Lo detuvieron con 36 pastillas de éxtasis, pero quedó libre

La Cámara Federal consideró que debía ser excarcelado porque no pudo probarse que la tenencia de la droga fuese “con fines de comercialización”. Para justificar su decisión, los jueces citaron fallos recientes que “son más generosos de las garantías constitucionales”.

Un joven que había sido detenido con 36 pastillas de éxtasis quedó libre por orden de la Sala I de la Cámara Federal, que consideró que no pudo probarse que la tenencia de la droga fuese "con fines de comercialización".

Así lo informaron este martes fuentes tribunalicias, quienes dijeron que la medida fue dictada en la última jornada hábil previa a la "feria judicial" del mes de enero y que benefició a Damián Leandro Aranda, finalmente procesado por "tenencia simple" de estupefacientes.

En su resolución de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah citaron fallos recientes de la Cámara Nacional de Casación (máximo tribunal en materia penal) que "son más generosos de las garantías constitucionales" que los que existían con anterioridad.

En ese sentido, le recordaron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que "los precedentes que ha citado" para dictar el procesamiento con prisión preventiva de Aranda "han sido superados por otros más generosos de las garantías constitucionales en juego", en los que se analizan los riesgos procesales concretos y no sólo las calificaciones legales.

De esa manera, los camaristas afirman que el juez instructor dictó la prisión preventiva basándose exclusivamente en el monto posible de condena (de 4 a 15 años para la tenencia con fines de comercialización), sin enumerar cuáles serían los potenciales riesgos que padecería la investigación si el imputado recuperase su libertad.

De las constancias del expediente se desprende que Aranda fue detenido en "un local bailable" y que llevaba 36 pastillas de éxtasis, una cantidad que los magistrados consideraron "considerable" pero que ello, de por sí solo, no permite probar la "ultraintención" de la venta.

En primera instancia Canicoba Corral procesó al joven por tener estupefacientes con fines de comercialización, delito penado con entre 4 y 15 años de cárcel, mientras que los camaristas al recalificar el hecho lo procesaron por tenencia simple de estupefaciente, por el que podría ser condenado a entre 1 y 6 años de cárcel.

Además, la Cámara ordenó al juez que profundice la investigación en torno a "verificar la condición de consumidor" del joven y "las circunstancias que rodearon su detención".

"Siendo que la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, debe descartarse toda restricción de la libertad", dijeron los magistrados.

No obstante, explicaron que ese principio tiene excepciones cuando se está ante la "existencia de riesgos procesales concretos; esto es, peligro de fuga o entorpecimiento en las investigaciones", extremo que no estaría acreditado en este expediente o al menos no fue desarrollado por el juez instructor.

Por ese motivo resolvieron confirmar parcialmente el procesamiento y declarar la nulidad de la prisión preventiva dictada por el juez Canicota Corral.

 
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21 de agosto de 2017 | 19:47
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