Impulso a la investigación de los fondos de campaña

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer un nuevo allanamiento en busca de material para investigar una arista clave de la causa por la mafia de los medicamentos: la presunta vinculación entre el tráfico de remedios y el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia. El documento buscado es una declaración, ante un escribano   en 2008 por el empresario farmacéutico Gabriel Brito 

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer un nuevo allanamiento en busca de material para investigar una arista clave de la causa por la mafia de los medicamentos: la presunta vinculación entre el tráfico de remedios y el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia.

El documento buscado es una declaración, ante escribano público, hecha en 2008 por el empresario farmacéutico Gabriel Brito; en la que ratifica haber realizado un aporte de 310.000 pesos al kirchnerismo. Ante la Justicia, Brito, que está preso, dijo que aquella declaración la hizo obligado. Sostuvo que el Frente para la Victoria usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (también preso por el tráfico de medicamentos) para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Brito dijo que después, en las oficinas de Héctor Capaccioli -ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña electoral-, lo forzaron a firmar, ante la escribana Sandra Rey, que el aporte había sido voluntario. En el kirchnerismo afirman que todo esto es falso y que tanto la donación como la ratificación las hizo porque quiso.

El allanamiento de ayer se realizó en la escribanía de Rey, en Montevideo 1192. La policía no sólo tenía orden de secuestrar el documento de Brito, sino también cualquier otra constancia notarial vinculada con aportes electorales, lo que da cuenta de la intención de Oyarbide de avanzar sobre el nexo entre los traficantes de remedios y el financiamiento de la campaña Kirchner-Cobos. En 2010, el juez citó a declarar a Capaccioli como acusado. Entonces hizo pública su sospecha de que la recolección del fondos proselitistas había funcionado como una "pantalla" para el lavado de dinero proveniente de negocios oscuros entre el Estado y obras sociales sindicales.

Según informaron a La Nacion fuentes de la causa, durante el operativo de ayer se encontraron otras siete ratificaciones de aportantes en el protocolo de la escribanía, que se secuestró. Además, la División de Unidad Técnica del Delito de la Policía se llevó la computadora con el soporte informático de las actas. El operativo empezó a las 15 y duró más de cuatro horas.

LA NACION se comunicó ayer con la escribana, que no quiso hablar sobre el caso. En Tribunales, ella había sostenido que la ratificación de Brito se había hecho en su oficina, no en la Superintendencia. Ayer, una fuente del Gobierno le restó importancia al tema: "La ley no prohíbe que se certifique una firma fuera de la escribanía. En 2008, nosotros ya no teníamos comando de campaña y nada hubiera impedido la reunión con un aportante en una dependencia pública", afirmó.

Después de cada campaña, toda agrupación debe presentar un informe con el origen y el destino de los fondos utilizados. Pasaron más de tres años y la jueza electoral María Servini de Cubría no resolvió aún si aprobará la rendición de cuentas del kirchnerismo por los gastos de 2007. La Cámara Electoral advirtió que expedientes tan viejos ya deberían estar terminados. No obstante, Servini suspendió el año pasado el trámite de su causa a la espera de definiciones en el expediente penal de Oyarbide.

La ratificación de los aportes que hoy se investigan fueron presentadas por el FPV en la causa electoral. Fue en 2008. La Cámara Electoral había encontrado irregularidades en la rendición de cuentas y le había pedido a Servini que consultara a diez de las 179 personas y diez de las 160 empresas que figuraban entre los aportantes del kirchnerismo si habían hecho las donaciones que les atribuían. En ese grupo estaba Brito. Su empresa, Global Pharmacy, aparecía como donante de 310.000 pesos en efectivo.

En respuesta a ese pedido de la Cámara, los responsables legales del financiamiento de la campaña, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, presentaron ratificaciones ante escribano de algunos donantes. "Lo hicimos en casos en que los aportes no se hicieron con cheques y no teníamos la constancia bancaria. En cuanto a Brito, él no tenía domicilio registrado ante la AFIP y la Justicia no iba a poder citarlo", afirmó una fuente del FPV.

La versión de Brito es otra. El dice haberle dado cuatro cheques (dos de $ 77.000 y dos de $ 78.000) a Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, a pedido de él para solventar deudas. Según Brito, Lorenzo fue quien lo llevó luego a la Superintendencia a que dijera, ante la escribana, que había realizado el aporte. Como consecuencia de esa declaración, el mes pasado Oyarbide hizo una inspección en la Superintendencia, acompañado por Brito.

El sector salud fue uno de los pilares que sostuvieron la campaña Kirchner-Cobos. De los más de $ 10 millones que declaró en 2007 el FPV como aportes de empresas, el 36,5% lo donaron firmas del área, en su mayoría, laboratorios, droguerías y compañías de prótesis e insumos hospitalarios. En algunos casos, el vínculo de Capaccioli con las empresas resulta muy claro: mientras oficiaba de recaudador, tenía a su cargo el organismo que controlaba, por ejemplo, a las obras sociales.

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña denuncia desde hace años vínculos de Capaccioli con empresas del área acusadas de graves delitos. Por ejemplo, con la droguería SeaCamp, que fue investigada por narcotráfico, pertenecía a una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez y había aportado a la campaña.

Ayer, Oyarbide dispuso el secreto del sumario. En los próximos días deberá resolver si, en sintonía con los últimos movimientos de la causa, procesa a Capaccioli.
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