24 de marzo de 1976, una fecha que marcó a fuego la historia reciente de la Argentina

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón, aplicaron un profundo programa de ajuste económico y pusieron en marcha un sistemático plan de represión ilegal que provocaría la desaparición de 30.000 personas

El golpe militar

Todo terminó a la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976 cuando el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”. O todo comenzaba. Es cierto: el país no estaba bien. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real. Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor.

Asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti.

“Control del país” significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica.

Y, fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada para “quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para los que causaren daños con explosiones o incendios; para los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las intimaciones, o se enfrenten con las fuerzas de seguridad", pero en realidad significaba para todo el país que no acatara las órdenes, por más irracionales que fueran.

Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los argentinos, nunca más serían los mismos.

Entrega económica

El golpe de marzo del 76 puso en marcha un proceso económico liberal de redistribución del poder y la riqueza. De la mano del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proveniente de la más rancia aristocracia porteña y hombre de confianza de la banca internacional, se implantó la reducción del déficit en base a las privatizaciones y la transferencia de los gastos a las provincias. La economía se “modernizó” abriendo las puertas a la importación, lo que obligó a la industria nacional a competir en un plano de absoluta desigualdad. El modelo de Estado benefactor, que propugnaba el Justicialismo, y las propuestas nacionales y populares cedieron por la fuerza ante la imposición del antecedente inmediato del neo-liberalismo.

La prensa muda

Comunicado N° 19 del 24/03/76
“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Muestras de un régimen de horror

Asesinan al Obispo Angelelli
 
El obispo de la Rioja, monseñor Enrique Angelelli luchaba por una iglesia popular. Formó un movimiento de sacerdotes, religiosos y laicos que denunciaba los atropellos de los poderosos. Definitorio y profético, escribió a la Conferencia Episcopal Argentina: “Si los generales usurpan la misión de velar por la fe católica, hoy caerá un vicario general; mañana, un obispo”. Y cayó él. Había viajado a Córdoba para entrevistarse con el general Luciano Benjamín Menéndez. Como despedida, el obispo le sugirió rezar un Padre Nuestro por los perseguidos. “No los considero hijos de Dios”, dijo el jefe del III Cuerpo de Ejército. Según los comunicados, la camioneta Fiat en la que se trasladaba volcó en Punta de los Llanos. Arturo Pinto (que acompañaba al obispo) recordó que un Peugeot los arrinconó haciéndolos volcar y que él se desmayó. Al recobrar el conocimiento, vio a Angelelli tirado en el medio de la ruta: muerto, brutalmente golpeado.

El Proceso quema los libros
 
Es el día del animal. En Córdoba, para no pasar desapercibidos, los militares dan la orden de fuego a la cultura. Sin eufemismos, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera. “Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar’”.

Arden, entre muchas obras, El Principito, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. No conformes, ni más ni menos que desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la "Operación Claridad": plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.


El Plan Cóndor: asesinatos sin frontera
 
El Plan Cóndor se firmó en 1974 por los jefes de Policía del Cono Sur con la intención de combatir a la oposición de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, Hugo Banzer en Bolivia, Alfredo Stroessner en Paraguay, Joäo Figueredo en Brasil, y de los gobiernos de Isabel Perón en Argentina y Juan María Bordaberry en Uruguay. Pero, con dictaduras en todos los países involucrados, era algo más.

Contaba con una perfecta coordinación de todas las fuerzas de seguridad y llevaban a cabo secuestros, detenciones, torturas y asesinatos de opositores, dentro y fuera de sus fronteras nacionales. Para demostrar su efectividad, un comando militar uruguayo asesina a dos legisladores de su país exilados en Buenos Aires: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Con total impunidad, dejan los cadáveres maniatados en un auto en la populosa intersección de la avenida Perito Moreno y Dellepiane, en pleno barrio de Flores. 

 


Vuelos de la muerte: hallan 20 cadáveres
 
Aparecen cadáveres en playas uruguayas. Aunque no se publican todas las apariciones y se hacen correr rumores de que los cadáveres son producto de una lucha entre mafias chinas, todos los días se hallan cuerpos a lo largo de las costas uruguayas producto de los “vuelos de la muerte” (como se los denominaría luego) o “traslados” (como llaman los torturadores a la forma en la que se deshacen de sus víctimas, narcotizándolos y arrojándolos al Río de la Plata). El diario La Nación del 7 de septiembre señala “la aparición de cadáveres mutilados y en general desnudos, en la costa uruguaya del Río de la Plata”. Los cadáveres estaban “atados de pies y manos, desprovistos de ropas y presentando síntomas inequívocos de haber sido torturados y salvajemente golpeados”. 
 

La noche de los lápices: masacre en La Plata
 
Una ordenanza dictatorial limitaba el acceso de materiales informativos a los establecimientos escolares. Según la ley, podían ingresar sólo aquellos textos que fomentaran “el amor a Dios y a la Patria y el respeto a la familia y a la autoridad”. Para los militares de la Provincia de Buenos Aires, reclamar por el boleto estudiantil, como venía haciendo un grupo de estudiantes en La Plata, era un atentado que se debía reprimir de inmediato. Entre la medianoche y las cinco de la madrugada del 16 de septiembre, fueron secuestrados de sus domicilios los alumnos secundarios Claudio de Acha (17 años), Claudia Falcone (16 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchini (18 años) y Francisco López Muntaner (16 años). El martes 21, secuestraron a Pablo Diaz, de 18 años. Todos fueron trasladados al Pozo de Banfield donde se los torturó salvajemente. Salvo Díaz, que logró recuperar su libertad, los demás jóvenes continúan desaparecidos.


 
Órdenes secretas de la represión ilegal
 
Dos órdenes dictadas el 17 de diciembre por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Roberto Viola ya no hablan de aniquilar "el accionar" de los elementos subversivos, sino aniquilar a los individuos. Algunos fragmentos de esas órdenes: “Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres”.
 

El final de un historia de horror

La dictadura militar más sangrienta que padeció la República Argentina, entre los años 1976 y 1983, dejó un legado de sangre, horror y ansias de justicia. Raúl Alfonsín, el presidente que asumió democráticamente, el 10 de diciembre de 1983, luego de la barbarie, tuvo la misión de hallar la verdad, para que las víctimas del terrorismo de estado pudieran descansar en paz, y sus familias, encontraran el consuelo de la justicia.

Fue así que dicho presidente, al quinto día de ocupar el sillón presidencial, firmó el decreto 187, que creaba un organismo de investigación, el 15 de diciembre de 1983, con el objeto de desnudar ese pasado violento, y hallar los rastros de aquellas personas que figuraban como “desaparecidos”, como si alguien pudiera salir de la faz de la tierra, sin responsabilidad para las manos asesinas, que se encargaron de ello.

Esa organización destinada a reunir pruebas para un futuro juicio a los violadores de los más elementales derechos del ser humano, fue la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) dependiente del Ministerio del Interior, que nació cuestionada por amplios sectores, y que terminó aplaudida por todos.


En efecto, muchas voces se alzaron contra la formación de esta comisión de notables, ya que sus miembros no pertenecían a la política sino a diversos sectores de la comunidad.

Alfonsín pertenecía al Partido Radical pero la mayoría en el Senado era peronista, y eso les permitió negarse a designar tres legisladores para integrar la comisión. No eran pocos los que sostenían que era más factible el funcionamiento de una comisión bicameral, con miembros de ambas cámaras del Congreso. Incluso las Madres de Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y organismos de derechos humanos plantearon esta posición, para luego admitir que hubiera sido un error por la demanda de tiempo que hubiera implicado.

Los integrantes de la CONADEP, eran de una moral y reputación incuestionable. Presidida por el periodista Ernesto Sábato, elegido presidente por voto unánime, la componían además. Ricardo Columbres (jurista), Hilario Fernández Long (ingeniero y ex rector de la UBA), René Favaloro (cardiocirujano), Gregorio Klimovsky (cientifico), Marshall Meyer (rabino norteamericano), Jaime de Nevares (obipo de Neuquén), Carlos Gattinoni (pastor metodista), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Eduardo Rabossi (filósofo). También la conformaron tres diputados: Horacio Hugo Huarte, Santiago Marcelino López y Hugo Piucill.

La inauguración de sus sesiones fue el 22 de diciembre de 1983, y la sede se constituyó en el Centro Cultural General San Martín (segundo piso). No asistieron a esa primera reunión, ni el Dr. Favaloro ni Gregorio Klimovsky.

Fue una tarea realizada en el escenario mismo de los hechos, durante nueve meses, recibiendo nueve mil denuncias, escuchando siete mil testimonios, de los cuales mil quinientos correspondieron a sobrevivientes, llegando a reunir un documento incriminatorio, que sirvió para juzgar a los integrantes de la Junta Militar, en cincuenta mil fojas. Fueron registrados ocho mil novecientos sesenta desaparecidos, y se hallaron trescientos ochenta centros clandestinos de detención, siendo los principales la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), La Perla, el Olimpo y Mansión Seré.


El Juicio a las Juntas Militares se llevó a cabo en diciembre de 1985, luego del rechazo de su juzgamiento por un tribunal militar, y estuvo a cargo de la Cámara Federal, y este documento elaborado por la CONADEP, que recibió el título de “Nunca Más”, cuando fue publicado en 1984, sirvió de prueba para su condena, aunque los nombres de los represores, que ascendieron a más de mil trescientos en las denuncias, no fueron jamás publicados, salvo por boca de los encuestados y denunciantes.

Los enjuiciados fueron los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares. La última, presidida por el general Bignone, quedó excluida del proceso.

Fueron juzgados por homicidio, secuestro, allanamiento ilegal, torturas, pero no por la desaparición de personas, figura penal desconocida en el mundo entero. La condena afectó a cinco de los nueve procesados.

Nunca más

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana.

Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.

(Presentación del informe de la CONADEP -Prólogo del libro - Editorial EUDEBA)

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