Crece la preocupación entre los empresarios por las sentencias laborales

Un fallo indemnizatorio desorbitante que un juez impuso a una ART generó un fuerte debate en el ámbito empresarial por el fuerte incremento de costos laborales que se suman a los ya previstos por ley. Según algunos profesionales, esto atentaría contra la seguridad jurídica.

El caso de Juan Pablo Enrique es de lo más insólito. Todo comenzó un 8 de enero de 2008, fecha en la que este sufrió un accidente laboral en su lugar de trabajo, la cristalería Cattorini Hnos., del Departamento de Maipú. Una mala pisada sobre un trozo de vidrio fundido que había caído al piso, terminó por hacerle atravesar la suela de su propio zapato, quemándola e incrustándose en su pie derecho. 

La Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), La Segunda S.A., aceptó hacerse cargo del siniestro y brindó las prestaciones correspondientes a la incapacidad laboral temporaria de 106 días. 

En tal sentido, la ART le otorgó el alta médica a Enrique y lo reubicó en la misma maquinaria donde había sido causado el accidente de marras. Seis meses después, su abogado determinó que su cliente padecía de una “incapacidad laboral definitiva”, por lo que decidió demandar a La Segunda.

El expediente del caso fue tramitado en la Séptima Cámara del Trabajo y en sentencia de Sala Unipersonal a cargo del juez Gustavo Estrella Panesi, quien el 14 de octubre de ese mismo año resolvió que la incapacidad parcial permanente de Enrique era del 14, 2% y condenó a La Segunda ART por la —no menor— suma de $ 358.594 en concepto de indemnización, rechazando el monto de $ 120.000 propuesta por la ART al momento del accidente.

Si bien el abogado de Enrique planteó en sus escritos (parte del expediente Nº 1568) los perjuicios que su cliente posee por aquel accidente laboral de comienzos del año 2010 —tales como incapacidad en los dedos 2º y 3º de su pie derecho y el cuadro depresivo que le provoca a Enrique la imposibilidad de desplazarse normalmente— la indemnización de una suma de más de $ 350.00 por una incapacidad parcial del 14,2% para muchos resultó exagerado y preocupante.

Es bien cierto que la indemnización varía de acuerdo al damnificado —según la edad y la incapacidad—, pero en casos parecidos al referido y en esta misma provincia, estos se resolvieron por sumas mucho menores por incapacidades de mayor magnitud a la del caso de Juan Carlos Enrique. 

Por caso, en 2009 un juez condenó a una aseguradora al pago de $ 134.000 por la incapacidad del 68,66% que tenía una mujer que fue embestida desde atrás mientras se encontraba detenida en su automóvil. En noviembre de 2010, y por otro caso de accidente de tránsito, un magistrado determinó el pago a una empresa de maquinarias ferroviarias a $ 91.452 por haber embestido a una conductora quien sufrió pérdida de conocimiento, fractura de antebrazo, herida cortante en la frente, limitación de movimiento de cabeza y limitación de hombro derecho. En un caso similar a este último, la indemnización a pagar por la aseguradora alcanzó los $ 93.000. 

Teniendo en cuenta los casos anteriores, el pago de una suma superior a $ 350.000 por una incapacidad del 14,2 por ciento suena bastante ilógico y provoca zozobra en las empresas, especialmente si se le suman las permanentes y mayoritarias resoluciones encontradas en el fuero laboral. Especialmente si se suman las mayoritarias resoluciones adversas a las empresas que surgen de ese fuero.

Es dable recordar que el Dr. Sergio Vargas, abogado del actor, planteó firmemente la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley 24.557 el cual argumenta que la misma exime a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y que el damnificado podrá reclamar la reparación de los daños y perjuicios a las ART. Plantear la inconstitucionalidad de este artículo es una estrategia muy usual al momento de pedir una indemnización por accidente de trabajo a los empleadores y no solo a las ART.  En el fuero civil, especialistas en la reparación integral por daños y perjuicios y conforme a los autos citados anteriormente, existen criterios lógicos y racionales de valoración.

MDZ intentó entrevistar al mencionado camarista laboral, Dr. Estrella Penesi, a lo largo de dos semanas, lo cual no fue posible, ya que jamás respondió los requerimientos de este diario.

Mientras tanto, la preocupación crece, no solo en torno a esa Sala, sino también a la Cámara 4º, no casualmente por el mismo motivo: el asombroso desprendimiento que ostenta a la hora de conceder indemnizaciones por incapacidades varias.

Aún es aventurado sostenerlo, aunque es pertinente resaltar el perjuicio directo que configuran este tipo de fallos judiciales para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Una legislación agobiante y fallos de esta naturaleza son un límite al trabajo en blanco. 

Consultados varios abogados laboralistas agregaron un indicador más que los inquieta, ya que en la última instancia apelatoria ante la Suprema Corte, en ellas, ningún miembro es especialista laboral. Por lo que en el último paso judicial adquieren relevancia los estamentos inferiores de la Suprema Corte, los relatores, que son aquellos que elaboran las  los proyectos de sentencias que son puestas a disposición de los ministros de la Corte para su sentencia definitiva.

Por lo dicho, también desorientan fallos disímiles del mismo Alto Tribunal.

Esto también configura una suerte de inseguridad jurídica porque dificulta a las empresas y a cualquier emprendedor, prever este tipo de contingencias.

Por lo antedicho, con este tipo de fallos terminan perdiendo todos, tanto las empresas —su estabilidad económica y su productividad incluidas—, como los trabajadores, ya que estos que son excluidos del circuito legal. Por eso, pese a 8 años de crecimiento fuerte de la economía el trabajo en negro no disminuye. 

Si a esto se le agrega que según un informe publicado por el suplemento IECO —de Empleos y Capacitación— de diario Clarín, donde se asegura que las empresas “solo ganan uno de cada diez juicios laborales”, el panorama es realmente preocupante.

Por ello, es dable concluir que en un país que se precie de serio, previsible y seguro a nivel judicial, fallos judiciales como el analizado no pueden ni deben existir.

Opiniones (4)
19 de noviembre de 2017 | 17:21
5
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19 de noviembre de 2017 | 17:21
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  1. Seguro que esto sí, pero mi extenso comentario no lo publicaro. Sipayos!!!!!
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  2. Cual es la preocupación de los empresarios si el costo lo asumen las ART? II) Dan ejemplos de resarcimientos por accidentes de tránsito, no por incapacidades derivadas de accidentes laborales III) Si el periodista (o MDZ) cree que las sentencias de las cámaras mencionadas no se ajustan a derecho, estám abiertas otras instancias IV) Es hora de que las empresas comiencen a pensar en el bienestar de sus empleados y no sólo en sus ganancias
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  3. totalmente de acuerdo con Sergio pareciera que el unico interes valido es el de los empresarios,como si la salud de los trabajadores fuera algo de menor importancia que el dinero que ellos ahorran en higiene y seguridad....por favor que no siempre el hilo se corte por lo mas delgado
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  4. Me esfuerzo y no logro encontrar la objetividad que debería tener un informe periodístico. Me pregunto: desde cuándo un medio periodístico le indica al poder judicial qué fallo debe o no debe existir? En algún lugar del informe me hubiese gustado un párrafo de crítica a los empresarios que no se esfuerzan en prevenir accidentes, (que es mucho más económico que lamentarse por los fallos judiciales)...acaso es más importante el interés económico y el patrimonio de una empresa, que cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores?
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