Juicio por delitos de lesa humanidad: La fiscalía también pidió perpetua

Como lo había hecho la querella la semana pasada, el Ministerio Público pidió prisión perpetua para Ruiz Soppe, Labarta y Guevara. Sin embargo, y a diferencia de la otra parte que había pedido 12 años de prisión para Egea Bernal, la fiscalía sólo pidió 6.

El Fiscal Dante Vega comenzó su segunda alocución en esta etapa de alegatos, hablando de manera más técnicamente jurídica que ayer. Habló de la Teoría de dominio del hecho en la que explicó que existe una coexistencia entre autoría mediata con la coautoría, existe la atribución delictiva para quienes se encontraban en posición jerárquica ante otros que eran sus subordinados.

Habló de un “plan sistemático por lo menos desde febrero de 1976 en San Rafael”. Los máximos responsables de la zona, dado sus cargos era el Mayor Suárez por el Ejército y el Comisario Ruiz Soppe por la Policía de Mendoza. Aunque este último haya insistido en deslindarse de los hechos que se investigan, su participación es necesaria por la cantidad de hombres que tenía bajo su mando, unos 600 efectivos, lo que le daba dominio de control de prácticamente la mitad de Mendoza. “Quiso disfrazar hechos para eludir su responsabilidad en el contexto delictivo que aquí se está investigando. Se ha escudado en el Mayor Suárez para eludir responsabilidades”, dijo Vega.

El Fiscal también habló del “cinismo” de Soppe que “juró por sus nietos que se enteró que en San Rafael había desaparecidos en 2006”. Aseguró que “eso insulta la inteligencia del tribunal, de los presentes y miente”. Al igual que la querella la semana pasada, la fiscalía mostró contradicciones en el discurso de este imputado, el único que declaró en el debate.

Sobre Labarta el Fiscal habló sobre su actuación en el D2, como alguien que “pasó a ocupar un lugar esencial en el aparato terrorista estatal”. Explicó que el D2 sanrafaelino no fue un centro de detención clandestino como el de Mendoza, pero que a menor escala cumplió las mismas funciones. Refiriéndose al trabajo de Labarta en esa dependencia policial, Vega dijo “el destacado deportista que a la vez era un oscuro funcionario policial se infiltraba en las organizaciones políticas y gremiales y recababa datos de sus integrantes a partir de febrero del ’76, se transformó en el proveedor de la información básica que necesitaban los militares para imponer el terror”.

Sobre el Dr. Egea Bernal dijo que “intentó barnizar de legalidad actos ilícitos”. Durante la etapa de instrucción, Egea perjudicó a Soppe al decir que “el otorgamiento de libertades mediante actas fue ideado por ese comisario, para resguardar a la Policía de Mendoza y evitar cuestionamientos contra la institución”.

Sobre el Teniente Coronel Guevara (entonces Teniente), el Fiscal dijo “niega los hechos que se le atribuyen. Se cuida de no mencionar ningún episodio en particular. Reconoce haber participado en dos o tres operativos de detención de personas aclarando que fueron ordenados por su superior pero que no presenció ni participó de interrogatorios de personas”, y agrega que “su problema es justificar su presencia en la departamental a partir del 31 de marzo o sea la ‘fatídica’ fecha de libertad de Sandoval y Tripiana, en la que figura como presente junto con otros imputados”. Encuentra algunas contradicciones en su testimonial de la etapa de instrucción.

El Fiscal explicó que entre el grado de mayor y el de teniente hay grados intermedios, y que según Guevara “recibía órdenes de distintos superiores de la carrera de mandos pero no quiere dar nombre de los mismos y su identificación es responsabilidad de otra persona, no de el”. Al respecto Vega le da la razón y admite que en Estado de Derecho no es el imputado el que tiene que aportar la prueba, pero eso hace referencia a la prueba incriminativa, no a la de descargo. “Evidentemente el mencionar qué mandos intermedios existían entre Suárez y Guevara le hubiese ayudado a éste a clarificar su posición dentro del aparato militar que usurpó el poder en San Rafael”, dijo.

Luego de un cuarto intermedio hizo la última exposición de Ministerio Público el Fiscal Francisco Maldonado. Primeramente solicitó que se extraiga compulsa contra: Braulio Navarro Chirino, el policía Hugo Trentini, el policía Pedro Carrió López, el policía Oscar Pérez, el policía Daniel Guajardo, el reverendo Franco Revérberi, el médico José Miguel Ruiz Pozo, Luis Sabes, el policía Orlando Gutiérrez, el policía Tomás Rojas y el jefe de infantería al momento de los hechos, Pierino David Massaccesi.

Después fundamentó el pedido de penas. “Deben ser aplicadas para evitar la impunidad, y la imposición de penas a los enjuiciados por estos hechos significa que el Estado no omitirá rendir cuentas respecto de crímenes que fueron la expresión de la exorbitancia, de la arbitrariedad, del sistema punitivo acaecido hace 34 años”, dijo. Aseguró que no se los trató a los imputados “como enemigos” y “de no hacer lo que ellos hicieron con sus víctimas”. Explicó que “no existen dos derechos sino que fueron los miembros de ese gobierno quienes usaron la fuente productora del derecho, el Estado para cometer los hechos. Son ellos quienes rompieron las reglas de reciprocidad preestablecidas que dan base al principio de legalidad”.

El pedido de penas fue:

A Raúl Alberto Ruiz Soppe, por el delito de privación ilegítima de la libertad agrabada en concurso real con el delito de tormentos agrabada, por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en concurso real con homicidio agrabado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas por tres hechos en concurso real y en relación a las desaparición forzada de Tripiana, Osorio y Sandoval como autor mediato y todo a su vez en concurso real con los delitos de falsedad material y falsedad ideológicas de instrumento público por tres hechos en concurso real y en relación a los casos Tripiana, Osorio y Sandoval en calidad de autor y todo a su vez en concurso material con el delito de asociación ilícita calificando a los anteriores como delitos de lesa humanidad, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas.

A Aníbal Alberto Guevara Molina y a Juan Roberto Labarta, por los delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso real con el delito de tormentos agrabada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con homicidio calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas, todo lo anterior por cuatro hechos en concurso real y en relación a la desaparición forzada de Tripiana, Osorio, Sandoval y Berón, todo en calidad de coautores en concurso real con el delito de asociación ilícita agrabada y calificando a los anteriores como delitos de lesa humanidad, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas.

Al Dr. Raúl Egea Bernal, por el delito de falsedad intelectual y material en el caso del acta de libertad de Francisco Tripiana y falsedad intelectual en los casos de las actas de libertad de Osorio, Sandoval y Berón en concurso real con el delito de asociación ilícita agrabada y calificados los mismos como delitos de lesa humanidad, la pena de 6 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo que dure la condena.

Los acusados escuchan al Dr. Francisco Maldonado

“Porque no es posible conformarnos con migajas de legalidad, un poco de garantías y de derecho, en representación de la comunidad argentina y de las víctimas, de las que no están, solicito la condena en los términos expuestos a los acusados como forma de ofrecer la debida y suficiente tutela de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Nacional”, finalizó el Fiscal.

Terminando la jornada, el hijo del desaparecido Francisco Tripiana iba saliendo y les gritó a los acusados “¡rompan el pacto de silencio y digan dónde están los cuerpos!”. El imputado Egea lo apuntó con el dedo al escuchar sus palabras.

La semana que viene empiezan los alegato de los abogados defensores, primero será la defensa del Teniente Guevara integrada por los Doctores Eduardo San Emeterio y Ricardo Curutchet, luego la de Ruiz Soppe a cargo de Rufino Troyano y el miércoles terminaría con las de Labarta y Egea Bernal cuyo abogado es Ramiro Dillon.

Luego el Tribunal podrá tomarse hasta 10 días hábiles para dictar sentencia.

Opiniones (1)
27 de Abril de 2017|02:27
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27 de Abril de 2017|02:27
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  1. Como se esperaba tanto los abogados como la fiscalia no hicieron otra cosa mas que apuntalar su denuncia en suposiciones y dichos, pero en ninguna prueba, ni evidencia. Ahora la decision esta en las manos del tribunal, quienes deben decidir si van a culpar y condenar a personas inocentes solo por saciar la sed de venganza o si van a actuar conforme a derecho...
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