Funcionarios kirchneristas en el banquillo

El año que empezó marcará un hito para el kirchnerismo en la Justicia: estarán sentados en el banquillo, por primera vez, altos ex funcionarios del Gobierno acusados de casos de corrupción. Todo indica que Felisa Miceli será la primera ministra del oficialismo que enfrentará un juicio oral  y en marzo será elevada también la causa contra Ricardo Jaime 

El año que empezó marcará un hito para el kirchnerismo en la Justicia: estarán sentados en el banquillo, por primera vez, altos ex funcionarios del Gobierno acusados de casos de corrupción.

Todo indica que Felisa Miceli será la primera ministra del oficialismo que enfrentará un juicio oral -su caso ya se halla en poder del tribunal que la juzgará- y, según estiman los investigadores, en marzo estará elevada también la causa contra Ricardo Jaime por haber recibido "dádivas" durante su gestión al frente de la Secretaría de Transporte, desde donde manejó miles de millones de pesos por año en subsidios.

Miceli irá a juicio por el "caso de la bolsa", el misterioso hallazgo de 100.000 pesos y 31.000 dólares en el baño de su despacho del Ministerio de Economía. La Justicia entendió que nunca pudo dar una explicación de qué hacía esa bolsa allí y la procesó por dos delitos, el encubrimiento de una operación financiera ilícita y la destrucción del acta policial original en la que constaba el hallazgo del dinero. Hace tres meses, la jueza María Servini de Cubría elevó el caso al Tribunal Oral Federal N° 2.

Jaime es investigado por enriquecimiento ilícito y acumuló decenas de denuncias de manejos ilegales como funcionario, pero la causa más avanzada en su contra es por dádivas, por haber viajado en vuelos privados que fueron pagados, en su mayoría, por el Grupo Cirigliano, uno de los principales beneficiarios de los subsidios estatales.

El 10 de diciembre, el fiscal Guillermo Marijuán dio por terminada la investigación y le pidió al juez Claudio Bonadio que elevara la causa a juicio. Fuentes de la investigación calcularon que el expediente podrá cerrarse en los primeros días de febrero y que la Justicia estaría en condiciones de empezar el juicio en la primera mitad de este año.

Mientras tanto, seguirá adelante el resto de las causas que lo investigan. El fiscal Carlos Rívolo está terminando un requerimiento para que Jaime justifique su incremento patrimonial (paso ineludible para avanzar en la causa por enriquecimiento ilícito) y acaban de abrirse nuevos casos en su contra por los mails de su asesor, lobbista y presunto testaferro, Manuel Vázquez, que revelan negocios de dudosa legalidad, montados desde la estructura del Estado.

Otro kirchnerista que será juzgado este año es el líder piquetero y ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía. No está acusado de hechos de corrupción. Enfrentará dos juicios correccionales por pegarle una trompada a un manifestante a favor del campo, durante una movilización en contra de las retenciones, y por llamar golpista al ex presidente Eduardo Duhalde.

También Macri

Pero no sólo hay kirchneristas camino a juicio: el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, carga con un procesamiento confirmado en su contra por asociación ilícita en el caso por espionaje ilegal. Si la Cámara de Casación no revierte esta situación, Macri también podría quedar en condiciones de ser juzgado en medio de este año electoral.

En cuanto al Gobierno, a dos funcionarios cercanos a la Presidenta les espera un 2011 con preocupaciones legales: el secretario de Energía, Daniel Cameron, fue citado a indagatoria para el 8 de marzo por su presunta responsabilidad en el caso Skanska (en el que fueron procesados los ex funcionarios Fulvio Madaro y Néstor Ulloa por supuestos sobornos millonarios) y avanza el caso por presunto enriquecimiento ilícito del secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine. De acuerdo con las declaraciones juradas de Bounine, sus bienes se multiplicaron casi 50 veces en tres años. Bonadio pidió a la Corte Suprema, hace un mes y medio, un peritaje contable.

Con resultado incierto, avanzan, además, causas contra varios kirchneristas que están o estuvieron en el Gobierno. La ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti tiene un pedido de indagatoria en su contra por un presunto mal manejo de fondos; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, es investigado por un supuesto reparto irregular de subsidios al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca); el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, está acusado -entre otros motivos- por su polémica actuación en Papel Prensa, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por los supuestos sobreprecios detectados en la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio. En rigor, De Vido es el centro de varios expedientes, pero ninguno en estado avanzado.

Lo mismo ocurre con la Presidenta, investigada en la megacausa por supuesta asociación ilícita que abarca también a funcionarios y empresarios cercanos a la Casa Rosada. A mediados del año pasado, la Justicia ordenó las primeras medidas para investigar el hotel boutique Los Sauces, que los Kirchner montaron en El Calafate, pero la causa no resulta una amenaza para la Presidenta. Al menos, no este año.
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21 de agosto de 2017 | 16:45
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