La inseguridad en Buenos Aires: un paisaje semejante al de Mendoza

Se denuncia que hay preocupación extrema, miedo e impotencia en la sociedad bonaerense, mientras las autoridades del área dan un paso más en su habitual afán por colocar las culpas en otro lado.

Una de las mayores y más persistentes protestas vecinales por un asesinato en asalto, desde que comenzó hace dos años la gestión de Daniel Scioli, se produjo esta semana, marcando un nuevo y dramático pico en el estado de crisis permanente en que, con oscilaciones en sus manifestaciones públicas, se desenvuelve la seguridad en la Provincia.

Una crisis que se traduce en preocupación extrema, miedo e impotencia en la sociedad bonaerense, mientras las autoridades del área daban esta vez un paso más en su habitual afán por colocar las culpas en otro lado, y apuntaban sobre los manifestantes que reclamaban medidas de seguridad en una comisaría.

Hace ya un mes -desde el crimen de un chico de 18 años, en su casa en Tigre- que los bonaerenses asisten abrumados a una seguidilla interminable de asesinatos en asaltos, con víctimas que ni siquiera se resistieron al robo. Esta semana fue la muerte de una arquitecta en Wilde, a la que intentaron robarle el auto, la que desató una masiva protesta vecinal que se renovó durante tres días frente a la comisaría del barrio.

En estas semanas, desde el Ministerio de Seguridad, replicado por los jefes policiales de cada lugar, se apuntó primero desembozadamente contra las leyes que no permiten juzgar a menores de 16 años.

También contra los jueces que, según esos funcionarios, viven excarcelando delincuentes peligrosos; contra las normas que no le permiten a la Policía bonaerense actuar con poderes extraordinarios, ilimitados y arbitrarios (obviamente, sin explicar porqué no se aplican con eficiencia las importantes facultades que la fuerza posee para prevenir y combatir la delincuencia).

Ahora le tocó el turno a los vecinos que reclamaron seguridad en Wilde. El ministro Stornelli denunció "infiltrados políticos" que buscaban "desestabilizar al gobierno" de Scioli en la manifestación que se repitió durante tres días; y el jefe de la Policía, Paggi, fue menos sutil y afirmó que "sectores políticos convocaron y fueron armando" la protesta.

Habría indicios -sólo eso, en rigor, tenues indicios- de que algún puntero peronista opositor de Avellaneda habría aprovechado la movida ciudadana para intentar, a través de algunos militantes, crispar los ánimos de los manifestantes.

Pero plantear las cosas al revés, afirmando que se trató de una movida política, con algunos pocos vecinos despistados que no sabían que los usaban, revela, por un lado, impotencia para tomar medidas que calmen -por ser visualizadas como acertadas- el reclamo de más seguridad.

De hecho, la protesta se repitió durante tres jornadas porque no había respuestas oficiales de medidas concretas.

Y por otro lado, muestra un peligroso desconocimiento de lo que expresan esas manifestaciones vecinales: el temor ciudadano está alcanzando niveles preocupantes y existe una convicción creciente de que estos crímenes se repiten a cada momento, en cualquier lugar y cualquier hora del día, de que no hay freno alguno y de que cada uno de los vecinos puede ser la próxima víctima.

Es de suponer que si las autoridades de Seguridad conocieran ese temor y esa convicción ciudadana, se ocuparían de detecta fehacientemente a los "desestabilizadores" que se "infiltran" en las protestas y de actuar, sin bambollas, como corresponda con ellos. Y no mezclarían ese "dato" con el anuncio público de medidas para el barrio en crisis.

Intencionalmente o no, esa mezcla implica en la práctica una desvalorización, una descalificación, de la protesta genuina y de los vecinos que la llevan adelante. Y de millones de bonaerenses que, desde sus casas, se sienten identificados con ellos.

Por lo demás, la reacción oficial obliga a preguntarse también si en Seguridad y en la Policía creen en las razones que generan el temor ciudadano y la convicción de cada ciudadano puede ser quien pierda la vida a la vuelta de la esquina.

Lo único que puede decirse es que, por ejemplo -entre tantos otros-, ayer mataron a un joven humilde de 20 años que iba a tomar un colectivo en un barrio de San Martín, en el Conurbano. Venía de cobrar un trabajo y ya le habían sacado los 800 pesos que tenía. No se resistió. Lo hicieron apoyar contra una pared y le pegaron un tiro en la cabeza. Parece ser que los ladrones temieron que la víctima los conociera.

Mientras tanto, una posible renovación del elenco de ministros y secretarios de Estado de la Provincia está siendo evaluada por Scioli. Y en ese marco, habría cambios en el ministerio de Seguridad. Dos nombres, por lo pronto, figuran en esos análisis ante la posibilidad de que se resuelva un reemplazo en esa área, los del ex recaudador Santiago Montoya, y el del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.

De concretarse, la reformulación del gabinete constituirá un dato político saliente de la Administración en un fin de año cuyo clima dependerá de la tarea más urgente que buscará definir esta semana el ministro de Economía, la obtención de un préstamo de unos mil millones de pesos, para poder cerrar el ejercicio sin atrasos en los pagos de sueldos y aguinaldo.

Y en la Legislatura, donde el oficialismo respira aliviado por haber logrado en la semana que pasó un objetivo difícil, la sanción del Presupuesto 2010, se preparan para la última gran batalla del año: el tratamiento de una reforma electoral similar a la planteada por el gobierno de Cristina Kirchner a nivel nacional.

Un punto del proyecto, que el peronismo definirá en estos días, puede causar revuelo y chocar con la férrea resistencia de sectores opositores que, de otro modo, apoyarían la iniciativa.

Es que un sector del PJ propugna que no puedan presentarse a internas (y por lo tanto a las elecciones generales) candidatos a gobernador que no tengan "su" respectivo candidato a presidente, ni postulantes a intendente que no se presenten en una lista que tenga candidatos a presidente y a gobernador.

En una provincia donde se consolidaron en las últimas dos décadas importantes fuerzas municipales y vecinales, que incluso son gobierno en sus distritos, y donde muchos dirigentes radicales optaron, en medio de la debacle de su partido, por armar fuerzas distritales con las que volvieron a ganar las intendencias, ese "requisito" puede resultar nítidamente discriminatorio.
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