Las misteriosas muertes en el mundo sindical, aún no resueltas

Cuál es el estado de las causas judiciales. Los "robos" en donde no se llevaron nada y los suicidios dudosos. El caso de la esposa de Pablo Moyano

En enero, la muerte de Roberto Roger Rodríguez, presidente de la Obra Social del Personal de Maestranza, se sumó a una larga lista de misteriosas muertes en el oscuro mundo del sindicalismo. Ajustes de cuentas, suicidios misteriosos o peleas por cuestiones de poder; más allá de las primeras hipótesis, los casos esperan por una resolución de la Justicia.

La información no fue fácil de rastrear, en parte por el secreto del sumario imperante en algunas causas, o bien por la simple voluntad de los fiscales o jueces a cargo que no brindan información a la prensa. Cuando este medio se comunicó con los allegados cercanos, abogados, o familiares de los sindicalistas fallecidos, las respuestas fueron asimismo en extremo escuetas o evasivas.

Eduardo Miguel Orellana era el Secretario General de la sección La Matanza de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA). Fue asesinado el 1º de octubre de 2007 con dos balazos en su cabeza. El fiscal Horacio Vázquez de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Morón explicó a Perfil.com que la causa por "homicidio calificado" fue elevada a juicio oral.

No obstante, el fiscal señaló que los procesados Marcelo Gutiérrez, Gastón Ariel Flores y Oscar Damián Acosta, serán enjuiciados en calidad de "autores materiales". "Aún queda una persona prófuga y además se sigue investigando los autores intelectuales", añadió Vázquez.

Abel Beroiz, tesorero de Camioneros, representa otro caso emblemático. El 27 de noviembre de 2007, lo apuñalaron y le dispararon en un estacionamiento de Rosario. Era un hombre de confianza de Hugo Moyano. El expediente está en marcha. El juez penal a cargo de la causa, Carlos Carbone, solicitó hace semanas información sobre un taxista que habría transportado a los presuntos asesinos. El juez le solicitó al testigo que preste "declaración testimonial".

Carlos Martín, dirigente de Camioneros de la Provincia de Mendoza, fue asesinado el 27 de enero de 2009 tras recibir dos balazos mientras miraba televisión en su casa de Guaymallén. El fiscal inicial de la causa, Juan Ticheli, comentó que si bien la causa expresa que el motivo pudo haber sido un "robo", siempre se tuvo "en cuenta la hipótesis del ajuste de cuentas". En la fiscalía que lleva la causa en la actualidad no quisieron brindar mayores detalles sobre el progreso del expediente.

Otro supuesto asalto fue el marco en el que ocurrió el asesinato de Jorge Andrade, tesorero del Sindicato Marítimo de Pescadores de Mar del Plata. El sindicalista fue baleado en una farmacia el 4 de mayo de 2010. Según fuentes judiciales, la causa fue elevada a juicio oral con la última prueba relacionada con la causa de la muerte de Andrade. Quienes llevan el caso se negaron a especificar qué tipo de prueba se sostenía.

El día del crimen, el sindicalista acababa de retirar dinero del banco, el cual no fue robado. El fiscal Rodolfo Moure a cargo de la causa por "homicidio doloso", determinó que existen "pistas firmes" respecto de la autoría del hecho.

La duda fue la piedra angular también en el caso de Silvia Falcón, encontrada sin vida el 5 de noviembre de 2010. La mujer era la ex esposa de Pablo Osuna, titular del sindicato de Camioneros de General Rodríguez. El fiscal Oscar Reggi continúa con la investigación en la etapa de instrucción.

Un hecho clave es que si bien desde un primer momento se habló de suicidio, no fueron descartadas otras hipótesis puesto que en el cuerpo se encontraron dos impactos de bala. El ex juez y actual defensor de Osuna, Daniel Llermanos, manifestó: "No tengo dudas que se trató de un suicidio".

Otra muerte vinculada al sindicalismo es la de Patricia Villares, segunda esposa del secretario adjunto de la Federación de Camioneros, Pablo Moyano, ocurrida el 16 de diciembre del año pasado. En este caso no se trató de un crimen. La mujer falleció luego de una infección tras haberse sometido a una cirugía estética facial. Si bien los expertos en salud afirman que las complicaciones en este tipo de intervenciones son escasas o raras, Llermanos, quien también es abogado de los Moyano, aseguró a Perfil.com que "no se inició ninguna acción judicial contra el hospital".

Por esos días circuló la versión de que el caso era investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Avellaneda. Este medio se comunicó con la fiscalía a cargo de Mario Prieto y desde allí confirmaron que el dato era falso: "Nunca llegó a nosotros el caso". En diálogo con el abogado Ricardo Monner Sans, el constitucionalista señaló que en estos casos "se puede iniciar una acción civil por daños y perjuicios", pero al mismo tiempo remarcó que "no toda mala praxis es delito".

El último de los casos y el más reciente es el de Roberto Roger Rodríguez, sindicalista de Maestranza. El juez Javier Ríos remitió el expediente por el crimen de Roberto Roger Rodríguez a la Justicia bonaerense. Lo hizo luego de que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmara su incompetencia.

El fiscal Raúl Cavallini no quiso hacer comentarios ante la consulta de Perfil.com, pero se dio a conocer que la causa tramitará ante un juzgado de la localidad de San Martín. La obra social social era investigada por el juez Norberto Oyarbide en relación a la mafia de los medicamentos.

La única causa cerrada es la de Horacio Alberto Viviani, secretario de prensa del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) y hermano del titular del gremio Omar Viviani. "Fue un suicidio", resolvió la Justicia. Viviani fue encontrado muerto el 11 de septiembre de 2007 con un disparo en el pecho. El secretario adjunto, Jorge García, dijo que el sindicato estaba conforme con el fallo aunque no dejaba de ser "un hecho lamentable". Su ex esposa Marcela Ríos aseguró que se trató de un crimen.

 
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