Seguridad: una materia que se debilita "golpe a golpe"

Los gobiernos nunca le han dado a la seguridad el mismo tratamiento que, por ejemplo, se la otorga a la economía. Este gobierno tampoco. Y luego de poner el tema al tope de la agenda, no atina

Fue el gobierno de Cristina Fernández el que dio visibilidad al problema de la inseguridad: lo hizo al enfocar desde ese punto las ocupaciones ilegales en el Parque Indomaericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apurados por dar una respuesta contundente.

Se creó el Ministerio de Seguridad, luego de que la anarquía reinara y en una medida que podría haberse resuelto con una netamente local, como hubiese sido transferir la Policía Federal al gobierno de la Capital.

Durante la gestión de Néstor Kirchner y más de la mitad del mandato de su esposa, la inseguridad fue un tema que no ocupó la agenda de las políticas públicas.

El único “plan” lanzado por el entonces ministro de Justicia y seguridad Aníbal Fernández consistió, en gran parte, en conformar a proveedores de servicios y bienes para la seguridad que, además –casualmente o no- manejan o tienen llegada a medios masivos de comunicación. Así, ese “plan” consistió en repartir móviles policiales y promover la masiva instalación de videocámaras cosa que, desde la política criminal de un país, no representan nada.

Al crear el Ministerio de Seguridad abrió algunas expectativas. Fundamentalmente, desde el momento en que se consultó, en principio, a sectores que realmente han trabajado en la última década en la generación de una propuesta para gobernar las áreas de seguridad de una manera eficiente y diferente a como se lo viene haciendo desde hace cien años.

Siempre –se evaluó entonces, en una expectativa que duró tan solo un par de días- los políticos se sacaron de encima y les tiraron a los uniformados  la responsabilidad en el tema. Evitaron darle a la seguridad la importancia que se le otorga en un gobierno a la economía. Por ello, mientras en la economía todos los índices están sobre analizados y se ha desarrollado la materia de tal forma que hasta pueden formularse pronósticos, torcer rumbos y medir su impacto, eso no ocurre con la seguridad o con su efecto más temido: la inseguridad.

La decisión de la Presidenta no fue a fondo y su error puede puntualizarse:

- Cedió: eligió a alguien del propio y cuestionado equipo de la Policía Federal para conducirla, con lo cual dejó en ridículo a su jefe anterior, pero no avanzó con la reforma profunda que se prometía, ya que nadie cree que la vaya a poder hacer un miembro del mismo equipo que los desplazados.

- Nacionalizó un problema porteño, imbuida –como todo lo que pasa en Buenos Aires- en una disputa política puntual (y pequeña, si se tiene en cuenta la dimensión que tiene gobernar un país).

- En un mal cálculo, puso sobre sospecha a toda una fuerza apostando todo por otra, la Gendarmería. Pero al no producir la cirugía de fondo generó un efecto dominó: la Federal no responde, la Gendarmería está sobredemandada y abocada tan sólo a la provincia de Buenos Aires y, finalmente, el gobierno de Daniel Scioli en ese estado también quedó estigmatizado, ya que si le tienen que mandar a una fuerza nacional, eso deja en evidencia su incapacidad para garantizar seguridad, para conducir su propia fuerza.

- Otro desliz táctico fue responder de una manera enorme y en cadena nacional de radio y televisión a un problema tan local. Hasta entonces, el gobierno miró para otro lado en materia de seguridad. Y no le fue mal, ya que consiguió correr de la agenda ese problema. La urgencia en responder los llevó a colocar el problema en la cúspide. Y aquí estamos.

- Cuando el gobierno se esmera en desembarazarse de sus responsabilidades en la materia repartiendo culpas a otros, también se equivoca. Transmiten su propia inseguridad al no saber qué, quién, cómo, por qué y para qué, por ejemplo, aviones argentinos llevan droga a España. No lo detectaron. No lo previnieron. Las explicaciones son todas diferentes y de barricada.

En seguridad nada puede quedar al arbitrio de las ingenuidades. La serie de golpes a los bancos, tremendos golpes, por cierto, hay que verlos como un recrudecimiento de las acciones criminales pero, también, hay que abrir la pregunta en torno a la intencionalidad que tienen sus protagonistas con la espectacularidad de los hechos.

Muchas veces son sectores desplazados de la policía los que cuentan con la logística y la inteligencia para perpetrar este tipo de hechos. Otras, si bien no son los actores principales llegan a ser colaboradores, liberando zonas.

En todos los casos, es el Gobierno el que queda en ridículo: o no maneja a los policías o no frena a los delincuentes. Las dos cosas son su responsabilidad.

De esto último se cuelga con facilidad la oposición en un año político: “Caerán por la inseguridad” pronostican, sabiendo que las noticias alimentarán las páginas policiales pero con un espejo muy fuerte en las secciones políticas de los medios. Por ello, los errores del Gobierno en la puesta en marcha de la nueva área ya no son tan sólo tácticos –usando el lenguaje militar al que está acostumbrada la ministra Nilda Garré, “por hache o por be”- sino estratégicos.

Hoy, el recrudecimiento de los casos espectaculares de inseguridad da tela para cortar. Y la respuesta oficial, claro está, comienza a alimentar teorías conspirativas que, aunque pueden llegar a ser atinadas, no satisfacen cuando no se es capaz de detectar a los conspiradores y de someterlos a la justicia.
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