El gobernador tucumano no rinde cuentas

La provincia de Tucumán ya cuenta con una aeronave oficial. Es un jet de seis millones de dólares, adquirido durante el primer gobierno de José Alperovich al frente de la provincia bajo la figura de "avión sanitario". Es usado como un jet ejecutivo.Eso y no otra cosa es el Cessna Citation Bravo que emplean el mandatario y su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, para ir a la Capital Federal y volver, con el pretexto de realizar gestiones públicas


LA provincia de Tucumán ya cuenta con una aeronave oficial. Es un jet de seis millones de dólares, adquirido durante el primer gobierno de José Alperovich al frente de la provincia bajo la figura de "avión sanitario". Sin embargo, es usado como un jet ejecutivo.

Eso y no otra cosa es el Cessna Citation Bravo que emplean el mandatario y su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, para ir a la Capital Federal y volver, con el pretexto de realizar gestiones públicas, en la primavera, el otoño y el invierno. Durante el verano, la familia Alperovich lo ocupa para trasladarse a disfrutar de sus vacaciones en Punta del Este. Así ocurrió en 2010 y así acaba de suceder dos fines de semana atrás.

Que ahora se resuelva comprar con el dinero de los contribuyentes tucumanos un segundo jet, más lujoso y más oneroso, pues su costo final rondará los 9,5 millones de dólares, y que esa transacción se lleve adelante con millonarias desprolijidades, configura una muestra acabada del resultado de siete años de alperovichismo ininterrumpido. En definitiva, esto sólo es posible en una provincia donde el Poder Ejecutivo ha conseguido anular los efectos de todo control sobre el gasto.

El presupuesto de la provincia no es un plan de ingresos y egresos, sino lo que el gobernador ha decidido que sea. Los proyectos de recursos y de gastos de 2004 a 2010 inclusive fueron aprobados por la Legislatura provincial sin que nadie pudiera acceder a una copia de las planillas con las partidas. Ni siquiera los legisladores del oficialismo pudieron contar con ese detalle.

A partir de las insistentes denuncias del diario tucumano La Gaceta , luego reflejadas por La Nacion, en diciembre pasado entregaron copias del proyecto de presupuesto 2011 una semana antes de que se lo votara.

Durante estos años de oscurantismo presupuestario, el empleo de los fondos públicos careció de toda claridad. El Tribunal de Cuentas de Tucumán analizó la cuenta de inversión de 2009 y señaló que durante ese período no puede saberse si todo el dinero que llegó de la Nación es todo el dinero que debía llegar porque no encontraron en los registros del gobierno local la documentación respaldatoria ni se pudo identificar el destino.

La domesticación de la Legislatura, donde los opositores son seis y los oficialistas 43, ha resultado doblemente fundamental para que el Ejecutivo consiga gobernar sin controles. El cuerpo aprueba todo cuanto el Ejecutivo dispone y avaló a mediados del año pasado una refinanciación del 80 por ciento de la deuda pública tucumana. En rigor, Alperovich consiguió que el gobierno nacional le reprogramara a 20 años, y con una tasa del 6 por ciento, un pasivo cercano a los 3500 millones de pesos. Pero a cambio, Tucumán renunció a reclamar judicialmente dineros que la Nación, técnicamente, le adeuda por un monto similar.

Mientras se blindaba el poder de Alperovich, se desmantelaba el Poder Judicial. La obstinación del gobernador por controlar la designación de jueces determinó que Tucumán se quedara sin un Consejo Asesor de la Magistratura, entre fines de 2003 y principios de 2010, lo que provocó que se produjeran 50 vacantes en los tribunales y puso en crisis el servicio público de prestación de Justicia. Eso sí: sólo para los tribunales inferiores, porque Alperovich nunca se privó de vocales de la Corte. De los cinco, ya sentó dos para suplir al par de magistrados que se jubilaron.

Esta es la Corte que, en definitiva, deberá entender en los planteos judiciales que se hicieron en contra de la mayor de las razones por la cual se reformó la constitución provincial: la re-reelección. La carta magna tucumana sólo admite un período de cuatro años, más una única reelección consecutiva para todos los cargos electivos. Pero una cláusula transitoria aclara que a los que asumieron en 2003 y fueron reelegidos en 2007 se les permitirá competir por un tercer período consecutivo en 2011. ¿Por qué? Porque el primer período no será considerado como tal. Contra toda matemática y todo principio de igualdad, el segundo mandato será el primero.

Con semejante régimen de facilidades de gobierno, se entiende acabadamente por qué Alperovich dijo que en los próximos comicios saldrá a pelear, "a matar o morir". En el Tucumán de Alperovich, la Constitución, las leyes y los controles que pautan las normas sólo están para que les dicten excepciones.
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16 de agosto de 2017 | 19:16
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