Casi 8 millones de chicos y adolescentes están expuestos a riesgos ambientales 

La cifra surge del trabajo "Atlas de Riego Ambiental de la Niñez", una investigación que midió las consecuencias de la contaminación en la salud de chicos menores de 18 años, residentes en distintos puntos del país.

Alrededor de ocho millones de niños y adolescentes argentinos se encuentran en situación de riesgo ambiental, según advirtió un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

De acuerdo al estudio, enviado a Noticias Argentinas, en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán "predominan muy altos, altos o medianos Índices de Vulnerabilidad de la Niñez (IVSN)".

Esos indicadores, a su vez, se repiten en varios departamentos sanitarios del norte de la Patagonia y en algunos partidos del Gran Buenos Aires como son: Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Vicente.

Es decir, de los 12.169.648 de chicos sub-18, 5.759.456 (47 por ciento) viven en municipios con alto y muy alto IVSN, según se desprende del relevamiento de la Defensoría. Y éstos se concentran en 45 (9 por ciento) de los 531 departamentos del país.

El dato es aún más alarmante si se suma los menores con mediano IVSN, la cifra se eleva a 8.026.240 niños y adolescentes, o sea, trepa al 66 por ciento en el 20 por ciento de los municipios.

La defensora Cristina Maiztegui señaló, en diálogo con NA, que "a mayor vulnerabilidad, mayor es el riesgo ambiental que sufren los chicos".

En el estudio se desglosan los efectos sobre la niñez de la contaminación industrial, el uso de plaguicidas, la falta de agua o de saneamiento básico: unos siete millones están en riesgo por la falta de agua potable o cloacas, alrededor de cinco millones por convivir con industrias y aproximadamente 2 millones por convivir con agroquímicos.

De esta manera, "el informe apunta conocer el riesgo de contaminación ambiental que registran en el país cada uno de las actividades económicas y de servicios", explicó la defensora.

Los autores de la publicación, que contó con el apoyo del PNUD, UNICEF, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), señalaron que se busca "ofrecer una herramienta idónea para generar respuestas frente a causas estructurales que influyen en la existencia del riesgo".

El informe concluye que "en todos los casos estudiados, la población infantil se encuentra en riesgo; la comunidad percibe los problemas ambientales mucho antes que el Estado; los estudios de causa efecto no son conducentes cuando se desata el caso; y se requiere una mayor coordinación intersectorial y multidisciplinaria, que atraviese al conjunto de las áreas gubernamentales", detalló Maiztegui.
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