Como llegaron los miembros de la Corte provincial

El gobernador Celso Jaque propuso a su ministro Mario Adaro para integrar la Corte. Alguna polémica se armó alrededor de sus antecedentes jurídicos. Pero he aquí una reflexión: ¿de dónde nacen los jueces si no de la política?

La postulación de Mario Adaro para ingresar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza como uno de sus miembros generó reacciones encontradas.

Una de ellas, es la satisfacción por cumplir con el requisito de contar con un cuerpo pleno, con todos sus miembros en actividad, luego de la renuncia de Aída Kemelmajer de Carlucci.

Otra respuesta fue, precisamente, la crítica despiadada por no poder exhibir los mismos laureles que su antecesora atesora y exhibe en le país y fuera de él.

Pero se parte de una premisa equivocada, cual es creer que la Corte debe elegirse por concurso. Puede ser ésta una opinión, pero no es ni lo usual ni lo que la Constitución dice, por lo cual postular a Adaro o a cualquier otra persona que cumpla con los requisitos básicos no está mal. En este caso puntual, la especialidad jurídica del propuesto –el derecho laboral- viene a cubrir un vacío en la actual composición del alto tribunal.

El actual presidente del Cuerpo, Alejandro Pérez Hualde llegó por sus méritos jurídicos desarrollados a nivel académico y en su estudio privado, fundado por su padre, el reconocido ex ministro de Eduación de la Nación entre 1969 y 1970 Dardo Pérez Guilhou. No hubiese llegado a su puesto si Julio Cobos no lo hubiese propuesto y contrapuesto, además, a quien impulsaba Roberto Iglesias para ese cargo, el ex ministro Leopoldo Orquín. Hubo una gran batalla política detrás de escena y ganó el gobernador.

Jorge Nanclares también fue propuesto para el cargo por el radicalismo, aunque acreditaba méritos suficientes cultivados en su larga carrera como asesor del gobierno provincial en temas jurídicos. Allí llegó a instancias de un tío que fue ministro de Finanzas del ex gobernador Alberto Martínez Baca. Su buena performance hizo que quedara en planta y permaneciera como un abogado más en la Dirección de Municipalidades del Ministerio de Gobierno durante la dictadura. De esa oficina lo rescató en 1983 el intendente Leopoldo Orquín y lo designó director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Guaymallén.

Carlos Böhm es el último peronista que ingresó a la Corte. Su hijo, el actual Secretario de Turismo y ex ministro de Obras Públicas, Luis, es ahijado de Arturo Lafalla quien, durante su período como gobernador, lo impulsó al actual puesto en la justicia. Lafalla reconoció en la familia Böhm no sólo a un abogado confiable, sino a quienes le abrieron las puertas de su casa cuando, siendo joven, llegó desde San Rafael para estudiar en la Ciudad. Lafalla es compadre de Böhm.

Herman Salvini es radical. Aquí empiezan a tallar el “efecto San Martín” con el que se movió el ex gobernador Santiago Felipe Llaver, su impulsor para el cargo. Es que la Corte se vio atravesada por la territorialidad sanmartiniana de sus miembros en algún momento. El ministro de Gobierno de Llaver fue León Víctor Chade, oriundo del mismo municipio, igual que Adaro. Allí Salvini hizo casi toda su carrera judicial en la que fue defensor de pobres y ausentes, juez correccional y Camarista del Crimen.

Aída Kemelmajer de Carlucci ingresó a la Corte con 38 años, 3 menos que el “joven” Adaro. “Ya pintaba bien”, alegan quienes vivieron aquel momento en el que Llaver, muy amigo de su padre Miguel, el mueblero de San Martín, la propuso para el tribunal. Con el tiempo, Kemelmajer fue tallando su nombre como una figura reconocida a nivel nacional e internacional y en algún momento estuvo a punto de integrar la Corte Suprema de la Nación. La política que había decidido proponerla, también se sintió influenciada a la hora de no concretar esa propuesta y el país se perdió la oportunidad.

Fernando Romano llegó como –podría decirse- “representante de la corporación judicial”. Como Salvini, hizo carrera en ese poder del estado. Pero en su caso se le reconoce haber pasado por toda la escala, desde el menor puesto hasta el máximo. Obviamente –y a pesar del supuesto peso de estos antecedentes- llegó propuesto por la política, el mecanismo correcto para arribar al puesto.

Un caso polémico en su momento fue la designación de Pedro Llorente. El sanrafaelino fue senador radical y cuando el vicegobernador José Genoud fue elegido para representar a Mendoza en el Senado de la Nación, pasó a remplazarlo, como Presidente Provisional del Senado que era. Durante ese período, el Senado a su cargo impulsó el acuerdo para sí mismo y para otros tres: Farrugia, Sánchez y Luque, para diversos cargos que requerían acuerdo legislativo. Él y Farruggia obtuvieron bolillas blancas. Este último, para presidir el Tribunal de Cuentas.

Rodolfo González es el Procurador de la Corte. Virtualmente, “el octavo miembro” del Tribunal. Tiene a su cargo las fiscalías. Fue presidente de la Liga Mendocina de Fútbol –tras ser consejero por Independiente Rivadavia- y es un reconocido dirigente justicialista. Fue subsecretario de Gobierno de la provincia durante el gobierno de José Octavio Bordón, pero fue Rodolfo Gabrielli quien lo propuso y acercó hasta su puesto actual en 1992.

Pero si hay un caso de lealtad a la política, ese lo representa Alfredo Porras. No hace mucho le tocó declarar en los juicios por la desaparición de militantes de la JP en San Rafael. Fue ministro de la Corte y Rodolfo Gabrielli lo requirió para la función pública. Pegó el salto de un poder a otro y, al cruzar la calle Virgen del Carmen de Cuyo se transformó en su ministro de Gobierno, cargo que ejerció entre 1991 y 1995.

El archivo da cuenta de cosas que la inmediatez no permite analizar. El desconocimiento alienta, además, los rumores que son unas veces maliciosos y otras ingenuos.

Como los niños, los jueces no nacen de un repollo sino de un proceso, con una larga gestación y con dolores de parto. Ni los que integran la Corte ni los otros. Ningún miembro de la Magistratura se salva de pasar por el filtro político para ingresar y salen cuando un jury integrado por legisladores elegidos por el pueblo así lo determinan, en función de antecedentes que están bajo su análisis, en uno y otro caso.

Decidir la composición de la Corte no es un acto jurídico, sino político. Y esto es así no sólo porque las leyes y los códigos cambian con el tiempo, sino porque la propia realidad es cambiante. Si no lo fuera, la tarea del máximo tribunal se resumiría a una gran computadora que reúne fallos y los emite cuando resulte necesario, en una tarea matemática.
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