El corte del Río Atuel fue ordenado por Cammesa y es ilegal, dijo Aldo Guarino Arias

Fuimos a buscar la opinión del Dr. Aldo Guarino Arias, toda una autoridad en el Derecho de Aguas, para conocer su punto de vista con respecto al Corte del Atuel. Sus conceptos fueron categóricos con respecto a la ilegalidad del corte y la responsabilidad de los funcionarios que la tomaron.

El Dr. Aldo Guarino Arias es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza, miembro correspondiente en San Rafael de la Academia Nacional de Ciencias Sociales de Córdoba y Secretario a cargo de la Sede San Rafael del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de Cuyo, entre otros muchos antecedentes que alimentan un frondosísimo currículum con el que sostiene un muy bien ganado prestigio como jurisconsulto. Además de tener varios libros de texto publicados, entre ellos un Código Procesal Civil de Mendoza comentado, que es consultado a diario como una fuente por innumerables profesionales que buscan en él la claridad de sus conceptos para aplicar mejor la Ley, es también una autoridad en Derecho de Aguas.

Contemplando ese carácter, fuimos a buscar su opinión sobre la decisión que tomó el Departamento General de Irrigación de cortar el escurrimiento del Río Atuel, desde el 16 de febrero hasta el 3 de marzo, aunque la decisión podría adelantarse para el martes o miércoles de esta semana según algunos trascendidos.

Guarino Arias, nos recibió muy amablemente en su "hábitat natural", es decir, la biblioteca de su estudio en la calle San Lorenzo, "donde paso la mayor parte de mis días", según él mismo nos dijo.

Respecto del punto de consulta, Guarino dice que el problema tiene que ver con una pésima gestión que se hace sobre las aguas del Atuel, y la definición nos permite entrar de lleno en el tema.

¿Por qué está mal la gestión sobre el río Atuel y bien sobre el Diamante?

En el río Atuel tenemos 4 usinas generadoras de energía que aportan un importante caudal eléctrico al sistema interconectado. ¿Por qué se dispone el corte del río Atuel?, ¿por qué se necesita embalsar agua en el Nihuil? La obra se llama “represa” y su función es la acumulación de agua. Se corta el escurrimiento del Atuel para embalsar agua allí con la finalidad de tener abundante “combustible” para producir en las usinas hidroeléctricas. La orden de suspender el río Atuel, según la información que nosotros tenemos, partió desde la Compañía Comercializadora de Energía en el país, es la que administra el sistema interconectado nacional.

Acá es donde empieza el problema serio. ¿Cómo descubrimos nosotros esta situación? Me refiero a quienes nos dedicamos a estudiar estos temas, sin que hayan compromisos.

La pregunta que se hacen ellos es “¿cuál es la razón por la cual se corta el río Atuel? Las autoridades provinciales no han querido dar explicaciones concretas en los medios. Solamente se basan en la emergencia hídrica, que es un fenómeno cierto en todos los ríos andinos, no solamente en el Atuel. Nadie discute que haya escasez, pero si a eso se le agrega el ingrediente de cortar el río perjudicando a los cultivos y sobre todo en esta época del año, no se encuentra una explicación concreta a esta actitud. Incluso el diario Clarín publicó que “se había cortado el Atuel sin dar explicaciones”. El superintendente fue citado a la Cámara de Senadores a dar explicaciones y no concurrió. Igual ocurrió con el subdelegado de aguas del río Atuel que se comprometió a una reunión en el Concejo Deliberante y no concurrió.

Uno observa en las autoridades que ejercen la gestión del agua en la provincia, que no dan explicaciones racionales, porque si me dice que “corta el agua por la emergencia hídrica” es una razón, que la razón no entiende, porque podría pasar en todos los ríos y eso no pasa.

Los funcionarios que tienen en sus manos la gestión del agua en Mendoza si dijeran la verdad hoy estarían en una situación muy delicada, porque estarían reconociendo que están violando la ley. Nosotros tenemos información del diario La Arena de La Pampa de la causa por la que se cortó el Atuel. La orden vino de la Nación a través de CAMMESA que es la Compañía que administra el Sistema Interconectado Nacional, diciendo que había que suspender el escurrimiento del Atuel para embalsar agua en el Nihuil porque el sistema interconectado necesitará energía de las 4 centrales hidroeléctricas sí o sí. Esa información que tiene La Arena la sacaron de los funcionarios de La Pampa que no están preocupados por decir la verdad, al contrario, quieren demostrar la mala gestión que hace la provincia de Mendoza con el uso del agua. Cada vez que ellos ven un problema de gestión denuncian a Mendoza y ellos tienen la correcta información.

Los pampeanos conocen la verdadera razón y los mendocinos también, pero a los pampeanos no les interesa ocultar la verdad sino denunciar la mala gestión que realiza el Departamento General de Irrigación que a ellos los perjudica.

¿Dónde quiebran la ley?

Empecemos por mencionar la Constitución de la Provincia de Mendoza, en cuyo artículo 186 establece que todos los asuntos de irrigación en la provincia, pertenecen al Departamento General de Irrigación con su respectiva composición. Ese departamento es un organismo que tiene jerarquía constitucional cuyo responsable principal es el Superintendente General de Irrigación y que sólo se lo puede separar del cargo por mal desempeño de sus funciones, a través de un jury de enjuiciamiento hecho por diputados, senadores y miembros de la Corte.

La segunda norma a tener en cuenta y que es la principal que se ha violado, es la Ley de Aguas. El artículo 27 que se aplica en esta materia dice que se puede cortar el caudal del Río “cuando sea necesario hacer algún trabajo en el canal de su servicio, apertura de desagües o arreglo de compuertas; en los casos de derrumbe del canal o abandono de la toma; como pena impuesta por la súper intendencia, el subdelegado de aguas o los inspectores de canales o a los que incurra en mora en el pago de los impuestos que le correspondan, no cumplan con la apertura de los canales o las hijuelas particulares, no satisfagan el valor de los trabajos que por disposición de esta ley deberán practicarse por cuenta de los interesados en canales, hijuelas o desagües, o carezcan de compuertas”. Con lo cual, el presupuesto declarado por los funcionarios, es decir, la crisis hídrica, no es un motivo contemplado por la ley para justificar el corte que se ha hecho.

Lo más grave de todo esto es el artículo 115 de esa ley que establece una serie de preferencias en el uso del agua del dominio público: abastecimiento de población, abastecimiento de ferrocarriles –que aún está en la ley que es de 1884 y había trenes a vapor-, luego sigue el riego y en cuarto lugar la generación de energía o de usos industriales y después siguen otras actividades como el turismo, etc.

Acá también hay un problema ecológico y de esto no me avergüenzo en decirlo: el trabajo del hombre y el aprovechamiento del recurso natural del agua en Mendoza ha convertido el desierto en un oasis. Mendoza no sería lo que es si no hubiera sabido usar correctamente el agua, que viene utilizándose desde la época de los Huarpes. En esa época exitá un sistema de distribución de la tierra y del agua que consistiía en una comunidad de reparto de la tierra y el agua y tenía un sistema de turnos como el de la actualidad. Pero ese sistema de entrega del agua par aregar por hectáreas, por turnos y con el sistema de riego que tenemos nosotros en este momento, salvo las excepciones que serán el 5% de propiedades que usan el riego presurizado, hay un mal uso del agua. La sociedad del futuro tiene que preveer este tipo de problemas. El riego moderno significaría una gran economía del agua.

Es un problema ecológico porque suspender el agua aún cuando sea poca, significa agregarle un problema más a todos los problemas que se avecinan con el cambio climático. Quizás la emergencia hídrica que estamos sufriendo en este momento sea consecuencia del cambio climático, aunque no puedo dar una opinión fundada porque no es mi especialidad, pero el cambio climático es un problema que los gobiernos no toman conciencia. Está afectado el medio ambiente porque se quita el elemento necesario para la vida de las plantas y para el paisaje y por supuesto para el turismo. Es una situación muy delicada y hoy no se cuidan estos detalles.

Usted dice que hay un quiebre de la ley porque se está cortando el agua por un motivo no especificado en ella. Pero ese motivo sería una cuestión casi de necesidad porque más allá de que no esté, supongo que la ley no pudo imaginarse que iba a faltar el agua.

La ley ya preveía que hubiera años con escasez de agua. La Ley dice que “siempre que en épocas de escasez extraordinaria –como este- el agua de un arroyo o río y sus afluentes sujetos a creces periódicas no alcance para la dotación permanente a razón de un litro por segundo para cada hectárea de terreno de regadío se establecerá el aprovechamiento por turno entre todos los interesados que rieguen por arroyo o río o sus afluentes mientras dure la escasez”, o sea que lo que se debería haber hecho acá, si hay emergencia hídrica, debería haber sido el otorgamiento de turnos proporcionalmente a las hectáreas que cada uno tiene, es decir un prorrateo distinto, no cortar el río. Esa no era la solución y ya lo preveía la ley. Es una medida absurda que no tiene razón de ser. Los funcionarios que la tomaron deberían ser responsables ante la Ley.

¿Y entonces?

Lamentablemente los afectados por esta medida no han actuado y se los ha sorprendido a los inspectores de cauce del río Atuel con falsas informaciones técnicas que no vienen al caso. Los inspectores de causes son quienes representan a la comunidad de regantes y no han actuado porque fueron sorprendidos y engañados, porque la medida fue tomada y en pocos días la cumplieron y no les dio tiempo a los afectados a unirse y a reaccionar o plantear las acciones correspondientes, ya que la ley establece diez días corridos para plantear acción de amparo desde que se toma conocimiento del hecho y los regantes tomaron conocimiento de que iban a cortar el río tarde.

Mientras buscaban información no pudieron plantear nada. Había un grupo de regantes que querían hacer acciones de amparo pero se encontraron con el problema de que los principales representantes de las comunidades de regantes, que son los primeros que deberían haber actuado, apoyaron por mayoría la decisión de la corta del agua. Toda esta urgencia en la toma de la decisión y la falta de vocación de los funcionarios para explicar una decisión administrativa demuestran que hay algo raro en todo esto, y yo afirmo que es ilegal.


¿Los inspectores de cauce tienen por misión natural defender los intereses del regante o son intermediarios de ellos en los problemas que tengan con el Departamento General de Irrigación?

Hoy casi tendría que decirle que las cosas han cambiado. Son más empleados del Departamento General de Irrigación que defensores de los regantes. Se dictó una ley para regular las inspecciones de cauce, les ha dado personería jurídica, y no es como antes que el inspector era uno más de los regantes que defendía a todos sus pares en la actividad. Eran cargos honoríficos, no tenían sueldo y ponían sus vehículos a disposición de las tareas que debían realizar y demás. Lamentablemente hoy las cosas son distintas y está la prueba en lo que ha pasado en este caso, donde los inspectores, casi por unanimidad han apoyado la medida que es errónea, inconsulta, ilegal, así la califico yo.

Hay un punto que agrava esta problemática, y es que recientemente Aysam en Alvear anticipó que podría llegar a haber problemas con la dotación de agua potable porque por una cuestión de niveles, las tomas que tienen para la planta potabilizadora podrían estar perjudicadas por el corte del Atuel.

Por esa razón y por otra más. El escurrido que han dejado para abastecer a General Alvear es de dos metros cúbicos por segundo, lo cual significa que no solamente tendrán escasez en llegar a ese departamento, sino que también tendrán un problema de salinidad.

Es decir, es difícil que el agua llegue y el agua que llegue va a llegar con problemas de salinización.

Exacto. En el río Colorado se construyó un acueducto desde él hasta Santa Rosa, casi recorriendo 130 km. que son más o menos, que lleva 5 metros cúbicos de agua por segundo. Santa Rosa tiene un poco más de habitantes que General Alvear, pero no mucho más. Lleva agua pura, en condiciones. General Alvear y los distritos que usan agua del Atuel con dos metros cúbicos no van a poder hacer nada. Ya deben estar sufriendo las consecuencias.

Evidentemente lo que usted dice es de una gravedad importante con respecto a la responsabilidad de los funcionarios, y especialmente el Superintendente, ¿cómo se arregla esto?

Yo había aconsejado utilizar una herramienta que da la Constitución Nacional. En el artículo 43 establece que “cualquier persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo” cuando se afecte el medio ambiente. Si bien es cierto que debe recurrirse por la vía de la legislación provincial para plantear la acción de amparo, se puede plantear la acción basado en la Constitución Nacional que afecta al medio ambiente, aún cuando los plazos estén vencidos.
Esto yo lo he aconsejado porque es el comienzo de la gestión que se viene. Tenemos antecedentes de que en Mendoza tenemos una pésima gestión del agua.

En 1997 se firmó un convenio con La Pampa para darle los excedentes del agua que se pudieran generar después de impermeabilizar los 13 canales matrices que son 530 km. La Corte cuando se hicieron los estudios correspondientes por el juicio que tenía La Pampa contra Mendoza, la Corte dijo que era una obra imposible de realizar porque no se justificaba económicamente en base a las pericias que se plantearon.

Ese acuerdo lo firmó Celso Jaque con el Gobernador de La Pampa y el Presidente Néstor Kirchner. Era un acuerdo posibilitador de la construcción de Portezuelo del Viento. Fue un acuerdo imposible e ilegal. Tiene una cláusula que establece que Mendoza se compromete a hacer llegar agua al límite con La Pampa con una escorrentía permanente.

¿Qué es “escorrentía”?

Es el escurrimiento del agua cuando hay precipitaciones sin que tenga un cauce natural.

O sea que la “escorrentía” por definición, es eventual. Si es escorrentía no puede ser permanente, en ese caso sería “caudal”.

Volviendo al tema de la responsabilidad de los funcionarios, el hecho está consumado, usted dice que este va a ser el primero de otros capítulos de esta historia.

Acá no hay que olvidarse que estamos insertos en una sociedad en la que los intereses económicos de grandes empresas predominan sobre los intereses de la sociedad. Esto es una verdad que la conoce toda la ciudadanía. Nuestros pobres agricultores que sufren permanentemente y trabajan todo el año, se van a ver afectados también por esa situación. Y como la crisis hídrica también va acompañada de la crisis energética, cada vez que necesiten generar más energía van a cortar más los embalses para generar más.

El mismo Departamento General de Irrigación lo ha anunciado, que es “mientras dure la emergencia hídrica”. Es una excusa y van a seguir.

¿Cómo se corrige?

Recuerdo siempre las palabras del Dr. Pedro Frías, jurista cordobés, que fue profesor en la facultad de Derecho Político y ha sido embajador en la Santa Sede, que hablaba siempre de estos problemas y errores de gobierno y decía siempre “los políticos siempre nos escuchan, pero nunca nos hacen caso”.

Creo que hay que genrar un poco de conciencia y esta es la responsabilidad que asumimos nosotros que no tenemos ninguna función pública. Hay que defender lo que es nuestro. Vivimos en un medio que si no utiliza el recurso agua es hostil.

Muchas veces nos hemos planteado el problema este de cómo utilizar mejor el agua. Es una política de Estado que hay que implementarla a través de Departamento General de Irrigación, fomentar el uso moderno del agua por los sistemas presurizados. Hay países del mundo que ya lo utilizan. Acá en San Rafael tenemos algunos empresarios que lo están utilizando. Con pocos caudales de agua están irrigando casi 5.000 hectáreas de olivo. El Estado debería tomar este sistema como modelo para impulsarlo.


El otro gran desafío es que realmente esa obra de trasvasamiento del río Grande al Atuel. Es básico e importante. Hemos elaborado para darle una solución a los pampeanos –porque muchas veces nos hemos planteado si es legítimo su reclamo y hemos concluido que no porque no es legítimo pero pareciera un reclamo razonable- un anteproyecto que le dimos a Jaque cuando era Senador y también a Sanz, de que en lugar de trasvasar 34 metros cúbicos para Mendoza, trasvasáramos 68 metros cúbicos por segundo, 34 para Mendoza y 34 para el Noroeste pampeano. La Pampa tiene derecho concedido sobre el río Colorado. De esta manera Mendoza duplicaría su economía agrícola y triplicaría la generación de energía de los Nihuiles y solucionando el problema de los pampeanos. Esto hay que verlo con convicción a futuro y no con convicción para las próximas elecciones.

Opiniones (1)
20 de octubre de 2017 | 06:41
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20 de octubre de 2017 | 06:41
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  1. estoy de acuerdo con la ley... pero el Valle Grande está vacío! NO HAYA AGUA, SI HUBIERA SEGUIDO SALIENDO AGUA DEL DIQUE TARDE O TEMPRANO SE TERMINARÍA. VAYAN AL VALLE Y VEANLO USTEDES MISMOS
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