Por qué no puede existir objeción de conciencia ante el matrimonio igualitario

Pablo Abiad, periodista y abogado, hace un análisis sobre reacciones similares a las planteadas por el gobernador Celso Jaque frente a la ley de matrimonio gay. Ningún funcionario está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo, sino que deben aplicar las leyes vigentes. La columna fue publicada por el diario El Cronista Comercial y es reproducida por MDZ.

En todas las épocas hubo quienes se negaron a cumplir normas que consideraron injustas invocando valores superiores. Sófocles registra el episodio más antiguo de Grecia: Creonte, el rey de Tebas, le impide a Antígona celebrar ritos fúnebres sobre el cuerpo de su hermano y ella lo desoye porque -dice- no existe ley más sagrada que las de los dioses. Agustín de Hipona dirá que la ley intrínsecamente injusta ni siquiera debe considerarse ley. Y Tomás de Aquino agregará que las normas opuestas al orden divino deben ser desobedecidas. Tomás Moro es un prototipo de obediente: termina en la horca por rechazar el matrimonio supuestamente ilícito de su monarca. Ya con el Iluminismo, los contractualistas irán estableciendo la idea de que no hay sociedad sin el debido apego a los pactos entre los hombres.

Como la hija de Edipo o el canciller de Enrique VIII de Inglaterra, lo que entiende el objetor de conciencia es que hay motivos éticos, morales o religiosos que pueden llevar a apartarse de un deber legal. Más contemporáneamente, en los Estados Unidos de los años ’30, dos estudiantes testigos de Jehová se arriesgaron a perder sus matrículas en una escuela por oponerse a saludar la bandera nacional. Los supuestos más frecuentes son las negativas de diversos jóvenes a prestar un servicio militar obligatorio o entrar en guerras amparándose en valores contrarios al uso de armas.

En toda esta línea pretende inscribirse una jueza de paz de General Pico (provincia de La Pampa) para no casar, algún día, a dos personas de un mismo sexo. “La Biblia me enseña que primero tengo que obedecer a Dios y, después, la ley de los hombres”, señaló la magistrada en una entrevista periodística. La ley que crea el matrimonio igualitario, que pone a la Argentina en un grupo de seis naciones en el mundo que reconocen este derecho, fue sancionada por el Congreso la semana pasada.

La primera curiosidad de esta reacción de la jueza pampeana es que no se produjo frente a ningún pedido concreto de dos hombres ni dos mujeres, sino como advertencia frente a posibles presentaciones en su juzgado. Su superior jerárquica tuvo que salir a aclarar que, llegada esa situación, otro juez de paz de General Pico la subrogará para garantizar este flamante derecho igualitario al matrimonio.

Reacciones similares van a generarse en otros puntos del país. Y no parece esa la respuesta que un Estado deba dar frente a la consagración de un derecho. La jueza de General Pico no es una objetora de conciencia; su negativa no es a título de ciudadano que resiste el cumplimiento de una ley injusta; en otras palabras, la jueza no tiene que casarse con nadie, es una funcionaria cuyo trabajo consiste -casualmente en aplicar las leyes que emanan de un poder del Estado distinto del suyo. Lo que podría hacer, en todo caso, es dejar constancia de su posición en la propia acta mediante la cual cumpla con su obligación de casar a quien se lo solicite. O renunciar. Negarse a aplicar el Derecho, negarse a hacer efectivo un derecho que la ley y la Constitución confieren a terceros es una buena causa para someter a un magistrado a un proceso de destitución.

Declaraciones como la del titular de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet (‘El abanico de posibilidades que trae esta ley es impredecible y lo vamos a ver con el tiempo. Nadie va a poder hablar o predicar, se acaba de explotar una bomba atómica en el centro neurálgico de la sociedad argentina’), permiten imaginar que las acciones judiciales contra la nueva ley van a ser numerosas, con o si máscara de resistencia civil. Según versiones periodísticas, la Corte Suprema ya se acercaba a una mayoría para ratificar la constitucionalidad del matrimonio igualitario.

El máximo tribunal de nuestro país trató casos de objeción de conciencia estricta hace relativamente poco tiempo. En 1993, basándose en el principio de reserva (artículo 19 de la Constitución), le dio la razón a otro testigo de Jehová que se resistía a una transfusión sanguínea por razones religiosas (fallo ‘Bahamóndez’). Unos años antes, la Corte había hecho lugar parcialmente al pedido de un joven que consideraba el servicio militar afectaba, también, sus valores personales (‘Portillo’).

En ambos casos, los jueces miraron a los dos reclamantes como simples ciudadanos frente al poder estatal. Mal podría plantearse una objeción de conciencia frente a una ley como esta cuando no obliga a nada a ningún ciudadano y que, muy por el contrario, logra poner a todos en un pie de igualdad.

 

*Pablo Abiad es periodista y abogado.

Opiniones (3)
16 de diciembre de 2017 | 08:16
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16 de diciembre de 2017 | 08:16
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  1. Desobediencia civil
    En la nota habla de Santo Tomás Moro, parte del estado que se negó a cumplir una ley dictada por el estado (Enrique VII) y murió decapitado. Es Martir. La desobediencia civil es una opción. Yo renuncié a un trabajo por no estar de acuerdo con la política de sus dueños. Yo emigré de provincia para no avalar la misma política. La DESOBEDIENCIA CIVIL es una opción, porque los oficiales del Registro civil también son ciudadanos como Santo Tomás Moro.
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  2. ¿Thomas More?
    Me parece que Thomas More fue decapitado.
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  3. Si tuvieramos que obedecer ciegamente las idioteces que nos mandan los de arriba, la ley de obediencia debida seria correcta y Reynaldo Benito Bignone todavia seria presidente.
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