Ex dueños de Aerolíneas a juicio por estafa 

La Audiencia Nacional de España investigará a los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, ex propietarios de Marsans, por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de dinero público que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les había cedido para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas. Según la denuncia, los empresarios causaron al fisco español pérdidas por valor de 108 millones de euros como consecuencia de la apropiación indebida

La Audiencia Nacional de España investigará a los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, ex propietarios de Marsans, por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de dinero público que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les había cedido para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas. Según la denuncia, los empresarios causaron al fisco español pérdidas por valor de 108 millones de euros como consecuencia de la apropiación indebida.

Hoy se informó que después de muchas idas y vueltas sobre el tribunal competente para llevar adelante el juicio, el Tribunal Supremo de España concluyó el 20 de enero que el caso correspondía a la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, la existencia de  concursos de acreedores en la Argentina y en España, y que el monto defraudado podía "tener grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil".


La historia de la denuncia

En 2001, la SEPI aportó US$ 300 millones (220 millones de euros) a Interinvest, propietaria de Aerolíneas y bajo control de Air Comet, para que se liquidasen las deudas de la aerolínea. Según la investigación abierta, en vez de liquidar esas deudas, la controladora Air Comet utilizó el dinero de la SEPI para adquirir las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas con el fin de controlar los derechos de voto en ese concurso. Gracias a su adquirida mayoría, Air Comet logró que el convenio de acreeedores se aprobase con una quita del 60%.

Al alterarse los términos del contrato firmado entre la SEPI y Air Comet, la investigación abierta por la fiscalía considera que Air Comet había defraudado en el ejercicio fiscal cerrado a 28 de febrero de 2002 la cantidad de 99.049,520,50 euros en el Impuesto sobre Sociedades que pagan las empresas en España. La importancia de la cantidad fue lo que hizo que en su momento el Juzgado 35 de Madrid remitiese a la Audiencia Nacional la investigación, que ésta rehusó, y que ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo, debe asumir.


De un juzgado a otro

El Tribunal Supremo concluyó- según el auto dictado el pasado 20 de enero- que la Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar a Díaz Ferrán y Pascual por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de esos 108 millones de euros. La Sala en lo Penal del Tribunal Supremo estimó el planteo de competencia del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid y otorgó la investigación al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que rechazó tomar el caso.

Según publica la agencia española de noticias Europapress, el Tribunal concluyó que la Audiencia Nacional es la competente para investigar este tipo de delitos fiscales en concepto de fraude, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Considera también que el monto defraudado por los empresarios "puede tener grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil", lo que lleva a reconocer la competencia de la Audiencia Nacional.

Por último, el Supremo afirma que "no cabe duda de la complejidad del asunto", no sólo por involucrar a diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitan tanto en Argentina como en España. En diciembre de 2009, el juez Velasco rechazó su competencia para asumir la querella presentada contra los antiguos propietarios de Air Comet por los interventores judiciales que tramitan la suspensión de pagos declarada de Aerolíneas Argentinas. Fuentes jurídicas señalaron que la fase de investigación está cerrada, por lo que el juez tendría que avalar su resultado y decretar la apertura de juicio oral contra los acusados.
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17 de agosto de 2017 | 09:07
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