El fallo de la Corte a favor de Perfil pone límites al Gobierno

La sentencia en la que el máximo tribunal consideró que hubo discriminación con la publicidad oficial podría servir a otros medios de menor envergadura.

Cuando en marzo del 2005 el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nos pidió que evaluáramos iniciarle un juicio al Estado por discriminación, lo hacía –según nos dijo- porque consideraba que sería la voz de otros medios que por su menor envergadura no estaban en condiciones de hacerlo ante el riesgo de sucumbir por las esperables represalias del Gobierno.

Alejandro Miró Quesada había llegado al país presidiendo una delegación integrada entre otros por Robert Cox, el mítico director del Buenos Aires Herald durante la dictadura. Y sus consejos tenían relación con lo que habían encontrado en la Argentina: un poder político que había hecho de la publicidad oficial una herramienta para premiar a los medios oficialistas y castigar a los críticos.

Seguimos sus consejos. Un año después se le pidió a la Justicia que interviniera para evitar que el Gobierno siguiera discriminando al diario Perfil y a las revistas Noticias y Fortuna, todas de esta editorial.

Éramos conscientes de que un proceso judicial de esas características llevaría años y que podía transformarse casi en antieconómico para una editorial que vive fundamentalmente de los precios de tapa que pagan sus lectores y de los avisos de los anunciantes privados. También sabíamos que una vez que se conociera el inicio de esa querella, el Gobierno redoblaría su actitud discriminatoria, incluso presionando a los anunciantes privados de dejar de publicar en nuestros medios.

La actitud del Gobierno fue la esperada y la de los lectores y anunciantes también: el castigo por un lado y el apoyo de siempre por el otro.

El fallo de la Corte es trascendente por el mensaje institucional que envía frente a las administraciones que usan los fondos públicos con fines políticos. No se trata sólo del Gobierno nacional. La misma estrategia de premiar y castigar con dinero ajeno la usan gobernadores e intendentes de distinto signo ideológico.

Este fallo también es un punto de partida para que la publicidad oficial cumpla con el objetivo de difundir actividades y gestión (campañas sanitarias, educativas, impositivas, licitaciones, etc.) y deje de ser un garrote económico como el que durante tantos años llevó al cierre de medios independientes u obligó a otros a ceder su línea editorial a los designios de la Secretaría de Medios.
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