Es "inadmisible" que Moyano presione por inmunidad

El fiscal federal Jorge Di Lello, quien investiga supuestas vinculaciones del sindicalista Hugo Moyano con empresarios sospechados de lavado de dinero, acusó hoy al jefe de la CGT de "presionar al Poder Judicial" con el paro que declaró al conocer el exhorto de Suiza por el caso. El fiscal completó: "Es inadmisible pretender algún tipo de inmunidad o presión sobre el ejercicio del Poder Judicial jurisdiccional, mucho peor me parecería cambio de actitud en funcionarios"

Así lo consideró el fiscal federal Jorge Di Lello, que investiga al titular de la CGT en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Acusó al sindicalista de querer "presionar al Poder Judicial" al amenazar con un paro nacional 

El fiscal federal Jorge Di Lello, quien investiga supuestas vinculaciones del sindicalista Hugo Moyano con empresarios sospechados de lavado de dinero, acusó hoy al jefe de la CGT de "presionar al Poder Judicial" con el paro que declaró cuando se conoció el exhorto de Suiza por el caso.

No obstante, dijo que "peor" le "parecería algún cambio de actitud de funcionarios judiciales" producto de medidas de fuerza u otro tipo de protesta impulsada por el gremialista en relación al caso.

"Por supuesto que está mal", respondió Di Lello al ser
consultado sobre si consideraba incorrecta la huelga promovida por Moyano, finalmente suspendida.

El fiscal completó: "Es inadmisible pretender algún tipo de inmunidad o presión sobre el ejercicio del Poder Judicial jurisdiccional".

"Mucho peor me parecería algún cambio de actitud de funcionarios judiciales", concluyó en declaraciones radiales.

El exhorto de fiscales suizos ingresó hace unos días en la Cancillería argentina, que no puso trabas para que interviniera la Justicia local.

La causa recayó en el Juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien puso al tanto de la actuación al fiscal Jorge Di Lello.

El fiscal se pronunció por abrir un expediente, aunque pidió a la Justicia suiza que aclare la normativa jurídica que supuestamente se transgredió en ese país, para saber si es compatible con la argentina.

El ex juez Daniel Llermanos, abogado del jefe de la CGT, y el secretario de Derechos Humanos de central Obrera, Julio Piumato, calificaron al exhorto como "bochornoso" y criticaron a la Cancillería argentina y al accionar de la Justicia local al considerar que tenían que haberlo rechazado de plano.
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