Las víctimas de las dictaduras ocurridas entre 1955 y 1983 serán indeminzadas

El beneficio alcanzará a quienes, por razones políticas, estuvieron en esas instancias. Los afectados, o familiares de éstos en el caso de los desaparecidos, deberán presentar la solicitud del beneficio en la Secretaría de Derechos Humanos.

El Gobierno promulgó la ley mediante la cual el Estado indemnizará a las víctimas de detenciones y desapariciones ilegales, de carácter "político", ocurridas entre 1955 y 1983.

El beneficio tendrá vigencia desde ace 10 días, y alcanza "a quienes hubieran sido detenidos por razones políticas a disposición de juzgados federales o provinciales".

También, a quienes hubieran sido "sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier normativa que conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados internacionales pueda ser definida como detención de carácter político", según los considerandos de la iniciativa.

De este modo, el Gobierno puso en vigor los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, que establecen el resarcimiento económico por parte del Estado a quienes sufrieron actos de violencia "entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983".

Según la ley, la solicitud de beneficio se deberá hacer ante la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, dependiente del Ministerio de Justicia, en manos de Julio Alak, dentro de los cinco años de entrada en vigencia.

Asimismo, la norma establece que en caso de fallecimiento de las personas detenidas, desaparecidas o muertas, "percibirán los beneficios sus causahabientes", siempre respetando los términos de las leyes mencionadas.

El beneficio alcanza "a las víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955", ya sea que "los actos fueran realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o por grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas".

El resarcimiento contempla, además, a los "militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza".

También a "quienes hubieran estado en dicho período, detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4161/55, o el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), y/o las Leyes 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463, 21.459 y 21.886".
Opiniones (2)
22 de agosto de 2017 | 01:46
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22 de agosto de 2017 | 01:46
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  1. QUE JODA
    ESO ES UNA TOMADA DE PELO MAS, HACIA EL PUEBLO ARGENTINO, PAGARLE A LOS FAMILIARES DE GENTE QUE SEMBRO EL TERROR EN ESTE PAIS, LA FELICITO SEÑORA
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  2. HUMMMMMM
    HASTA CUANDO VAN A SEGUIR CON ESE CURRO, ENTONCES A LOS FAMILIARES DE LOS MUERTOS POR LA INSEGURIDAD DE LA CUAL ES CULPABLE ESTE GOBIERNO, NO DEBERIAN INDEMNIZARLOS TAMBIEN?
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