¿Qué pasa si uno de los represores se "quiebra" y cuenta todo?

Raúl Alberto Ruiz Soppe pidió declarar. Era el jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza. Se barajan dos opciones: que se "quiebre" y cuente toda la verdad sobre lo que ocurrió con los desaparecidos o que reivindique su actuación durante la dictadura y que de algún modo busque justificarse.

Desde que Raúl Alberto Ruiz Soppe dijo que quería declarar, se abrió una nueva dimensión en el primer juicio por delitos cometidos durante la última dictadura militar en San Rafael. Ruiz Soppe no es personaje menor en esta historia. En esa época, tenía la estratégica responsabilidad de ser el jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza. Y sabía perfectamente cómo operaban las fuerzas de seguridad para llevar adelante el plan sistemático de secuestros y desaparición de personas.

Que Ruiz Soppe haya dicho al tribunal que declarará el próximo lunes es una señal que invita a esperanzarse con un cambio radical de actitud; con el “quiebre” de un imputado que puede llegar a contar los puntos más oscuros y nunca conocidos de las operaciones llevadas a cabo durante la represión ilegal. Y si es así, tal vez –sólo tal vez- se pueda determinar qué sucedió con Francisco Tripiana, José Berón, Roberto Osorio y Pascual Sandoval, los cuatros sanrafaelinos que desaparecieron y por los cuales Ruiz Soppe está acusado de privación ilegítima de la libertad.

Después de dos agotadoras jornadas de lecturas para escuchar los argumentos del fiscal federal Francisco Maldonado y del juez federal Raúl Acosta sobre por qué estos casos debían llegar a un juicio oral, el final trajo la mejor parte. El presidente del tribunal, Roberto Burad, dio por iniciado formalmente el debate y preguntó si alguno de los imputados deseaba declarar. Ahí empezó a escribirse una nueva historia, completamente distinta a la que por ahora muestra el expediente.

Ruiz Soppe manifestó su voluntad de contar su versión de los hechos. José Martín Mussere (enlace entre la Policía y los mandos militares) y Juan Roberto Labarta (integrante del D2 en San Rafael) se negaron. Y Alberto Guevara (era teniente del Ejército) y Raúl Egea (trabajaba como abogado policial) dejaron la puerta abierta para, quizá, cuando el juicio haya avanzado lo suficiente, hacer una revisión histórica.

Entre los imputados también aparecen Luciano Benjamín Menéndez (era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y Cristóbal Ruiz Pozo, pero están ausentes en este debate. El primero, porque está compareciendo en Tucumán en un juicio en el que enfrenta cargos similares. El segundo está tan enfermo que, según el parte médico dado a conocer, es probable que no llegue vivo al final del debate, y por lo tanto el juicio para él quedó suspendido.

Hasta el momento, en diferentes puntos del país han existido casos de imputados por delitos de lesa humanidad que decidieron declarar. La mayoría, lo hizo para reivindicar la participación que tuvieron en los hechos y para justificarse de manera falaz al decir “que en esos años en Argentina había una guerra”. De ese modo pretendieron soslayar el hecho de haber sido integrantes de la maquinaria terrorista puesta en marcha por el Estado.

Pero que Ruiz Soppe se haya mostrado tan convencido de hablar puede representar una postura diferente. Es un condimento más en un juicio con características extrañas si se tiene en cuenta lo que se investiga. A saber: los militantes de los organismos de Derechos Humanos que llegaron hasta el lugar, a pesar de ser pocos, no han mostrando un clima hostil contra los imputados. Tampoco hubo incidentes entre familiares de un lado y del otro. Y el combo se completó cuando el hijo de unos de los acusados se acercó a saludar al de una de las víctimas.

La atención está puesta en el juicio y las decisiones del tribunal. Sólo se busca justicia. Aunque, en una de esas, si aparece algún arrepentido, también se pueda saber qué ocurrió con las víctimas luego de que fueran secuestradas y torturadas. Y así reemplazar los puntos suspensivos por un punto final que permita cerrar la historia de estas personas.
Opiniones (4)
25 de Julio de 2017|13:54
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25 de Julio de 2017|13:54
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  1. SI UNO SE QUIEBRA Y HABLA SE CAE LA ESTANTERÍA Y PUEDEN QUEDAR IMPLICADOS POLÍTICOS, SACERDOTES, ABOGADOS, EMPRESARIOS, ETC. ETC.
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  2. Ojala hablaran, pero no sólo esos militares, sino también todos aquellos civiles que estaban detrás de los uniformes: empresarios que enviaron a la muerte a obreros o empelados suyos pesándole las listas a los grupos de tareas, profesores que condenaron a muerte a colegas y alumnos, jóvenes que en las noches ponían bombas y/o participaban de los operativos militares. Toda esa gente esta quebrada, porque no se puede torturar y asesinar sin perder el equilibrio mental, pero no hablarán. Cosas de la vida, como la mayoría son muy católicos, por más que la Iglesia fue cómplice, Dios los asusta y tiemblan por lo que han hecho, pero no hablaran, no al menos para decir la verdad.
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  3. POR QUÉ NO PUBLICAN ABSOLUTAMENTE NINGUNA NOTICIA ACERCA DE LOS INTOCABLES ??? O SEA ERNESTINA HERRERA DE NOBLE Y LA INNOBLE Y VERGONZOSA Y PRIVILEGIADA CONDUCTA DE ESTA FAMILIA ...SOLO VAN EN CANA LOS POBRES EN ESTE PAIS .LOS PODEROSOS TIENEN IMPUNIDAD ASEGURADA!!!!!!Y PROTECCIÓN SOBRETODO EN LOS MEDIOS ....VIVA LA DESINFORMACIÓN ,GRACIAS ,GRACIAS , GRACIAS , GRACIAS , GRACIAS Y OTRA VEZ GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!
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  4. Estos juicios que en el imaginario periodístico lo califican como histórico por lo espectacular, en realidad van a ser históricos, por que es una FANTOCHADA DE JUICIO. Los imputados, son imputados, POLITICOS, fueron DETENIDOS POLITICOS, y serán CONDENADOS POLITCOS. Al menos por las 22 violaciones al derecho que a continuación se detallan: 1. Anulación de los indultos que los beneficiaban, dejando vigentes en una desvergonzada decisión propia de estados totalitarios los que protegían a los miembros de las organizaciones terroristas. 2. Anulación de las leyes llamadas de obediencia debida y punto final. 3. Violación del principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces que designaba la ley antes de los hechos de la causa. 4. Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes y no ajustada a sus fines cautelares. 5. Violación al principio constitucional de presunción de inocencia. 6. Negación de excarcelaciones bajo fianza. 7. Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural. 8. Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados. 9. Imputación de delitos de "lesa humanidad" y de la figura de "genocidio", categorías que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional. 10. Violación del principio de igualdad ante la ley. 11. Violación del principio de irretroactividad de la ley penal. 12. Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos. 13. Violación del principio de aplicación de la ley más benigna. 14. Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual. 15. Violación del principio de territorialidad. 16. Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas. 17. Violación del principio de doble instancia. 18. Inobservancia de la garantía constitucional del derecho de defensa. 19. Cercenamiento del derecho a repreguntar a testigos. 20. Inobservancia de la garantía de intervención del juez dentro de su competencia. 21. Inobservancia de la garantía constitucional del juez imparcial. 22. Aceptación de testimonios de testigos abiertamente mendaces. Es decir que estos juicios, es para disimular la venganza facciosa, y para que no se diga que el la Argentina democrática existen presos políticos, nada mas, a parte del millonario negocio de las indemnizaciones que ello conlleva, una vergüenza para la REPUBLICA.
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