Llega el nuevo banco de desarrollo

Se planea para febrero y con el actual ministro de Economía, Miguel Peirano, al frente.

Tendrá 2500 millones de dólares para comenzar y su fin será prestar dinero para proyectos de inversión productiva a tasa menor y plazos más El próximo Gobierno creará un banco de desarrollo nacional, para financiar proyectos de inversión productiva a mayores plazos y menores tasas de interés.

La nueva institución se pondrá en marcha en febrero del año próximo y será presidida por el hoy ministro de Economía, Miguel Peirano. El proyecto de la nueva institución ya fue elaborado y entregado al presidente Néstor Kirchner hace más de un mes. Página/12 tuvo acceso exclusivo a la carpeta que contiene los lineamientos principales del banco. La base será el actual BICE –pero con nuevo estatuto, directorio y objetivos–, que operará en sociedad con la banca privada.

En el Gobierno aspiran a comenzar con un monto disponible de 2500 millones de dólares. Fondos que esperan sumar de un crédito inicial del BID más el stock actual del BICE e inversiones de las AFJP. También se estudia la creación de un impuesto para financiar el sistema. El proyecto aclara taxativamente que no financiará a los grandes grupos económicos del país y que no podrán acceder a un préstamo las empresas morosas con el Banade, el banco de desarrollo que terminó quebrado en 1992, con una enorme cantidad de incobrables.

La iniciativa reconoce la urgencia de mejorar la oferta de crédito a largo plazo y a tasas competitivas para que las empresas locales aumenten su producción y así equilibren el incremento de la demanda en el mercado interno. Piensan que con una mayor oferta de bienes cederá la inflación. A la vez, con créditos más baratos, las empresas también podrán mejorar su competitividad externa para dejar de depender sólo del tipo de cambio. Aunque aún no se conoce exactamente la tasa de interés de esos créditos, se estima que un préstamo en pesos a un plazo de diez años no superaría el 8 por ciento anual. Y el plazo máximo será a 15 años.

En el proyecto se explica que de esta manera el Estado tendrá una herramienta para manejar una estrategia productiva, orientando los créditos en mejores condiciones hacia los sectores que por cuestiones de avances tecnológicos o laborales o de precios resulten prioritarios. Por ejemplo, en este momento, señalan que se podría apuntalar la cría de ganado, la producción de leche o la industria autopartista.

El sistema de trabajo diseñado consta de los siguientes primeros tres pasos:

1 - El BICE llamaría a licitaciones periódicas por un cupo de créditos.

2 - Los bancos presentarían los montos, plazos y tasas a los que están dispuestos a operar.

3 - La entidad estatal elegiría las mejores ofertas.

A partir de esa instancia comenzará la operatoria con las entidades elegidas. Los clientes pueden operar con los bancos privados o con el BICE. Si eligen a una entidad privada, ésta envía la solicitud al BICE, que, según su perfil estratégico, le asignará un plazo y una tasa y se lo devuelve al banco privado. Este realiza el análisis de riesgo y, si está aprobado, otorga el crédito. La primera mitad del crédito la cobra el banco privado y la segunda el BICE. Por ejemplo, si el préstamo es a diez años. Los primeros cinco sólo cobra la entidad privada y los últimos cinco, el BICE.

A su vez, el BICE abrirá sucursales en todo el país para operar directamente. Es decir que los créditos también podrán tramitarse directamente en este nuevo banco de desarrollo. En ese caso, el banco estatal, luego de asignarle las condiciones de plazo y tasa según el valor estratégico de la inversión, lo envía al banco privado para que realice el análisis de riesgo y, si es aprobado, vuelve al BICE y se realiza la operación desde las oficinas de la entidad estatal.

En el mundo hay muchos casos de bancos de desarrollo exitosos y todos son del Estado y operan sin asociarse con la banca privada (ver nota aparte). En Argentina, la experiencia traumática del Banade, el banco de desarrollo que terminó quebrado en 1992 con una millonaria cartera de incobrables, obligó a elaborar otro mecanismo. Al asociarse con un banco privado, el nuevo banco de desarrollo se aseguraría que el análisis de riesgo será realizado por líneas gerenciales que responden a accionistas y pagan con sus puestos por sus errores. Muy distinto al accionar de los burócratas y amigos del poder económico que manejaron el antiguo Banade.

El Gobierno quiere comenzar las operaciones con un stock de 2500 millones de dólares. Al dinero disponible en el BICE esperan sumar inversiones de las AFJP. Estas tienen que colocar entre un 5 y un 20 por ciento de sus activos en inversiones productivas y la mayoría se ubica en la banda mínima de esa exigencia. Lo que falta se completará con un crédito del BID. Así, si el llamado a licitación de los bancos es exitoso y se juntan otros 2500 millones, habría 5000 millones de dólares disponibles para comenzar a financiar proyectos de inversión a plazos de hasta 15 años a tasas de un dígito.

Aunque en la actualidad no sea un problema porque el dólar tiene un precio alto y su precio es manejado por el Banco Central con relativa tranquilidad, en el largo plazo el fondeo en moneda extranjera con organismos internacionales y los préstamos en pesos serían un virtual seguro de cambio que en algún momento puede resultar peligroso. Por eso en el Gobierno no descartan, en una segunda etapa, avanzar con un impuesto empresario que financie los fondos que el banco necesita. Un sistema similar al brasileño.

El objetivo coyuntural que se plantea la nueva administración con el nuevo banco de desarrollo está directamente relacionado con el problema inflacionario. El consumo no deja de crecer. Para que esa demanda tenga una respuesta acorde es necesaria una mayor inversión y para eso es imprescindible que existan líneas de crédito a largo plazo y a bajas tasas. De otra manera, la demanda supera cada vez más la oferta y genera tensiones inflacionarias.

Pero esto es sólo la coyuntura. La idea también es que con un Estado interviniendo en la asignación de créditos se convierte en un verdadero “planificador del rumbo productivo”. Se explicita así que “el Estado puede analizar, decidir y poner en marcha un plan estratégico de desarrollo compatible con las necesidades del país, buscando un crecimiento tecnológico con equilibrio geográfico y con desarrollo de alto valor agregado”, sostienen los impulsores del proyecto. A su vez, piensan que, al ser el Estado el principal financista de las empresas aumentará fuertemente su poder de negociación en temas tan delicados como, por ejemplo, la formación de precios.

Como en otros casos, la ambición del Gobierno de intervenir en los mercados choca con la poca capacidad de gestión del Estado. Si bien el BICE es el banco con mayor calificación crediticia del país, sólo cuenta con un plantel de 170 personas y un patrimonio neto de 1040 millones de pesos. Tampoco su directorio está preparado ni consustanciado para la exigencia de elegir con precisión cuáles son las áreas que el país necesita priorizar.
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