Justicia investiga a un secretario de CFK

Isidro Bounine, el secretario privado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue en la mira de la Justicia que ordenó peritar sus bienes en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El patrimonio del asistente de Cristina, que apenas tiene 31 años, creció un 5.435 por ciento desde que asumió en su cargo en 2005. Cuando ingresó al Gobierno para asistir al ex presidente Néstor Kirchner declaró tener sólo $ 15.000 en efectivo

Isidro Bounine, el secretario privado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue en la mira de la Justicia que ordenó peritar sus bienes en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El patrimonio del asistente de Cristina, que apenas tiene 31 años, creció un 5.435 por ciento desde que asumió en su cargo en 2005. Cuando ingresó al Gobierno para asistir al ex presidente Néstor Kirchner declaró tener sólo $ 15.000 en efectivo,  mientras que en 2008, ya como sombra de la actual presidenta, dijo poseer $ 830.254, según reveló una investigación de la revista Noticias que detonó la denuncia.

Según informa hoy La Nación, el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, decidió que en los próximos días el cuerpo de peritos de la Corte Suprema indague en las declaraciones patrimoniales de Bounine para ver si le "cierran los números". El diario asegura que el propio abogado defensor de Isidro Bounine, Carlos Arslanian, solicitó que se realizara el peritaje.

Bounine, quien suele tipearle los mensajes de Twitter a Cristina, es apenas uno de los secretarios K investigados por "llamativos" aumentos patrimoniales. Daniel Álvarez, que renunció y hoy pugna por la intendencia de Río Gallegos, cuya fortuna había crecido 50 veces, ya fue sobreseído por Bonadio, mientras que Fabián Gutiérrez -quien también dejó su cargo- y Héctor Muñoz.

A la hora de explicar sus fortunas, los secretarios K dieron algunas respuestas insólitas. Bounine sólo que tenía dar cuenta de ingresos por 120 mil pesos pero, según Clarín, sostuvo que el monto era el que recibía por alquilar una casa prefabricada que construyó sobre un terreno fiscal en Río Gallegos.

 
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