La Revolución de Junio en Mendoza

A comienzos de los´40 los militares habían asumido gran parte de las funciones que el Estado intervencionista de los ´30 se autoadjudicó. En ese contexto las fuerzas armadas iban camino a transformarse en un poder en sí mismo. El ambiente era propicio para las conspiraciones en las que Mendoza tuvo un papel protagónico.

Ramón Castillo.

Por Mariana Garzón (*)

En 1943, el presidente Ramón Castillo tomó una decisión que modificaría la historia argentina: dio su “media palabra” para que su sucesor fuera el conservador Robustiano Patrón Costas.

Por entonces, el apadrinamiento del primer mandatario a una candidatura significaba su éxito, gracias al ejercicio del fraude electoral. La postulación de este hacendado norteño (conocido por conducir su ingenio azucarero con estilo feudal) representaba una potencial definición del régimen en relación a algunos de los principales problemas que surcaban a la sociedad argentina.

Por un lado, Patrón Costas era simpatizante del fraude como herramienta “patriótica” de controlar el sistema político nacional. Es decir, su elección hubiera significado la continuidad de la erosión de las virtudes cívicas de esos años.

Por otro lado, era partidario de la causa aliada en la contienda bélica que enfrentaba Europa desde 1939 y, en especial, de la política internacional de Estados Unidos. Es decir, contradecía la histórica tradición neutralista del país y, además, despertaba resquemores en los ámbitos castrenses que admiraban el militarismo y creían competir en nuestro continente con el país del norte.

La “media palabra” de Castillo, como señaló el historiador Juan Carlos Torre en la introducción al libro Los años peronistas, tuvo el efecto de aglutinar el descontento de dos sectores de las Fuerzas Armadas: “tanto los oficiales que mantenían viva la idea de la regeneración de las prácticas políticas como los que eran partidarios del neutralismo”. Esos sectores promovieron el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, derrocando a Castillo (quien no ofreció resistencia) y reorganizando las provincias.

La composición del movimiento armado era heterogénea. Las únicas aspiraciones comunes de los sublevados eran el rechazo a Patrón Costas y la perspectiva de reprimir el desorden social, en especial, la influencia del comunismo en el mundo obrero. En los primeros meses, se acentuaron las medidas represivas a los grupos de izquierda y a las organizaciones de trabajadores. Una batería de disposiciones moralizantes se difundió en todos los ambientes. Se dejó cesantes a profesores universitarios, se disolvieron los partidos políticos y se decretó la enseñanza religiosa.

A fines de 1943, la ilusión de quienes habían visto en el golpe una oportunidad de redefinir el rumbo argentino a través de una declaración de guerra a los países del Eje y una pronta convocatoria a elecciones se había hecho añicos. La identificación del régimen militar con el fascismo europeo se difundió entre amplios arcos del espectro político.

El aislamiento internacional del país determinó que en enero de 1944 el presidente, el general Pedro Pablo Ramírez, decidiera la ruptura de relaciones con los países del Pacto Tripartito. Tal medida ocasionó un nuevo movimiento interno en la cúpula militar del que emergió Edelmiro Farrell como presidente y se fortaleció la logia secreta compuesta de militares de menor rango llamada Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que actuaba detrás de las grandes figuras del régimen. A este núcleo pertenecía el por entonces coronel Juan Domingo Perón, quien poco después iría conquistando posiciones en el gobierno como Secretario de Trabajo y Previsión Social, Ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación.

La proclama revolucionaria.
La reacción del gobierno de Adolfo Vicchi

La Revolución de Junio tomó por sorpresa al gobierno conservador de Adolfo Vicchi. Este hombre del sector más clerical del Partido Demócrata Nacional (PDN) regía la provincia de Mendoza desde 1941.

Su llegada al sillón de San Martín se había realizado gracias al fraude electoral y en el marco de una dramática e intensa violencia política. Su gobierno apuntó a intensificar la obra pública que ya habían iniciado sus antecesores, a institucionalizar mecanismos de regulación en las relaciones laborales para minimizar la movilización obrera, a promover la moralización de la vida comunitaria y a alentar la represión de “actividades antiargentinas”.

Enterado del golpe de Estado en junio de 1943, Vicchi se contactó con la más alta autoridad militar de la zona. El comandante de la Agrupación de Montaña de Cuyo Humberto Sosa Molina y él habrían acordado mantener la tranquilidad en la provincia hasta disponer de información más completa.

Pronto llegó a la Casa de Gobierno un telegrama de los sublevados instando al gobernador a mantenerse en su cargo y a conservar la seguridad pública. Vicchi respondió con un mensaje desafiante en donde no sólo trataba a Ramírez de “General” en lugar de “Presidente”, sino que además exhortaba a los revolucionarios a entregar el poder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y amenazaba con renunciar en el caso de que esto no sucediera inmediatamente. Semejante petición no tuvo efecto en esta oportunidad, como no lo tendría tampoco en los dos años siguientes y el gabinete en pleno renunció.

Al salir de la Casa de Gobierno, Vicchi y sus ministros se encontraron con una concentración de gente. Francisco Romero Day, ministro de Economía del gabinete depuesto, recordó años después que la muchedumbre se había reunido allí con el propósito de aplaudirlos.

Otras voces, como la de un pasquín simpatizante con el fascismo italiano, distinguieron que el conjunto de personas congregado allí (“una multitud compuesta de comunistas, radicales, socialistas y gansos blancos”), por el contrario, no sólo le había ofrecido una silbatina al gobernador saliente sino que también habría le arrojado improvisados proyectiles: “el D. Vicchi no merecía tal manifestación, ya que fue un gobernador honesto y correcto, no así su ministro Romero Day que merecía que algunas de las piedras que cayeron lo alcanzaran en la cabeza”, decía el pasquín.

La intervención de Luis Villanueva: “Política es mala palabra”

El 10 de junio la provincia quedó a cargo del coronel Sosa Molina. Dos días después, el gobierno provisional designó al general retirado Luis E. Villanueva como interventor federal. El hombre arribó a Mendoza acompañado de un equipo de trabajo compuesto de figuras tan particulares que su gobierno poco después recibió el mote burlón de “la gerontocracia”, el gobierno de los ancianos. El peyorativo nomenclador no sólo se vinculaba a la edad del militar y sus acompañantes, sino también a la imagen vetusta, antiprogresista y autoritaria que pronto despertó en aquellos que se habían ilusionado con que el golpe abriría inmediatamente un período democrático. 

La primera disposición que tomaron en Mendoza las nuevas autoridades fue declarar caduca la Convención Constituyente que estaba sesionando en ese momento en vistas a reformar la Carta Magna Provincial. También cerró la Legislatura y los Consejos Deliberantes Municipales. Fueron clausurados los locales y prohibidas las actividades de los sindicatos filiados a la izquierda, tal como sucedió con la importante organización de los obreros de la construcción.

La suerte de los agrupamientos políticos se trazó en el mismo sentido. El Partido Comunista operaba en la clandestinidad desde 1936. Ahora, en 1943, también su alter ego dirigido por Benito Marianetti, el Partido Socialista Obrero, fue disuelto por decreto. En agosto, el conjunto de las actividades de los partidos políticos fue prohibido.

Al haber negado rotundamente su colaboración con la Revolución, el gobierno depuesto de Vicchi fue uno de los principales afectados por las medidas de la intervención federal. Ésta creó una comisión para que investigara denuncias contra ex funcionarios y empleados de la administración conservadora acusados de descontar obligatoriamente parte de los salarios de los empleados públicos en beneficio de las arcas del PDN.

El interventor consideraba que su misión era terminar con la política, fuente de corruptelas y desviaciones de lo que él creía que eran los verdaderos destinos nacionales. En una ocasión, resumió su concepción al decir que “política es mala palabra” y su frase quedó como un estigma de su gestión del cual se aprovecharon los enemigos de la Revolución en Mendoza para destacar el carácter autoritario de su estilo de gobierno.

¿Qué es lo que fastidió hasta la exasperación a muchos grupos del espectro político? El componente antiliberal, anticomunista y antipolítico de la ideología gobernante ya estaba presente en el gobierno del Partido Demócrata. Hubo una diferencia, en este sentido, de grado, una intensificación. Otros dos factores impactaban de manera profunda en una concepción negativa del golpe a los ojos de los políticos provinciales.

Por un lado, los irritaba el sostenimiento de la neutralidad bélica cuando la suerte de la Segunda Guerra Mundial ya estaba echada a favor de los aliados. ¿Por qué no se declaraba la guerra al Eje? Por otro lado, la demora en convocar a elecciones y la prohibición de actuar en política mermaba progresivamente los capitales partidarios. Los profesionales de la política debían volver a sus labores privadas y la suerte de la salida del interregno militar se hacía incierta. El general Villanueva, en Mendoza, fue la encarnación de esos males y así sería recordado largamente, desbancando a los últimos gobiernos conservadores del centro de las críticas ciudadanas.

Corominas Segura (detrás, a la izquierda)
en un acto durante de su gobernación.
La intervención federal de Aristóbulo Vargas Belmonte

El 31 de diciembre de 1943 Villanueva cedió su cargo a Aristóbulo Vargas Belmonte, militar oriundo de Jujuy que apenas superaba los 50 años de edad. Este hombre pertenecía al grupo más cercano de Edelmiro Farrell y Juan Perón, ambos en pleno movimiento ascendente dentro de la cúpula castrense.

Pocos días antes, como señala el escritor César Mansilla, Perón había enviado una carta al ex gobernador del PDN mendocino Rodolfo Corominas Segura, y posiblemente otra a Adolfo Vicchi en los mismos términos, pidiéndoles amistosamente que colaboraran con la nueva intervención. Se trataba de un claro giño de apertura del régimen militar hacia esa tendencia política. Sin embargo, esa intención no redundó en ningún aporte de los ya resentidos conservadores. El general Vargas Belmonte intentó revertir, dentro de los límites aceptables a los revolucionarios, el negativo clima que había cultivado en la provincia el gobierno de “la gerontocracia”.

El demócrata Mario González recordó que él y el dirigente Gilberto Suárez Lago regresaron del exilio en Montevideo “cuando el nuevo interventor Vargas Belmonte dispuso el cese de las persecuciones emprendidas por Villanueva, que desapareció de la escena sin pena ni gloria”. El mismo Adolfo Vicchi, que en ese entonces era uno de los principales acusados en el escándalo de los descuentos a los empleados públicos, años después, resaltó que Vargas Belmonte había sido “un interventor muy correcto”.

A mediados de 1945 el matutino Los Andes, de inspiración liberal y opositor al gobierno, señaló en una editorial que “en pocas provincias posiblemente se haya respirado un ambiente de mayor tranquilidad que en la nuestra durante la actual intervención”. Continuaba diciendo que “en pocas, también, un interventor habrá defendido con una mayor firmeza y perseverancia los intereses fundamentales de la misma que el aludido funcionario, ni acreditado una mayor ecuanimidad en los juicios y en la conducta”. Una treintena de dirigentes obreros y de izquierda, no obstante, siguieron encarcelados hasta mediados de 1945, aunque el mismo Vargas Belmonte gestionaba la libertad de algunos de ellos ante el Ministerio del Interior de la Nación.

La política laboralista que el coronel Perón comenzó a promover hacia mediados de 1944 desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la relativa permisividad de Vargas Belmonte para que se realizaran algunas actividades políticas en Mendoza cimentaron una imagen menos rígida del régimen en el espacio provincial que la que se había forjado el movimiento juniano en sus primeros meses de vida. Sin embargo, la escalada opositora no cesaba, sino que se incrementaba mientras el gobierno flexibilizaba las medidas represivas.

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial constituía un ambiente propicio para que muchos grupos contrarios (por diferentes motivos) al gobierno militar aprovecharan para identificarlo con el “nazifascismo” y vestirse, ellos mismos, con los ropajes de la democracia aun cuando pertenecieran (como era el caso del PDN) a un partido que había tenido entre sus filas a muchos neutralistas pro Eje y hubiesen practicado el fraude durante una década.

En marzo de 1945 el gobierno declaró la guerra a los países del Eje. Este posicionamiento, en vistas a que la Argentina no quedara marginada en el escenario de posguerra, fue celebrado en todo el país como una victoria de las fuerzas “democráticas” y como el inicio del fin de la Revolución de Junio. Sin embargo, en el país recién comenzaba un nuevo enfrentamiento entre quienes defendían al régimen y quienes querían la inmediata vuelta a la “normalidad democrática”. Es necesario resaltar que la democracia, entonces, no era la “normalidad”, como ha señalado Tulio Halperín Donghi, sino un proyecto no muy bien definido que despertaba tibias adhesiones.

El entonces coronel Perón rodeado de simpatizantes.

El papel de la UCR en la Revolución de Junio
 
¿Cómo debía ser la salida del régimen instaurado en 1943? Esta pregunta originó respuestas diferentes en el arco político mendocino. Mientras algunas agrupaciones bregaban sobre todo por unirse en función de desplazar a los militares del gobierno (comunistas y socialistas), otras aspiraban a salir victoriosas de las futuras elecciones nacionales (demócratas y radicales).

Un sector interno de la Unión Cívica Radical (UCR) local sí expresó voluntad de cooperar con el gobierno de facto considerando que su colaboración optimizaría la salida electoral que se avecinaba. Una vez que se definió la política internacional de la Revolución, algunos dirigentes radicales aceptaron cargos en el seno de la administración provincial.

Faustino Picallo, un dirigente de San Rafael, fue el primero en asumir una función en el marco de la intervención: la intendencia de la Capital. Como los partidos políticos se encontraban disueltos, no existía UCR capaz de aprobar o censurar esta actitud. Poco después, este dirigente y quienes lo apoyaron tuvieron que formar una agrupación distinta como consecuencia de la expulsión a la que los sometió el partido.

El 1° de mayo de 1945 un manifiesto aparecido en la prensa explicitó la adhesión de una fracción radical a la Revolución de Junio. Más de 500 firmas avalaban la decisión de Picallo de prestar colaboración al régimen indicando que lo hacían por dos motivos. Por un lado, veían con entusiasmo “el derrocamiento de la situación conservadora que desde el año 1930 gobernaba al país como en los peores regímenes oligárquicos, entronizándose en el poder con espíritu de casta mediante comicios de sangre que ensombrecieron nuestra historia cívica”. La década conservadora había representado, para ellos, “la más sarcástica ficción de democracia”.

El otro factor que alentaba el acercamiento con el régimen de Farrell era “la solución lógica dada al problema internacional”. Invocando conceptos propios de la tradición liberal, explicaban que el gobierno había interpretado “fielmente los tradicionales sentimientos de fraternal solidaridad de nuestro pueblo con todos los del mundo que viven, aman y luchan por los principios liberales” y que así se sumaban a “un movimiento panamericanista cuya vigorosa médula democrática, fundada en los más generosos postulados del derecho y la colaboración continental, promueve en nuestros espíritus las más generosas esperanzas”. Pocas semanas después, todos los municipios tenían a la cabeza a un radical disidente expulsado de la UCR.

Estos dirigentes se nuclearon en una nueva agrupación, liderada por el médico Lorenzo Soler, que se denominó Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Este sector junto con un agrupamiento de extracción sindical que se fundó bajo el nombre de Partido Laborista en octubre de 1945 fueron quienes sostuvieron en Mendoza la fórmula presidencial Juan D. Perón – Hortensio Quijano en las elecciones de febrero de 1946.

(*) La autora de la es Licenciada en Comunicación Social (UNCuyo), becaria de CONICET y estudiante del Doctorado en Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

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