Un tribunal de la provincia de Buenos Aires penalizó el consumo de drogas en público

En un fallo considerado novedoso, el Tribunal de Casación Penal bonaerense determinó que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es un delito.

De esta manera, la Sala Segunda del máximo tribunal en materia penal en la provincia de Buenos Aires declaró la constitucionalidad de un artículo de la ley de estupefacientes que castiga la tenencia para consumo personal.

Los jueces Carlos Alberto Mahiques y Jorge Hugo Celesia, integrantes de dicho tribunal, confirmaron así la resolución de una Cámara de Apelación y Garantías de Morón.

Los magistrados consideraron en su fallo, al que tuvo acceso el diario El Día de esta ciudad, que "el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737 no resulta inconstitucional".

La norma, declarada inconstitucional por distintos tribunales del país en varias oportunidades, dispone que "la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".

Fuentes judiciales consultadas por El Día afirmaron que "lo que dice este fallo ya lo dijo, aunque no en forma tan directa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Sin embargo -agregaron los voceros-, para esta instancia judicial bonaerense el fallo es sumamente novedoso. Aunque faltará en el futuro un fallo plenario para que sea acatado por los jueces inferiores". El plenario intentaría consensuar la postura de todos los integrantes de la Casación de la Provincia.

En el fallo los jueces sostuvieron que "ciertas y determinadas conductas como es la tenencia de sustancia estupefacientes para el propio consumo, aunque en el plano estrictamente conceptual u ontológico, puedan ser vinculadas con una decisión privada de la persona, relativa a su ámbito de moral individual, no pueden ser consideradas, en el sentido constitucional, como una acción privada exenta a la potestad de los magistrados, en la medida en que no sean ejercidas estricta intimidad".

Los magistrados agregaron que "el hecho de penalizar la tenencia de drogas para el propio consumo, establecida bajo condiciones de mínima publicidad como es aquella que es constatada en la vía pública, pues la misma resulta apta para afectar suficientemente la salud pública, no puede en cambio considerarse con los parámetros de razonabilidad constitucionalmente exigidos" con que se considera el consumo en un ámbito de estricta privacidad.
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