Los jubilados financian el desborde del gasto

El ejercicio fiscal de 2010 dejó un déficit financiero, correctamente medido, de 29.065 millones de pesos. Para cubrirlo debió recurrirse a transferencias del Banco Central, o sea emisión, y a fondos de la Anses. Esta última fuente de fondos ha continuado utilizándose en el primer mes de 2011 con la emisión de letras del Tesoro por 1790 millones de dólares, reconociendo un interés, claramente conveniente para fisco, de 4,5 por ciento anual.

El crecimiento del gasto público excede lo que pudiera esperarse de la inflación y de los requerimientos razonables para cumplir las funciones de gobierno. Los subsidios a empresas sometidas a congelamientos de precios y tarifas así como el crecimiento constante del empleo público han producido un desborde que no puede cubrirse con recursos tributarios, aunque estos alcancen récords históricos. El ejercicio fiscal de 2010 dejó un déficit financiero, correctamente medido, de 29.065 millones de pesos. Para cubrirlo debió recurrirse a transferencias del Banco Central, o sea emisión, y a fondos de la Anses. Esta última fuente de fondos ha continuado utilizándose en el primer mes de 2011 con la emisión de letras del Tesoro por 1790 millones de dólares, reconociendo un interés, claramente conveniente para fisco, de 4,5 por ciento anual. Seguramente no será la última vez que el Ministerio de Economía recurra indebidamente a los ahorros de los jubilados. Según se afirma en la resolución que acompañó estas emisiones, la decisión "se enmarca en un acuerdo con la Anses que ha aceptado suscribir letras del Tesoro en dólares estadounidenses a corto plazo".

Este mecanismo, defendido por el ministro Amado Boudou como una forma de utilizar saldos excedentes para evitar el endeudamiento del Estado, "puede ser un delito", según lo advirtió el camarista Luis Herrero, de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, porque se aplica el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, según el decreto 897 promulgado en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, sólo puede utilizarse para mejorar los haberes previsionales. Se trata, en definitiva, de un flagrante incumplimiento y contradicción con la ley. Esta modalidad de usar los fondos de un organismo público donde no corresponde, al igual que otras vinculadas con la delegación de facultades en materia presupuestaria y la falta de rendición de cuentas en tiempo y forma, legitiman fuertes recelos sobre la forma e imprudencia con que se administra el erario. En un año electoral como el actual, eso potencia sospechas de corrupción. Debería precaverse el Gobierno de crear motivos para todo tipo de especulaciones, teniendo en cuenta que desde 2003 no se ha caracterizado por la transparencia de sus actos, decididos entre pocos como si se tratara de asuntos privados.

Pero el uso de fondos de la Anses entra en el terreno moral. Las demandas por deudas con los jubilados no cesan. En la Cámara de la Seguridad Social hay 31.322 expedientes que representan un 30 por ciento más de causas que en 2009. A su vez, 410.000 expedientes del fuero previsional han sido remitidos a la Corte. La Presidenta vetó el aumento del 82 por ciento móvil, aprobado por el Congreso. Mientras miles de jubilados no cobran lo que deberían y poco trasciende sobre el estado del pago de sentencias judiciales vinculadas en su mayoría con reajustes, el Gobierno utiliza los fondos de la Anses para fines que nada tienen que ver con su origen. Cuando se hizo la contrarreforma jubilatoria, estatizando el sistema de capitalización y fundiéndolo con el de reparto, el gobierno nacional alegó que lo hacía en defensa de los futuros jubilados. Se acusaba a las AFJP de administrar indebidamente los fondos y de cobrar comisiones excesivas. Ambas acusaciones carecían de suficiente fundamento y en todo caso había mecanismos para perfeccionar el sistema, pero aquella campaña oficial creó un clima de aceptación de buena parte de la ciudadanía y también de la oposición. Las mayorías necesarias en el Congreso se obtuvieron convocando apoyos ideológicos y comprometiendo pureza en el uso de los fondos confiscados en beneficio exclusivo de los jubilados.

Por lo visto esto no se ha cumplido. Era previsible que en un gobierno con escasos límites morales se violaría cualquier compromiso o principio cuando la necesidad apareciera. Lamentablemente esto está sucediendo.
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24 de agosto de 2017 | 04:29
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