado autoproclamado de Kosovo en 2008, fue acusado en enero pasado por Dick Marty, relator para los Derechos Humanos en el Consejo de Europa, de haber comandado una red mafiosa que asesinó prisioneros serbios y vendió luego sus órganos utilizando granjas y casas vacías de Kosovo y Albania durante el conflicto en los Balcanes.

—¿En qué condiciones aceptaría un mandato para retomar las investigaciones inacabadas sobre los crímenes en Kosovo?

—Di mi disponibilidad porque empecé esa investigación y no pude terminarla. Con el informe de Dick Marty se ha confirmado que teniamos razón en hacer esas investigaciones. Entonces me dije que ahora que estoy jubilada desde hace unas semanas yo podría hacerlo porque tengo energías. ¿Cómo? Estimo que me debería mandatar una institución que pueda, por sobre todo, proteger a los testigos. El programa de protección de testigos es indispensable y debe ser muy estricto. En eso tengo mucha experiencia. Además necesito jurisdicción, es decir, poder investigar en otros países, porque me acuerdo que teníamos indicios concretos de una fosa común en Albania y no pudimos entrar en Albania en aquella época. ¿Quién puede dar esos poderes? O bien el Consejo de Seguridad de la ONU o la Unión Europea, o en realidad los dos. Están discutiendo y todavía no han decidido. Mantengo mi candidatura...

—La Unión Europea no puede obligar a Albania y a Kosovo dejarla entrar.

—Por eso lo mejor sería el Consejo de Seguridad...


*Desde Suiza.

Juan Gasparini para www.perfil.com
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