Oyarbide procesó al sucesor de Capaccioli

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso hoy el procesamiento sin prisión preventiva de Juan Antonio Rinaldi, ex superintendente de Servicios de Salud y sucesor de Héctor Cappacioli en ese cargo, en el marco de la causa por conocida como "mafia de los medicamentos". El ex funcionario está acusado de integrar una asociación ilícita y por comercializar productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso hoy el procesamiento sin prisión preventiva de Juan Antonio Rinaldi, ex superintendente de Servicios de Salud y sucesor de Héctor Cappacioli en ese cargo, en el marco de la causa por conocida como "mafia de los medicamentos".

El ex funcionario está acusado de integrar una asociación ilícita y por comercializar productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. El magistrado ordenó además trabarle embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de 5 millones de pesos.

Oyarbide procesó además al empresario farmacéutico José Luis Salerno, acusado de liderar una banda dedicada a vender drogas adulteradas y vencidas robadas del hospital Posadas, y en su caso el embargo que se fijó fue 2 millones de pesos.

Salerno, ex comisario de la policía bonaerense devenido en empresario farmacéutico, fue socio de Damián Ferrón, una de las tres víctimas de la masacre de General Rodríguez, y estuvo también detenido en el marco de la investigación por ese crimen.

Por otra parte, la medida alcanzó a ex empleados de Policlínico Bancario. En la nómina aparecen Héctor Ricardo Chiavaroli, quien fue director médico; Ana María Kapfer, ex jefa de enfermeras; así como también la ex directora técnica de la farmacia, Sabrina Andrea Allegrino, y el farmacéutico Carlos Alberto Bonanno.

Todos ellos fueron procesados por vulnerar los artículos 201 y 210 del Código Penal que castigan la venta o suministro de "mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo", y por violar el artículo 31, inciso "d", de la ley de marcas y patentes, que reprime la "comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada".
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