Justicia: exigió al Gobierno respuestas sobre bloqueos

El juez civil Gastón Polo Olivera pidió a la ministra  Nilda Garré, que explique por qué fue "ineficaz" para cumplir las órdenes que él dio para evitar bloqueos. El magistrado ignora que habría sido una orden de Garré al jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevilla, la que determinó que los efectivos toleraran pasivamente la medida de fuerza. Garré sostiene que la polícia sí intervino, pero los hechos la contradicen

El juez civil Gastón Polo Olivera pidió a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que explique por qué fue "ineficaz" para cumplir las órdenes que él dio para que no se reiterasen bloqueos a las plantas impresoras de Clarín. El magistrado no sabe que habría sido una orden de esa funcionaria al jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevilla, la que determinó que los efectivos toleraran pasivamente la medida de fuerza.

En cambio, Garré, que ayer fue denunciada ante la justicia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, aseguró que la Policía Federal sí intervino en los hechos y calificó de "infundadas" las acusaciones en su contra. Los hechos, sin embargo, la contradicen.

La pasividad policial no sólo facilitó que los autores del bloqueo cometieran dos delitos del Código Penal -que prohíben obstruir a los medios de comunicación-, sino que también permitió que los manifestantes pasaran por alto dos resoluciones del juez Polo Olivera y, también, que la policía no cumpliera la orden que había dado la fiscal contravencional Marcela Solano para que la Policía Federal hiciera cesar aquel delito.

Garré, en su comunicado, alteró los hechos: dice que la fiscal Solano sólo tomó intervención a las 14.20 del domingo, cuando, en rigor, fue la primera en intervenir, poco después de las 23, según surge de una comunicación con la policía y, también, del oficio que ella misma le envió a las 2.48 al comisario de la seccional 30 para quejarse de la inactividad policial.

Garré no reconoció que a la medianoche, en la planta de AGEA, la guardia de seguridad le entregó al jefe del operativo policial una copia de la orden del juez Polo Olivera que impide bloquear la planta. Es decir, la Policía Federal sabía que desobedecía un fallo judicial.

Hay otro dato innegable: unos pocos efectivos de la Policía Federal permanecieron apostados en las proximidades de las plantas hasta que, cerca de la 3, llegó una nutrida delegación. No obstante, ni antes ni después de ese momento los efectivos impidieron el bloqueo.

En la noche del sábado, la fiscal Solano, titular de la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público Fiscal porteño, fue la primera en tomar intervención, pero no logró que los efectivos cumpliesen su orden de hacer cesar el delito e identificar, mediante fotos y filmaciones, a los autores del bloqueo. Sus quejas ulteriores al comisario de la seccional 30a. todavía no tienen respuesta. Solano también se lo comunicó a sus superiores, pero en ese ámbito pronto se advirtió que existía una orden de Garré para que la Federal no interviniese, dijeron a LA NACION fuentes vinculadas con el caso.

Ante la pasividad policial, ayer, el juez civil Gastón Polo Olivera también reaccionó rápidamente y pidió explicaciones a la ministra.

A primera hora de ayer, las sociedades AGEA, titular de la planta que Clarín tiene en la calle Zepita 330, y AGR, titular de la imprenta de Lanús donde se imprimen Viva y otras publicaciones, denunciaron ante el juzgado civil que la inacción policial había importado la violación de las dos medidas cautelares dictadas por el juez.

Mediante un oficio, el magistrado le preguntó a Garré qué medidas adoptó su ministerio para evitar nuevos bloqueos, las "razones por las que aquéllas resultaron ineficaces" y si el personal procedió a identificar a las agrupaciones o personas que lo perpetraron.

Garré, por el contrario, en un comunicado manifestó que ella sí "cumplió estrictamente las directivas que recibió" de los jueces.

Explicó que a las 2 de la madrugada de ese domingo la fuerza constató la existencia de los manifestantes frente a la planta. A las 3.40 la policía recibió la orden de un fiscal de instrucción de que se le diera intervención a un juez federal, pero la Policía Federal no tuvo éxito cuando intentó comunicarse a las 3.50 con el fiscal federal Carlos Cearras. A las 4, un juzgado correccional pidió averiguar cuántas personas bloqueaban las plantas y, más tarde, notificar a Luis Siri, el líder de la protesta, de que había denuncias en su contra.

UNA MINISTRA BAJO LA LUPA

El bloqueo: comenzó el sábado, a las 11 y se prolongó hasta las 12 del domingo. En ese lapso la Policía Federal no intervino ni intentó hacer cesar el delito.


Queja de una fiscal: la fiscal contravencional Marcela Solano pidió que la Policía Federal interviniera. Dio la orden a las 23. La fuerza de seguridad no cumplió. A las 2.48 del domingo reiteró el pedido, mediante un oficio, al jefe de la seccional 30a. Todavía espera respuesta.


Un juez dictó dos fallos: el juez civil Polo Olivera había dictado dos medidas cautelares, en diciembre y en enero. Había ordenado a Garré que debía tomar todos los recaudos para que no se repitieran bloqueos como los que habían afectado a las plantas de AGEA y AGR, en Barracas y Lanús.


La orden de Garré: la ministra, a primera hora del domingo, le habría ordenado a la Policía Federal abstenerse de intervenir. Ayer, varios abogados la denunciaron por no cumplir las órdenes judiciales.


El juez pide explicaciones: el juez Polo Olivero le envió un oficio a Garré para que explique qué medidas tomó para cumplir con sus fallos y, si es que adoptó alguna, que explique las razones por las cuales aquellas medidas "fueron ineficaces".


La respuesta de Garré: la ministra, en su respuesta, describe que la Policía Federal tomó contacto con un fiscal correccional, quien lo derivó a un fiscal federal que no les atendió el teléfono. También dijo que la fiscal Solano intervino sólo a las 14.20, cuando hay documentos que prueban que lo había hecho apenas comenzaron los hechos.


Lo que Garré no explica: la titular de Seguridad no explicó por qué, a pesar de la existencia de medidas judiciales, la policía se abstuvo de actuar.


La Asociación de Magistrados: dijo que el conflicto "no puede ser encuadrado como una simple manifestación sindical, porque afecta pilares esenciales de la República".
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