La Provincia deberá pagar 100 millones a 900 judiciales

La Corte le dio la razón a los empleados de Tribunales en el planteo contra la ley que derogó en 2003 el "enganche" salarial que gozaban. El fallo declara que la retroactividad de la ley es inaplicable y eso representa un resarcimiento millonario para los estatales reclamantes.

El Gobierno tendrá que devolver unos 100 millones a empleados judiciales que reclamaron contra la ley de desenganche que fue aprobada en 2003 pero que tenía efecto retroactivo a enero de 2002. Esa es la conclusión a la que llegaron los funcionarios provinciales después de conocer el fallo de Corte de la Nación ha dejado el camino casi despejado para que unos 900 reclamantes se presenten en un corto plazo, para cobrar el retroactivo de 18 meses.

Las bases del planteo

El 17 de junio de 2003 la legislatura sancionó la ley 7125 que entró en vigencia el 1º de julio del mismo año. La norma fue impulsada por el entonces gobierno radical de Roberto Iglesias. La regla provincial declaró extinguido por “ilegitimidad sobreviniente” el sistema de ajuste indexatorio de Magistrados. Pero la 7125 fijaba su adhesión a la ley nacional 25561 que estaba vigor desde enero de 2002 por lo que afectó también a los empleados judiciales que se encontraban “enganchados” del sueldo de los magistrados.

El artículo 56 del Presupuesto provincial 2004 (ley 7184) derogó este sistema de "enganche" para funcionarios y empleados judiciales a partir del 1º de enero de ese año.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que la desindexación de los sueldos de los
magistrados, y consecuentemente de los empleados judiciales, es constitucional desde la entrada en vigencia de la Ley 7125, es decir desde de julio del 2003, pero no en forma retroactiva (a enero del 2002).

Esto lo expresó en la sentencia conocida como el "fallo Diaz".  "Así como la Legislatura puede dictar —tal como lo hizo al sancionar, aun con indiferencia de sus imperfecciones técnicas, la ley 7125— el régimen general de remuneraciones aplicable al Poder Judicial, los agentes alcanzados tienen un derecho de raigambre constitucional que les asegura que hasta ese momento sus salarios se liquiden de acuerdo con las condiciones que establecía el régimen vigente durante el lapso en que prestaron sus servicios".

Ahora la misma Corte Nacional acaba de confirmar en la causa "Pinto" la aplicación de
dicho criterio. En las estimaciones que están haciendo los técnicos oficiales se ha consolidado la cifra de 100 millones de pesos (aplicando los intereses desde 2002 y por la proyección del incremento hasta ser absorbido en 2007).

Justamente los magistrados se hubieran beneficiado con este fallo si el actual gobierno no hubiera cerrado el acuerdo del 2008.

La causa Pinto

Entre todos los planteos que se generaron por esta cuestión, como se ha dicho, alrededor de 900 funcionarios y empleados judiciales patrocinados por el trío de abogados Frías, Lucero y Espinasse hicieron un reclamo que fue rechazado y dio origen a esta acción procesal administrativa.

En abril de 2010 se dictó sentencia de la Corte de conjueces, la cual rechazó todos los planteos contra el desenganche pero declaró la inconstitucionalidad de la retroactividad de la ley 7125 fundado en el dictamen del Procurador General de la Nación en las causas "Asociación Gremial" y "Díaz Olga", producidas como se ha expresado en diciembre de 2010.

En ese momento el Gobierno interpuso juntamente con Fiscalía de Estado recurso de nulidad contra la sentencia por "autocontradicción". El recurso de nulidad fue desestimado el martes pasado y notificado hoy. En la resolución desestimatoria se destaca especialmente que la Corte Nacional ya se expidió en el mismo sentido, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 7125 en el punto de la retroactividad.

Si bien queda el recurso extraordinario planteado por el Gobierno y la Fiscalía de Estado y éste tiene efectos suspensivos hasta tanto la Corte local se pronuncie sobre si lo concede o no, seguramente no será concedido y la sentencia puede ser ejecutada en un plazo de 2 a 4 meses ya que un recurso denegado no tiene efecto suspensivo.

Por toda esta situación en el gobierno están convencidos que en lo inmediato, los 900 judiciales si bien antes de fin de año todos podrían reclamar.

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