La Sociedad Interamericana de prensa en mayo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió enviar una misión a la Argentina el 4 y 5 de mayo y solicitar una entrevista con la presidenta Cristina Kirchner para "analizar los temas más conflictivos que enfrenta la prensa argentina". La decisión surgió después del bloqueo que realizaron trabajadores gráficos y sindicalistas en las plantas de los diarios Clarín y La Nación.Los enviados se reunirán con editores y miembros de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió enviar una misión a la Argentina el 4 y 5 de mayo y solicitar una entrevista con la presidenta Cristina Kirchner para "analizar los temas más conflictivos que enfrenta la prensa argentina". La decisión surgió después del bloqueo que realizaron trabajadores gráficos y sindicalistas en las plantas de los diarios Clarín y LA NACION, lo que impidió el domingo la distribución de ejemplares.

Los enviados de la entidad que agrupa a 1300 publicaciones de Iberoamérica y tiene por objetivo defender la libertad de expresión se reunirán con editores y miembros de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), dijo a LA NACION el director del Instituto de Prensa y de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Troti.

La entidad, que preside Gonzalo Marroquín, había calificado de "atentado agravado a la libertad de prensa" los bloqueos, después de advertir que los manifestantes habían actuado "con impunidad ante la inacción de la policía", a pesar de que recientes fallos judiciales ordenaron al Gobierno "garantizar la circulación de los medios de comunicación".

Ayer se sumó al repudio a los episodios del domingo un sinnúmero de organizaciones de prensa, jurídicas y empresariales, y ADEPA transmitió su preocupación por los hechos ocurridos al vicepresidente Julio Cobos. "Los incidentes del domingo forman parte de una larga cadena de ataques a la libertad de prensa", afirmó el presidente de la entidad que agrupa a las principales publicaciones locales, Daniel Dessein, al término de la reunión celebrada en el Senado.

Cobos, por su parte, ratificó su condena y su preocupación por el incidente, al que calificó como "un peligroso atropello a la libertad de prensa". Según indicó Dessein a La Nacion, el vicepresidente sostuvo que "la pasividad por parte del Estado puede traducirse en complicidad".

Cobos también se comprometió a impulsar una declaración de rechazo a los bloqueos, que ayer no alcanzó unanimidad debido a que el oficialismo se negó a incorporar un artículo que señalaba la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar el respeto de la ley y la libre circulación de los medios.

"Acoso del Gobierno"
En paralelo con la SIP, también expresó su rechazo al bloqueo el Comité Mundial de Libertad de Prensa de Freedom House (WPFC), una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo. "Se trata de una medida inaceptable de censura previa contra dos medios que con demasiada frecuencia han sufrido el acoso del Gobierno debido a sus críticas contra la Presidenta", dijo Javier Sierra, director de proyectos del WPFC.

"El incidente no sólo es un ataque contra la libertad de prensa, constituye un desafío al derecho del público a estar informado sobre temas de interés social, como lo define el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la Argentina es signataria", añadió Sierra, quien recomendó al Estado que actúe "decididamente" y aplique las sanciones correspondientes.

También la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP) expresó su "amplio rechazo" a lo que consideró un "grave atentado" contra la libertad de expresión. "Sorprende la frecuencia con la que se han producido episodios similares que afectan el normal funcionamiento de la prensa escrita en el país; a pesar de que ha sido el propio tribunal de justicia el que ha ordenado el respeto de dichas libertades", sostuvo el presidente de la entidad, Alvaro Caviedes Barahona.

En similar sentido se pronunció la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios), al enfatizar que la recurrencia de "estas actuaciones ilegales y contrarias a decisiones judiciales afectan de manera grave el derecho a la información de los ciudadanos". La entidad solicitó además que el Gobierno adopte las medidas establecidas en la Constitución y los tratados nacionales para garantizar "la libre y oportuna distribución de todos los periódicos".

El presidente de la rama argentina de la International Law Association, Ricardo Balestra, consideró necesario "el pronto esclarecimiento jurídico e institucional" de los hechos, mientras que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostuvo que los bloqueos "violan dos resoluciones judiciales" y constituyen "un ataque a la libertad de publicación". También pidió a las partes "que no cedan a una escalada que confundiría las cuestiones de fondo sin resolverlas".

Tras considerar que el sistema legal permite a todos los sectores defender lo que es justo sin perjudicar a otros, la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación sostuvo: "No hay ninguna posibilidad de convivencia democrática cuando un sector, sea mayoría o minoría, se arroga el derecho de silenciar a quienes piensan distinto y, al mismo tiempo, niega a toda la ciudadanía la posibilidad de recibir opiniones diferentes por los medios que libremente cada uno puede elegir".

A través de un comunicado, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) manifestó su "profundo rechazo" a los bloqueos y postuló que las diferencias sean resueltas siempre "en el marco del Estado de Derecho, que establece a la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia".

En similar sentido se expresó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que aconsejó solucionar las diferencias ante la Justicia y expresó su preocupación por el incumplimiento policial de las órdenes judiciales. "Cualquier incumplimiento implica comprometer la propia esencia de la forma republicana de gobierno", subrayó.

En tanto, el diputado de la UCR Ricardo Alfonsín cuestionó la "pasividad demostrada por el Gobierno, que nada hizo por impedir el bloqueo, lo que constituye una demostración más de su desprecio por la prensa no adicta a sus intereses partidarios".
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