Presión tributaria: fácil de subir, dificil de bajar

Nunca en la Argentina la presión tributaria fue tan alta como en la actualidad (32% del PBI), aunque todavía se encuentra a considerable distancia de Brasil (37%). Nunca tampoco el gobierno kirchnerista se propuso bajar impuestos para promover determinadas políticas, a pesar de que en 2010 batió el récord de recaudación a valores corrientes Una prueba es que ahora busca, sin costo fiscal, llevar adelante la saludable intención de extender la bancarización a todo el universo comercial

Nunca en la Argentina la presión tributaria fue tan alta como en la actualidad (32% del PBI), aunque todavía se encuentra a considerable distancia de Brasil (37%). Nunca tampoco el gobierno kirchnerista se propuso bajar impuestos para promover determinadas políticas, a pesar de que en 2010 batió el récord de recaudación a valores corrientes (410.000 millones de pesos). Una prueba es que ahora busca, sin costo fiscal, llevar adelante la saludable intención de extender la bancarización a todo el universo comercial. Y que las entidades del sector hayan reaccionado con el planteo de una reducción del impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente (el mal llamado impuesto al cheque), como complemento de la idea de generalizar la aceptación de tarjetas de débito para fomentar un mayor uso de "dinero electrónico" y paliar así la inédita escasez de billetes de 100 pesos.

En realidad, el proyecto que analizan el Banco Central y la AFIP constituye sólo un apresurado intento de dar algún tipo de respuesta a este último problema, cuya causa está en el empinamiento de la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del peso, que el gobierno se niega a reconocer.

La vía elegida, en cambio, es una buena idea para blanquear aún más la economía y a la vez desalentar el uso de efectivo para reducir el botín de asaltos, callejeros o bajo techo. Pero difícilmente se traduzca en una apertura masiva de cuentas bancarias por parte de decenas de miles de comerciantes. Ya sea porque todavía existe una inexplicable tolerancia oficial ante la competencia ilegal de quienes operan en negro a plena luz del día; o bien porque los desalienta el mayor costo impositivo y operativo que deberían afrontar obligatoriamente, aunque trabajen con todas las facturas en regla. Tampoco es seguro que la aceptación forzosa de tarjetas de débito pueda aplicarse en forma inmediata y generalizada: las comisiones bancarias que el BCRA pretende reducir están reguladas por ley (hasta 1,5% en el caso de las operaciones con tarjetas de débito) y no hay certezas de disponibilidad de equipos y sistemas de comunicación para poner en marcha en todo el país. Por eso dirigentes del sector estiman que lo más lógico sería un esquema escalonado, en función de actividades, montos de facturación y número mínimo de habitantes, como ocurrió años atrás con la obligatoriedad de instalar controladores fiscales. En otras palabras, esta nueva vuelta de tuerca de regulaciones no será tan sencilla de instrumentar como surge de algunas declaraciones oficiales.

Básicamente el sistema tiende a favorecer a los consumidores, que desde hace casi 10 años -cuando fue aplicado de apuro por Domingo Cavallo- reciben una devolución de IVA de 5% (4,3% del precio final) en cada compra con tarjeta de débito. Este beneficio acaba de extenderse hasta fin de 2011, pero excluye las compras superiores a 1000 pesos; las de combustibles o GNC; o de otros productos o servicios que vendan monotributistas. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de sobresaltos. La mayoría de los consumidores se enteró de su existencia en 2001, a raíz del dramático "corralito" bancario que restringía severamente la extracción de efectivo. Ahora este segundo round surge como respuesta oficial a la escasez de billetes en plaza.

Pero, además, fue en su momento la contrapartida del gravamen de emergencia a las transacciones bancarias (1,2% sumando créditos y débitos), que en sus comienzos preveía su cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y luego, como suele ocurrir en la Argentina, llegó para quedarse a través de sucesivas prórrogas. De hecho, la recaudación de este impuesto alcanzó el año pasado a nada menos que 26.800 millones de pesos; o sea más de la mitad de lo que la AFIP obtiene por retenciones a la exportación (45.500 millones anuales) o cinco veces más de lo que recauda por el impuesto a los bienes personales (5146 millones).

Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) demuestra cómo la presión impositiva de todo el sector público (nacional, provincial y municipal) siempre tiende a subir pero es mucho más difícil que baje, aún con ingresos récord. Entre los años 2000 y 2010, saltó de 22,4% a 32% del PBI. De esos 9,6 puntos porcentuales de suba (que significan un aumento de 40%), casi la mitad (4,6 puntos) son explicados precisamente por dos impuestos: créditos y débitos bancarios (1,7% del PBI) y retenciones (2,9%), considerados altamente distorsivos ya que gravan operaciones y no utilidades.

En este marco resulta contradictorio que desde el Estado se proclamen los objetivos de estimular la bancarización y la emisión de facturas para combatir la evasión y a la vez se penalice con un impuesto a quienes operan en blanco a través del sistema bancario. Podrá argumentarse que la AFIP estimula con la devolución de cinco puntos de IVA a los consumidores bancarizados que compran con las cada vez más generalizadas tarjetas de débito (el reintegro para tarjetas de crédito desapareció hace ya varios años). Pero este "sacrificio" fiscal es más que modesto. Según fuentes confiables, los reintegros por este concepto se ubicarían en torno de los 2500 millones de pesos anuales, que equivalen a apenas una décima parte de lo que se recauda por el impuesto a las cuentas corrientes o al 2% de la recaudación neta del IVA.

La base del problema
Paralelamente, las dificultades operativas y de costos para extender la aceptación de tarjetas a todos los comercios (que hasta ahora es optativa y también un factor de competencia), hacen suponer que tampoco sería efectiva en el corto plazo para neutralizar el faltante de billetes de 100 pesos, como alternativa a la resistencia oficial a emitir billetes de mas alta denominación (200 pesos, por ejemplo) para no reconocer el problema de la creciente inflación.

Un trabajo del economista Hernán Lacunza (ex gerente general del BCRA y actual titular de la consultora Empiria), revela que para mantener un poder adquisitivo equivalente al de 2003 se necesitaría que el billete de mayor denominación en la Argentina tuviera un valor de 360 pesos. A su vez, para alinearlo al promedio de las siete economías latinoamericanas más relevantes, debería equivaler a 260 pesos. Este cálculo surge de relacionar los billetes más altos de cada país con el PBI per cápita y muestra que la Argentina comparte con Venezuela la relación más baja (0,28%), mientras que en el otro extremo se ubican Perú (1,62); Uruguay (0,99); México (0,78) y Brasil (0,60).

La comparación internacional tampoco favorece a la Argentina en materia de presión tributaria. Según el estudio del Iaraf, se ubica entre los 10 países con mayor nivel de presión tributaria efectiva con relación al PBI, detrás de Dinamarca, Suecia, Italia, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Reino Unido y Brasil, después de haber trepado cinco puestos en los últimos diez años.

La mayor inflación es un determinante clave de este fenómeno, como lo demuestra la creciente actualización de valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario en provincias y municipalidades. Después de todo, y al igual que los impuestos, también la inflación es fácil de subir y dura de bajar.
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