Servini de Cubría:no al nuevo sistema electoral

La jueza con competencia electoral en Capital Federal María Romilda Servini de Cubría informó a la Cámara Nacional Electoral que no podrá cumplir con el mandato de la nueva ley electoral, lo que haría caer las elecciones internas, simultáneas y obligatorias.La nueva ley electoral obliga a que los jueces a cargo de la confección del padrón lo tengan listo a lo sumo en abril próximo, y ello implica que los fallecidos en 2010 figurarán en los padrones electorales

La jueza con competencia electoral en Capital Federal María Romilda Servini de Cubría informó a la Cámara Nacional Electoral que no podrá cumplir con el mandato de la nueva ley electoral, lo que haría caer las elecciones internas, simultáneas y obligatorias.

Lo hizo a través de dos oficios, en sintonía con lo dispuesto por el juez electoral en la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, quien alegó que el registro electoral en su distrito “estará absolutamente desactualizado y de nada valdrán los esfuerzos que para revertirlo efectuemos”. Según Blanco, “en 18 días no se podrán cotejar tres mil actas, resolverse las aperturas de urnas, las impugnaciones y apelaciones”.

La nueva ley electoral obliga a que los jueces a cargo de la confección del padrón lo tengan listo a lo sumo en abril próximo. Servini les hizo saber a sus superiores que dicha meta será imposible de cumplir. Esto implica que no se ingresarán los cambios de domicilio de aquellos votantes que se hayan mudado a lo largo del año pasado, como adelantó esta semana La Nación, pero además significa que los ciudadanos fallecidos durante 2010 seguirán figurando como electores.

Sólo en Capital Federal, la Justicia electoral tiene en su poder 23.700 documentos de personas fallecidas que todavía no han sido depurados en las listas. “Para cumplir con esta insólita y apresurada orden he debido paralizar la actualización del subregistro de electores, suspendiendo en consecuencia el ingreso en el sistema informático electoral de las novedades de 2010”, dijo Servini.

En el Gobierno no ven con malos ojos que se deje sin efecto la ley aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, ya que en el actual contexto político podría beneficiar más a la oposición que al oficialismo. De hecho, hasta ahora ha postergado su reglamentación, uno de los argumentos que utilizaría la Justicia para suspender su aplicación.
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