La Argentina acusada por violar derechos de adolescentes condenados en Mendoza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado Nacional de las violaciones que soportaron cinco jóvenes condenados a cadena perpetua. Tres de esos casos ocurrieron en Mendoza. Uno de ellos se suicidó en la celda de San Felipe. Posible sanción al país, justo cuando se debate por bajar la edad de imputabilidad de los menores.

El 22 de junio de 2005 encontraron a "El Perro" Videla colgado en su celda de aislamiento. Tenía 20 años cuando decidió ahorcarse con un cinturón atado de uno de los barrotes de la habitación de encierro. Cumplía una condena de prisión perpetua. Ricardo David Videla fue condenado cuando tenía menos de 18 años. Era uno de los delincuentes juveniles más reconocidos por esa época.

Fue acusado y sentenciado por dos homicidios agravados en ocasión de robo (el remisero Augusto Zapata fue uno de ellos), otros en grado de tentativas, portación y tenencia de armas.

"El Perro", la condena a prisión perpetua le llegó el 28 de noviembre de 2002 y provocó una reacción de quienes se oponen a este tipo de penas para imputados que delinquieron cuando tenían entre 16 y 18 años. No era la primera vez que en nuestra provincia se leía una sentencia de este tipo. Al contrario: fue la tercera de un total diez fallos similares que se dictaron en Argentina entre 1997 y 2002. La actuación de la Cámara Penal de Menores de Mendoza quedó en el foco de la escena.

Ahora, cuando se debate casi espasmódicamente la edad de imputabilidad de los menores a nivel nacional, MDZ tuvo acceso el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó a la Argentina otra vez al borde de una sanción internacional al acusar al país de haber violados los derechos de cinco jóvenes menores de 18 años condenados a cadena perpetua.

El escrito fue girado, coincidentemente, 8 años después de aquella condena. El 29 de noviembre de 2010 la Cancillería notificó a la directora de Derechos Humanos María José Ubaldini de las conclusiones y las "recomendaciones" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese órgano internacional actúa como fiscal en los casos que juzga la Corte Interamericana. 

El expediente contiene cinco casos de condenados menores de 18 años tres de ellos son de Mendoza. Además del caso de "El Perro" Videla se suman la de los mendocinos César Alberto Mendoza y Saúl Cristian Roldán y los casos de los bonaerenses Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza.

El documento -hasta ahora no ha sido difundido y que está en poder de Ubaldini- se titula: "Informe de fondo César Alberto Mendoza y otros (Prisión y reclusión perpetua de adolescentes Argentina)”. Se trata de un exhaustivo análisis de los casos donde concluye que Argentina a violado los derechos humanos de estos condenados durante la adolescencia. Las condiciones de encierro son buena parte de las acusaciones de la Comisión Interamericana.

Son diez de las recomendaciones internacionales para Mendoza entre las ue se encuentran un pedido de investigación “imparcial” sobre la muerte de Videla. Quienes conocen el contenido del expediente y observan estas exigencias, por los plazos impuestos, no será posible cumplir con este requerimiento internacional por lo que advierten que otra vez Argentina será sancionada por casos de violaciones a las garantías ciudadanas. 

La Convención y el caso de "El Perro"

La Convención sobre los Derechos del Niño fue confirmada y adoptada con rango constitucional en la Constitución del ’94. En su artículo 37, inciso a, ordena claramente: "No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad".

"El caso de Videla llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteo tenía que ver con que, según su abogado defensor, Fernando Peñaloza, la condena iba en contra de las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió con rango constitucional y que rechaza la posibilidad de tratos crueles, degradantes, inhumanos, pena capital o perpetua. "El Perro” nunca llegó a saber si esa apelación prosperaría. Decidió suicidarse dos años más tarde, mientras estaba preso en un calabozo de la Penitenciaría provincial.

"Sin embargo, su historia parece haber servido como marco referencia para las disposiciones judiciales adoptadas desde ese momento. Nunca más la Cámara de Mendoza impuso una pena a perpetua; sobre todo porque, antes de la modificación del Código Penal con las denominadas leyes Blumberg, esa pena consideraba una salida en libertad condicional luego de 15 años de prisión. Actualmente, se puede acceder a ese beneficio después de estar aproximadamente 30 años en la cárcel" recordó MDZ el 28 de noviembre de 2007.

Una historia contradictoria entre lo que se dispone y lo que se hace

Una crónica de Página/12 revisó la historia en junio de 2006. Entre el 20 de noviembre del ’97 y el 24 de abril de 2003, la Justicia argentina fue inconstitucional en 10 fallos que violaron la Convención al sentenciar a perpetua a 11 jóvenes por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Entre ellos, está el caso de Ricardo David Videla Fernández, nacido el 17 de septiembre de 1984. Los otros 10 casos se reparten entre tribunales porteños, mendocinos y uno de Catamarca. Quienes sostienen que la perpetua a menores no es inconstitucional argumentan que en Argentina, aunque la condena lleve agregada la accesoria por tiempo indeterminado, tras 20 años con buena conducta se puede pedir la excarcelación.

El 7 de diciembre de 2005 la Corte Suprema fijó que un menor de 18 años no puede ser condenado con las mismas penas que corresponderían a un adulto en igualdad de circunstancias. El fallo correspondió al caso de Daniel Maldonado, hoy de 28 años, condenado a 14 por un homicidio cometido cuando tenía 16 años. 

Del total de casos, cinco llegaron a presentar su reclamo ante la Comisión Interamericana. Tres de ellos fueron presentados por Stella Maris Martínez, actual titular de la Defensoría General de la Nación, cuando era defensora oficial de los jóvenes César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza (no tienen parentesco entre ellos) y Claudio David Núñez. A ellos se les sumó el caso de Cristian Raúl Roldán Casal. pero ninguno de los cuatro casos fue aceptado por la CIDH por cuestiones de forma. La puerta se abrió recién cuando el abogado mendocino Fernando Peñaloza presentó el caso de Ricardo Videla en noviembre de 2003 y fue aceptado por la CIDH en febrero del año siguiente.

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