Coparticipación, 300 millones y una jueza "incompetente"

Cuál será el camino que el radicalismo y el justicialismo recorrerán luego del rechazo judicial a los planteos de los intendentes contra el pago incompleto de la coparticipación. Por qué la jueza Miquel se declaró incompetente.

Cuál será el camino que el radicalismo y el justicialismo recorrerán luego del rechazo judicial a los planteos de los intendentes contra el pago incompleto de la coparticipación. Por qué la jueza Miquel se declaró incompetente. Por qué la Legislatura puede terminar aprobando el Presupuesto y la ley Impositiva y los intendentes cobrando lo que manda la ley. La clave está en dos intendentes: Alfredo Cornejo y Rubén Miranda.

Como se sabe la batalla por los 300 millones (la diferencia de copartipación que reclaman los intendentes al Gobierno) tuvo réplicas y escaramuzas en distinto estamentos del Estado la semana pasada. Pero fue la resolución de la jueza civil Silvina Miquel que comenzó a alumbrar a algunas situaciones que no estaban claras por los mandobles entre el Gobierno justicialista y la oposición y la misma interna radical. La instancia judicial abierta por los intendentes radicales encabezados por Alfredo Cornejo generó entonces resultados impensados para los espectadores desprevenidos de la movida de los jefes de la UCR.

Por qué Silvina pinchó la pelota

Si bien oficialmente no se conocieron los fundamentos del pronunciamiento de Miquel se supo con el correr de las horas por qué la jueza adoptó esta actitud. El amparo fue planteado por varias municipalidades contra el Gobierno porque consideraron que el Ejecutivo había violentado el sistema constitucional del reparto de fondos. Sólo para recordar, el Gobierno de Celso Jaque no ha pagado el 18,8 por ciento de la coparticipación municipal tal como lo marca la ley que debía aplicarse desde el 1 de enero de este año. Para ser exactos el Ejecutivo ha goteado a las comunas el 14 por ciento de la masa primaria como lo establece la antigua norma derogada en 2009.

La jueza casi inmediatamente se declaró incompetente porque entendió que esta clase de conflictos entre dos estamentos administrativos de Estado es en realidad un conflicto de poderes y como tal es un caso que debe ser analizado por Suprema Corte de Justicia, el máximo organismo de justicia provincial.
Algunos juristas entendieron que los intendentes radicales intentaron con la presentación ante el juzgado que la magistrada actuara como “gobernadora”. Es decir que ella le dijera al gobierno qué debía hacer. Aclaran los abogados que en realidad el conflicto entre comunas y Gobierno se trata de un caso de Derecho Público y no del fuero privado como normalmente se apela al instrumento del amparo para rectificar una acción violatoria contra un derecho privado.

Cuál sería la salida judicial entonces. Los intendentes deberían ir irremediablemente a la Corte y podrían presentar una acción de inconstitucionalidad o el pedido de una resolución autosatisfactiva. En ambos casos estas presentaciones deberían ir acompañadas por un pedido de una medida cautelar que garantice el flujo del dinero reclamado.

Pero difícilmente las comunas decidan hacer estas presentaciones ante el Máximo Tribunal. El tiempo juega en contra de esta movida radical. Sucede que el flujo de la coparticipación es mensual legalmente hablando aunque el goteo se haga por quincena. Es decir que aún hoy el Gobierno podría recomponer el dinero faltante sin haber incurrido en una transgresión. Además es probable que desde la Corte contesten que no se ha hecho el reclamo administrativo pertinente antes de recurrir a la Justicia. Para colmo, si ocurre como se presume, con Jaque ya al mando del Gobierno luego de gozar de sus vacaciones en playas mexicanas, el Ejecutivo se pone al día entonces se corre el riesgo de que la posible presentación devenga en abstracto. O sea, que no tenga efecto.

De vuelta a la cancha política 

Por lo tanto ante un escenario judicial no propicio hay que volver al terreno de la política. Antes hay que prestar atención en las consecuencias del remezón que produjo el fallido planteo judicial. La movida radical fue útil para conocer quién está con quién en el partido centenario. Por un lado Cornejo y compañía donde se abroquelan los intendentes cobistas Mario Abed (Junín), Gerardo del Río (Rivadavia), Gustavo Pinto (La Paz),  y el radical ortodoxo, Eduardo Giner (Tunuyán). Por otro lado Víctor Fayad y el ex intendente y ex gobernador Roberto Iglesias.

Pero a la vez también dio espacio para los contactos reservados entre Cornejo y el lasherino Rubén Miranda. Allí, en esas conversaciones personales comenzó a vislumbrarse una salida en la que puede desembocar la Legislatura esta semana.

Cuál fue el principio de acuerdo. Fuentes comunales coinciden que el godoycruceño abrió una puerta para que el radicalismo finalmente apruebe el Presupuesto pero no así la ley Impositiva que también está en el Senado.

Jaliff, la palabra de un experimentado director técnico

El puzzle previo se va formando de a poco. El senador cobista y aliado de Iglesias en la interna del radicalismo mendocino, Juan Carlos Jaliff dio más pistas de lo que puede ocurrir en la Cámara alta. “Nosotros vamos a mantener nuestra posición si hay ley Impositiva con aumento entonces el presupuesto debe salir sin endeudamiento. Si Impositiva sale sin aumentos entonces sí estaríamos dispuestos a autorizar un endeudamiento mínimo”, dijo certero el vicegobernador de Julio Cobos.

Se sabe que la ley Impositiva, con suba de tributos, tiene despacho en el Senado por lo que será tratada y es probable entonces que el radicalismo no de su apoyo y el proyecto vuelva a Diputados. Mientras tanto, se mantiene el acuerdo del silencioso compromiso entre Cornejo y Miranda de sacar la pauta de gastos proyectada que será con un déficit acotado.

Los cálculos radicales se completan con el destino de la ley tributaria en Diputados. Sostienen que lo más probable es que los diputados reiteren su votación y el expediente regrese al Senado y que de este modo se imponga la norma con los aumentos establecidos en el proyecto original. Si esto es así entonces sucederá cuando el Presupuesto ya esté aprobado. Por lo que las dos normas pueden terminar aprobadas con la conveniencia de cualquier partido que pretende ganar las próximas elecciones: Impuestos actualizados y con bajo endeudamiento. Para PJ y a la UCR parece una ecuación conveniente con vistas a diciembre de 2011 momento del recambio de mando gubernamental.
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18 de octubre de 2017 | 10:21
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