Fondos para los municipios: ¿porqué pagó Jaque la coparticipación?

Los detalles de una trama que revela las complejas relaciones entre el poder político y la Justicia y los cuidados de ambos frente a la opinión pública, temor que ayer resolvió en apenas unas horas la novela por los fondos para los municipios.

Otro capítulo de las complejas relaciones que envuelven el poder político y la Justicia quedó al desnudo ayer en el desenlace de la novela veraniega en torno a la coparticipación municipal.

Aunque el oficialismo asegura que fue una “decisión política del gobernador” recomponer la liquidación de los fondos municipales, tal como pedían los jefes comunales de la UCR y del PJ, por otro lado hubo un cóctel de presiones propias y extrañas que casi no le dejaron otro camino.

"En el mediodía de ayer, la Justicia dice que envió a Celso Jaque una notificación en la que la Corte avisaba que iba a entender en el reclamo de los intendentes radicales que habían planteado un amparo por el pago de menos de la coparticipación".

Los cuatro miembros en actividad de la Corte (firmaron Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares, Carlos Bohm, Herman Salvini, ya que los otros dos, Pedro Llorente y Fernando Romano, se encuentran de licencia) habían decidido convertir el amparo en un “conflicto de poderes” para justificar su intervención y establecían plazos (dos y diez días) para que el Gobierno diera explicaciones de por qué no liquidaba la coparticipación según los índices que marca la ley sancionada el año pasado.

Hasta ese momento, la postura de la Corte parecía más bien dilatoria: un escueto decreto firmado entre el lunes y las primeras horas del martes ordenaba que interviniera la justicia de primera instancia, no el alto tribunal, en el amparo de los intendentes opositores de Godoy Cruz (Alfredo Cornejo y Tunuyán (Eduardo Giner).

Ese decreto convenció a medias a los intendentes radicales y despertó en la UCR la sensación de que los ministros de la Corte, más allá de darle trámite al reclamo, simplemente estaban tratando de sacarse el conflicto de encima.

Las especulaciones ganaron la portada de algunos diarios digitales en la mañana de ayer y eso incidió, por lo menos, en los tiempos de los jueces: en el ámbito tribunalicio reconocieron que la decisión de entender en el conflicto Gobierno-intendentes de la Corte podría haber demorado al menos unas 48 horas, pero eso hubiera dañado la imagen de la institución judicial en los medios. “Nadie quería que los diarios dijeran que la Justicia se estaba lavando las manos”, se comentó.

Eso pesó más que el riesgo de recibir más chicanas y amenazas por parte del Poder Ejecutivo, que siempre trata de mantener a raya al presidente de la Corte, Pérez Hualde. Ante cada medida que no le cabe al Gobierno, el jaquismo saca a relucir que considera al jefe de la Corte un hombre de la oposición, debido a que fue nominado para el cargo que ocupa por el radical Julio Cobos.

En el entorno del gobernador desmintieron tajantemente que la amenaza de Corte haya precipitado el anuncio de ayer sobre el pago de la coparticipación completa (el 18,8 por ciento, en vez del 14 por ciento). Es más: desmintieron haber recibido una carta de la Justicia. "A no ser que la Corte nos notifique por MDZ...", dijo con sorna el secretario de la Gobernación, furioso por lo que desde el Ejecutivo se leyó como una maniobra política.

Es que hace unos días, Cazabán había anticipado que “en el proyecto de Presupuesto de 2011 está el 18 por ciento de coparticipación. Obviamente que lo tenemos que aplicar y estamos resolviendo ese problema legal porque no tenemos ni decreto ni partida".

Por supuesto que el gobernador también se despegó públicamente la pelea de la coparticipación de las disputas en la Legislatura por el presupuesto 2011. Al fin y al cabo, se dio el lujo de resolver, recién llegado de sus vacaciones, un conflicto que tomó dimensiones de escándalo durante su ausencia.

El “trabajo sucio” fue del secretario Alejandro Cazabán, no de él, mientras que Jaque salió en búsqueda de aplausos: sólo se atribuyó la autoría de la ley que aumentó los fondos coparticipables, no las maniobras para no pagarlos.

Así, finalmente , tanto el poder político como la Justicia quedaron como que actuaron en beneficio de los ciudadanos en esta pelea. Aunque todo lo dicho hasta aquí demuestra que nunca conviene hacer lecturas tan literales de las cosas.
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