Estuvo detenido en Bolivia por el tema gas; ahora, es funcionario en Mendoza por petróleo

Ayer asumió Pedro Américo Sánchez como titular de la política petrolera en Mendoza. Fue gerente de Repsol en Bolivia, cargo que ocupaba cuando explotó el escándalo internacional de contrabando de gas en ese país. Sánchez fue imputado y detenido por este caso. Pagó una fianza y terminó sobreseído porque se trató sólo de una "falta administrativa".

El ex gerente operativo de Repsol en Bolivia, Pedro Américo Sánchez es el nuevo director de Petróleo de Mendoza. El punto es que Pedro Sánchez que comandó hasta 2004 la Unidad Económica de la petrolera en Mendoza, en marzo de 2006 fue detenido junto al presidente de la compañía en el país del altiplano, el español Luis Gavito, ambos fueron acusados por contrabando de crudo.

 
"Ayer en Casa de Gobierno asumió como director de Petróleo de la Provincia. El acto fue presidido por el ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Francisco Pérez, y el subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía, Walter Vázquez. El nuevo director llamó en su discurso a la unión de todos los sectores involucrados con la actividad petrolera y manifestó el compromiso del Gobierno de promover la actividad", publicó el Gobierno a través de la página oficial.

Los ejecutivos fueron detenidos en la madrugada del 15 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, después de declarar durante 5 horas. Y luego liberados al pagar una fianza de 400 mil bolivianos equivalente a 40 mil euros en ese momento. Los hombres de Repsol se presentaron voluntariamente, luego de que en otras dos citaciones de la justicia boliviana no lo hicieran. Durante una semana se desconoció su paradero. Luego fueron sobreseídos de la imputación penal porque se trató, según la justicia boliviana, las maniobras irregulares fueron declaradas como una "falta administrativa".

Esta es la cronología del caso que envolvió a Sánchez publicada por el diario El Mundo

Año 2005

1 de abril. El diputado Jorge Alvarado, del entonces opositor Movimiento al Socialismo (MAS), anuncia una investigación de las operaciones de exportación de las petroleras por presunto contrabando.

30 de noviembre. La Aduana envía a Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, el informe preliminar de la denuncia de contrabando, que consigna indicios de delito.
23 de diciembre: Andina presenta a la Aduana un descargo al informe de fiscalización.

Enero de 2006

12 de enero. La Aduana concede 20 días a Andina para que presente descargos definitivos.
25 de enero. El nuevo presidente boliviano, Evo Morales, designa al denunciante Jorge Alvarado como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal).
Febrero de 2006

13 de febrero. Gavito se reúne con Alvarado para anunciarle que Repsol se asociará con YPFB para varios proyectos nuevos y, a la vez, le expresa su molestia por las acusaciones recibidas.

17 de febrero de 2006. La Aduana Nacional de Bolivia anuncia una demanda contra la petrolera hispano-argentina Repsol YPF por un presunto delito de contrabando de petróleo valorado en más de nueve millones de dólares -7,54 millones de euros-.

20 de febrero de 2006. La Aduana Nacional de Bolivia formaliza, con el envío de una carta al Ministerio Público, la demanda contra Andina, filial de Repsol YPF.

26 de febrero de 2006. Un fiscal boliviano lanza una orden de busca y captura contra el presidente de Repsol YPF en el país andino, Julio Gavito.

27 de febrero de 2006. El fiscal general de Bolivia revoca la orden de busca y captura dictada contra Julio Gavito después de que el embajador de España mantuviera conversaciones con Evo Morales durante el fin de semana para "expresar la inquietud de Madrid y su voluntad de superar estos acontecimientos".

Marzo de 2006

1 de marzo. La policía boliviana anuncia que la Fiscalía emitió orden de detención contra los principales ejecutivos de Repsol.

3 de marzo. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, se reúne con el jefe de Gobierno boliviano, Evo Morales, y reafirma el compromiso de la petrolera con este país, pese a la tensión causada por la orden de detención.

8 de marzo de 2006. Según un comunicado de Repsol, un juez boliviano ordena la suspensión provisional de la investigación contra Andina al considerar que el delito tiene caracter administrativo y no penal.

9 de marzo. La Fiscalía de Bolivia irrumpe en las oficinas de la filial de Repsol YPF, en un impresionante operativo policial, con el objetivo de requisar documentos y detener a sus dos principales ejecutivos en el país: el presidente, Julio Gavito, y el gerente, Pedro Sánchez.

10 de marzo de 2006. Los abogados de Repsol YPF sostienen la inocencia de los ejecutivos y presentan un recurso de 'hábeas corpus'.

El Gobierno español se pronuncia sobre la situación de Repsol en Bolivia. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirma que el Ejecutivo español tiene "plena confianza" en que Bolivia resolverá la situación de tensión con Repsol YPF.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, asegura que la acción de la justicia boliviana contra los directivos de Repsol no favorece al nuevo gobierno boliviano por el mensaje que envía a la inversión internacional.

13 de marzo de 2006. Ante la desaparición de Gavito y Sánchez, la Fiscalía de la Aduana de Santa Cruz llama a declarar también al portavoz de la filial boliviana de Respsol YPF, Andina, Miguel Cirbián, y la jefa del gabinete de abogados de la compañía, Selenita Céspedes.
Un tribunal de Bolivia rechaza el recurso de 'habeas corpus' presentado por la petrolera.

14 de marzo de 2006. Gavito y Sánchez 'aparecen'y prestan declaración 'voluntariamente' en la Fiscalía. Tras su comparecencia son detenidos por la policía.

15 de marzo. Un juez decreta la libertad de Gavito y Sánchez previo pago de una fianza de 40.000 euros cada uno y la orden de no abandonar Bolivia.

18 de marzo de 2006. El Gobierno boliviano considera "demostrado" que Repsol YPF cometió actos ilegales en su país, en referencia a un presunto caso de contrabando de petróleo, según afirmó el ministro de Desarrollo Sostenible, Carlos Villegas.

22 de marzo de 2006. El presidente de Repsol YPF en Bolivia, el español Julio Gavito, dimite de su cargo para dedicarse a defender su inocencia y la de la empresa.

28 de marzo. La Justicia boliviana suspende la fianza impuesta a los dos ejecutivos de Repsol.

Abril de 2006

12 de abril. Bolivia asegura que no nacionalizará Andina.

28 de abril. La Fiscalía secuestra los equipos de un campo gasífero de Repsol por supuesto contrabando.

Mayo de 2006

1 de mayo. Evo Morales firma un decreto supremo que nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de los hidrocarburos.

2 de mayo. El Gobierno se muestra "profundamente preocupado" por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, mientras que la Comisión Europea lamenta que Bolivia no le consultase antes de aprobar el decreto.

Bolivia expropiará las acciones de Repsol si no llega a un acuerdo con la petrolera y el ejecutivo español convoca al encargado de negocios de Bolivia para protestar por el decreto de nacionalización.

3 de mayo. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce un "problema" en la decisión de Evo Morales pero rechaza modificar la ayuda al país. Adémás, Moratinos acuerda con Morales el envío de una delegación "política y técnica" a Bolivia y la Unión Europea muestra su preocupación por el uso del ejército en Bolivia para ocupar las instalaciones de energía.

Por su parte, la brasileña Petrobras cancela el plan para elevar las importaciones de gas boliviano.

4 de mayo. Bolivia anuncia que Repsol YPF y Petrobras aceptan la nacionalización de los hidrocarburos, aunque la petrolera hispano-argentina desmiente horas después que haya aceptado el decreto. Solbes dice que España debe "defender sus derechos" en Bolivia.

5 de mayo. Una delegación española viaja a Bolivia para tratar la crisis sobre los hidrocarburos con Morales.

9 de mayo. Bolivia nombra a los directores que controlarán cinco petroleras tras la crisis de los hidrocarburos. El Gobierno de Evo Morales rechaza el plazo de 45 días propuesto por Petrobras para lograr un acuerdo, antes de ir a un arbitraje internacional.

Octubre de 2007

El fiscal Rolando Cuéllar, encargado del caso en la fiscalía de distrito de Santa Cruz, confirmó el 31 de octubre de 2007 a la agencia de noticias Efe que la semana pasada dictó el sobreseimiento de la causa penal que pesaba sobre los ejecutivos de la petrolera hispano-argentina y, por ello, se levantaron todos los cargos en su contra.

Cuéllar argumentó que el proceso abierto fue "indebido", puesto que los hechos que se les imputan a los acusados no son constitutivos de delito sino que, en todo caso, se trataría de una falta que debería ser resuelta por la vía administrativa.

Ejecutivos de Repsol YPF en Bolivia consultados por Efe rehusaron hacer declaraciones sobre resolución del fiscal.


Un curriculum "impecable"

Como se ha dicho hasta 2004 Sánchez fue el máximo representante de Repsol en Mendoza.

Desde que se recibió de ingeniero en Petróleo en la Universidad Nacional de Cuyo con altas calificaciones su destino profesional lo llevó por distintas filiales de la petrolera: Buenos Aires, Mendoza, y Neuquén y nuevamente Mendoza. Hasta que terminó recalando como jefe operativo de Andina, la denominación de Repsol en Bolivia.

En Mendoza se casó en 1978 con una profesora de Historia con la que tuvo tres hijos, dos de los cuales viven todavía en Mendoza.

Sánchez goza de un alto prestigio en el ambiente petrolero regional y hasta el momento del escándalo del contrabando de gas boliviano su carrera siempre fue en ascenso. A tal punto que que en 2005, ya siendo responsable de Andina en Bolivia, volvió a Mendoza como uno de los destacados invitados de Repsol a la Fiesta de la Vendimia.

Sin embargo, como máximo referente de Repsol en Mendoza tuvo cuestionamientos por daños ambientales.

Una de las situaciones más patentes en este tópico, mientras Sánchez estuvo al frente de la petrolera aquí, fue la sanción que Irrigación le aplicó a la empresa “porque los fluidos que contenía una pileta (reconocida como Ug2) impactaron negativamente en un pozo de agua dulce”.

En 2003 fue el jefe del proyecto de explotación en el yacimiento de Llancanelo, emprendimiento que quedó varado por decisión judicial de la Suprema Corte a raíz de un amparo ambiental planteado por la ONG Oikos. A fines de ese año Sánchez se mostró reconfortado porque días antes de asumir, Cobos anunció su idea de relanzar el proyecto Llancanelo, aunque sin éxito hasta este año que Celso Jaque reactivó las actividades de explotación en esa área.
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