Entre Nación y provincias

En la Argentina que siguió a la caída de Rosas, el poder de las armas aparece unido a la construcción del Estado liberal Milicias y ejército se convirtieron en actores cruciales aunque no excluyentes de ese proceso. Una nota de Beatriz Bragoni.

En la Argentina de mediados del siglo XIX la construcción del Estado nacional era todavía un asunto pendiente. El pacto político sellado en la constitución jurada en 1853, y reformada en 1860, si bien constituyó un hito decisivo en el proceso de unificación política, no resultó suficiente para asentar un orden político estable entre las provincias argentinas.

Este habría de sobrevenir treinta años después para cuando el sistema de alianzas y rivalidades que habían dominado el escenario posterior a Caseros, cediera su paso a la emergencia de un sistema político nacional liderado por una nueva clase política que, imbuida de los preceptos liberales, hizo primar la autoridad de la nación por sobre cualquier poder rival o competencia.

Milicias y ejército se convirtieron en actores cruciales aunque no excluyentes de ese proceso. No sólo porque el factor coactivo resulta un ingrediente insustituible de todo poder estatal moderno sino porque ambas instituciones se convirtieron –como en la mayoría de las naciones hispanoamericanas resultantes del colapso del imperio español- en vehículos de inclusión y participación política que desde los tiempos de la independencia habían trastornado completamente los canales de transmisión de autoridad y poder prevalecientes en el antiguo régimen colonial, convirtiéndose en un dilema crucial del orden posrevolucionario.

Aun más, tengo la impresión que aquella suerte de sociabilidad guerrera ensayada en el momento de la revolución de independencia, parece haber representado una experiencia colectiva que incluyó a conglomerados de individuos y grupos sociales nunca antes conocida en el espacio rioplatense, y sujeta a una movilidad territorial por incentivos políticos sin precedentes con capacidad de generar identidades nacionales no necesariamente idénticas a las que habrían de prevalecer después de 1830.

Ahora bien, si caben pocas dudas sobre la centralidad de aquel formidable proceso de militarización y politización popular, no resulta menos relevante advertir su impacto en la erección de la pirámide caudillesca que sucedió a la pulverización de las Provincias Unidas en 1820 al hacer descansar sobre esos contingentes inestables de milicias cívicas movilizadas, el nervio transmisor de la acción política colectiva que superó en mucho las bases sociales del rosismo alcanzando la casi completa geografía de la Argentina criolla.

Menos aún ha de sorprender que la emergencia de esos liderazgos no resultaba del todo independiente ni de los marcos institucionales o normativos que organizaban los precarios y/o desiguales poderes provinciales convertidos en flamantes soberanías independientes, ni tampoco del complejo sistema de alianzas y hostilidades interprovinciales que estructuraron, aun en la inestabilidad, la institucionalización del poder nacional en el siglo XIX.

En las últimas décadas la historiografía ha mejorado la comprensión del violento y creativo proceso de construcción estatal edificado entre 1852 y 1880: de Jujuy a Corrientes, de La Rioja a Mendoza, de Tucumán a Santa Fe, de Entre Ríos a Buenos Aires emanan evidencias firmes de las formas asumidas por ese radical proceso de transformación de integración política y territorial que hizo del archipiélago de provincias un edificio republicano capaz de subsumir las tradiciones políticas que hasta entonces habían sido pensadas de convivencia imposible.

En ese resultado, las elites provinciales habrían de cumplir un papel protagónico: no sólo en lo que atañe a la edificación de los poderes públicos en el variado mosaico de poder de la Argentina independiente, sino en relación a la compleja trama de relaciones de negociación y conflicto que contribuyeron a conducir cadenas de obediencia al interior de cada fragmento del espacio político argentino, para hacer de ellas un resorte decisivo de la conquista de obediencia al Estado nacional en detrimento de sus rivales.

En cualquiera de los casos, las evidencias reunidas sobre diferentes experiencias políticas provinciales han puesto algunos reparos a las vertientes historiográficas que hacían del poder central un actor externo a las situaciones provinciales, o que en última instancia, y tal como fue advertido oportunamente por Natalio Botana, terminaban asociándolo de manera directa con el predominio de la provincia de Buenos Aires. Mirado con mejor detalle, ese denso proceso de estructuración política pone evidencia el resultado de un proceso de ida y vuelta a través del cual las elites locales debieron traccionar la obediencia de la periferia a su favor, al tiempo que se vieron obligadas a resignar las posiciones adquiridas, o bien integrarse a un nuevo actor colectivo- la elite política nacional- la cual pasaría a ocupar un papel primordial en el también nuevo estado de cosas.

En tal sentido, el proceso de centralización política que redefinió las relaciones entre nación y provincias en el ciclo político que se clausura en 1880, difícilmente pudo eludir sino que tuvo que disponer de prácticas e instituciones políticas creadas primero en la dimensión local de poder, y que su efectiva transferencia propició la conducción de cadenas de autoridad de la periferia al centro político.

En ambas instancias, milicias y ejército habrían de operar decididamente al arbitrar dispositivos claves en función de un mandato constitucional que para hacerse efectivo debía modificar radicalmente el protagonismo que había adquirido en décadas anteriores, y aceptar en última instancia la subordinación al Estado nacional y al poder civil.

No obstante, y como ha señalado Hilda Sabato, el problema nos conduce a un terreno escurridizo en cuanto en la Argentina que siguió a Caseros casi ningún dirigente político o aspirante a serlo, podía eludir echar mano a la movilización miliciana o cívica en cuanto constituían un resorte clave de intervención pública por representar un canal de transmisión del régimen representativo que aparecía estructurado por un concepto de ciudadano armado que unía el ejercicio electoral con la defensa de la patria.

Estas breves advertencias resultan necesarias a la hora de abordar algunos rasgos característicos del proceso en el cual el elemento coactivo – esto es, el papel de la “fuerza armada” en la formación del Estado argentino- aparece condicionado por factores que distinguirán su accionar no sólo en el período que nos ocupa, sino que habría de perfilar notas distintivas de la cultura política en el mediado y en largo plazo.

Bajo esas coordenadas, el factor coactivo –sea en clave de milicias provinciales, o del ejército de línea- no solo habría de prevalecer al jurídico constitucional en función de sus imbricaciones con los componentes de una cultura política preñada por los resabios personalistas y/o patrimonialistas heredados del antiguo régimen colonial, o por la pervivencia de la militarización de una sociedad civil nacida a la vida política con las
revoluciones de independencia y las guerras civiles. En su lugar, en la Argentina que siguió a la caída de Rosas, el poder de las armas aparece estrechamente unido a la construcción del Estado liberal gravitando con mayor vigor en el afianzamiento del orden interior que en relación a conflictos externos.

No casualmente el desempeño militar y guerrero durante la malograda guerra contra el Paraguay (1865-1870) permite apreciar esa centralidad al exhibir marcados contrastes territoriales en el todavía dividido país político. Así, mientras el conflicto internacional despertaba el fervor patriótico entre los grupos dirigentes de Buenos Aires (alcanzando incluso a José Hernández), y ganaba la adhesión de los gobiernos aliados de Santa Fe y de la Entre Ríos gobernada por el otrora líder del federalismo, Justo José de Urquiza, en las provincias del centro oeste argentino la situación habría ser radicalmente distinta al exhibir un pulular de insurrecciones armadas que enarbolaron el cintillo punzó en rechazo del poder central.

Para ese entonces, la rebeldía política se había desparramado de Catamarca a La Rioja, avanzó desde Cuyo a la Córdoba rural, y alcanzó al Litoral a través de una verdadera proliferación de “revoluciones” armadas, y desafíos a la autoridad de diferente calibre (como el memorable “desbande de Basualdo” que simboliza la fractura del liderazgo de Urquiza), poniendo en jaque al gobierno nacional, y contribuyendo a resquebrajar los liderazgos políticos que habían prevalecido hasta entonces. Frente a la expansión territorial del movimiento, y la aspiración de los rebeldes de “llegar si es preciso a las puertas de Buenos Aires”, la administración de Mitre se vio exigida a desplazar una división del ejército de línea del frente paraguayo para reprimir la marea revolucionaria.

Esa intervención militar que fue también política no sólo estaría destinada a preservar o “conquistar” la obediencia de esa dilatada geografía a la esfera de la autoridad nacional; también habría de arbitrar modificaciones relevantes en las tradiciones políticas argentinas erigiendo un nuevo estilo político y un nuevo liderazgo dispuesto a catapultar cualquier desafío a la autoridad nacional. Por consiguiente, la Argentina política que emergerá de ese atribulado proceso habría de ser muy distinta a la imaginada por los vencedores de
Pavón. En ese lapso, el sistema de poder argentino habría de rehacerse en beneficio de la edificación de un centro de poder autónomo sobre la base de un proceso de negociaciones y conflictos del que tampoco saldría invicta Buenos Aires, la provincia más rica y poblada del país.5 ¿Qué papel cumplieron las “fuerzas armadas” en ese proceso de construcción política? ¿Qué transformaciones habrían de experimentar las milicias y el ejército ante la consolidación del orden liberal? Finalmente ¿Qué mecanismos sirvieron a la subordinación del poder de las armas a la égida del Estadonación?

En las páginas que siguen el lector encontrará algunas respuestas a los interrogantes formulados que aspiran a ilustrar las formas si se quieren negociadas que estructuraron un nuevo tipo de relación entre provincia y nación, al tiempo que contribuyó a esmerilar el predominio adquirido por el “hombre armado” en beneficio de la profesionalización de las fuerzas armadas sujetas ya a la subordinación del Estado y el poder civil.

Para leer el artículo completo, Entre nación y provincias: milicias, ejército y construcción del orden liberalseguí este vínculo.

La autora es investigadora del CONICET, CCT-INCIHUSA Mendoza.

 


 

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