Para Aníbal Fernández, el conflicto de Terrabusi debió tratarse "sentados a la misma mesa"

El jefe de Gabinete consideró hoy que las diferencias entre los trabajadores y los dueños de Kraft Foods "debieron tratarse sentados a la misma mesa" para evitar enfrentamientos. Señaló además que el Gobierno nacional mira "con preocupación lo sucedido", en la violenta refriega que terminó con 65 personas detenidas y una docena de heridos.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró hoy que las diferencias entre los trabajadores y los dueños de Kraft Foods "debieron tratarse sentados a la misma mesa" para evitar enfrentamientos como el que terminó con 65 personas detenidas y varios heridos.

También confirmó que habló con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para definir "la estrategia" que permitiera el ingreso de "dos mil trabajadores" a la planta de General Pacheco y "que no pueden producir".

Y que en este marco "el gobernador dispuso movilizar policías para impedir que nadie entrara más" al establecimiento. "No queremos mirar para el costado" en este conflicto, remarcó Fernández en declaraciones radiales.

En igual sentido señaló que el Gobierno nacional mira "con preocupación lo sucedido" ayer en la violenta refriega que terminó con una decena de heridos y 65 detenidos, cuando la Policía desalojó por la fuerza la planta de la ex fábrica Terrabusi, utilizando balas de goma y gases lacrimógenos.

"Algunos no eran trabajadores de la misma planta", cuestionó Fernández y remarcó: "este hecho nos interesa", pero "las decisiones las tiene que tomar el ministerio de Trabajo de la Provincia".

Esta madrugada, la Justicia liberó a las 65 personas que habían sido detenidas. Los demorados permanecieron en distintas comisarías de las ciudades de Pacheco, Tigre y San Isidro.

La embestida de la fuerza policial no se dirigió solamente contra los obreros que mantenían tomada la planta, sino también contra manifestantes que habían llegado a las inmediaciones de la fábrica, ubicada sobre la avenida Henry Ford, en el partido de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires.

El desalojo fue ejecutado tras una orden del juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa, quien requirió que "el uso de la fuerza pública se constituya en la medida de lo estrictamente necesario, en el último mecanismo de acción y siempre velando por el debido resguardo de la integridad física de los involucrados".
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