El estado es la institución clave para combatir el hambre

A excepción de Haití, los países latinoamericanos tienen en promedio un excedente de 30% en la producción de alimentos relacionada a las necesidades de proteínas y calorías de la población. Sin embargo, uno de cada diez habitantes de la región aún sufre de hambre. Una entrevista publicada en AmericaEconómica.com da cuenta de esta situación.

“Con el crecimiento económico que viene registrando América Latina, no podemos perder la oportunidad de revertir ese cuadro”, dijo el representante regional de la FAO y ex-ministro del gobierno Lula; José Graziano; en un evento realizado en Santiago de Chile en octubre.

 

Graziano enfatizó en la nota publicada por AmericaEconomica.com la necesidad de redoblar los esfuerzos especialmente en América Central, la única de la región que registra un aumento en los índices de desnutrición (datos del 2004), y donde sólo la desnutrición infantil genera gastos de aproximadamente US$ 6.650 millones, lo que equivale al 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

-Usted especifica que uno de los factores críticos de América Central para erradicar  la desnutrición es la mala recaudación fiscal de esos países. ¿Cuál sería el modelo ideal?

Actualmente en Centroamérica esa recaudación varía entre un 10% y un 14%, lo que es muy bajo. Para el nivel de renta latinoamericano, el ideal sería que ese porcentaje estuviera entre un 20% y un 25%. Además de combatir la evasión, es necesario pensar en impuestos, no como el IVA pero que sean proporcionales a la renta y la propiedad, y que tenga un elemento distributivo.

 

-¿Eso significa que existe la necesidad de subsidio estatal, como sucede con  la Bolsa Familia en Brasil?

Sí, y la FAO fue pionera en proponer esa doble acción, de un elemento de emergencia y otro estructural. O sea, es necesaria la participación del estado para combatir el hambre ahora mismo, con un sistema de transferencia condicional de ingresos, e iniciativas para garantizar un desarrollo sustentable.

 

-El programa de biocombustibles del gobierno de Lula ha sufrido críticas porque podría amenazar la seguridad alimentaria global. ¿Cuál su posición al respecto?

Prefiero hablar de energía. Toda oportunidad trae consigo riesgos de seguridad alimentaria, medio ambiental, de deforestación, pero también puede revertir la situación de la pobreza rural. Para evitarlos, la FAO afirma que los gobiernos tienen que prepararse e implementar cinco políticas, que parten por la división de zonas ecológicas, tratar la bioenergia como otra cadena productiva y ordenarla adecuadamente, establecer un marco regulador para que los inversionistas sepan hasta donde pueden explotar; que esa nueva matriz no sirva para estimular el despilfarro de consumo de combustible y nos olvidemos de privilegiar un sistema, como por ejemplo; el de transporte público integral, y que el uso de culturas alimentarias sirva como estrategia de emergencia en ese momento. Porque no podemos esperar que lleguen nuevas tecnologías para proporcionar otras formas de explotar la bioenergia, como la de la celulosa. Es necesario seguir invirtiendo en nuevas y mejores formas, pero lo que tenemos hoy es eso.

 

Creo que el real impacto en seguridad alimentaria se dio con el maíz, y no sólo gracias a los biocombustibles, sino que también a otros factores como las sequías en países productores como Australia, EE.UU. y el aumento del consumo en China, India y otros países pobres por causa de la coyuntura económica que vivimos hoy. Porque el fenómeno del aumento del precio del maíz es algo que ya viene ocurriendo hace cinco años y provoca otras distorsiones. Por ejemplo, ¿México puede depender de la importación de maíz subsidiado por los EE.UU. si ese producto es parte importante de su canasta básica alimentaria? De cualquier forma, no apoyamos el hecho de aumentar indefinidamente el uso del maíz para producir etanol.

 

Fuente: AmericaEconomica.com , de Solange Monteiro, Santiago de Chile

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