La Justicia reactiva el caso Greco y exige al Gobierno dar información

Ordenó al Gobierno informar sobre la operación por 600 millones de pesos a favor de ese grupo económico que la ex ministra Felisa Miceli intentó sellar a fines del año pasado. La decisión fue tomada por la sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar al pedido formulado ante la Justicia por los senadores de la UCR.

La Justicia ordenó al Ministerio de Economía brindar información reclamada por los senadores radicales sobre el denominado caso Greco, luego de que el Gobierno intentara a fines del 2006 aprobar la emisión de bonos por casi 600 millones de pesos para abonar indemnizaciones a los integrantes de ese grupo económico intervenido durante la última dictadura.

 

La decisión fue tomada por la sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar al pedido formulado ante la Justicia por los senadores de la UCR, quienes apelaron al decreto 1172 de acceso a la información pública, dictado en 2003.

 

Este es el primer pronunciamiento judicial a nivel Cámara de Apelaciones que obliga al Estado a informar sobre sus acciones de gobierno, en el marco de ese decreto dictado al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner.

 

En los fundamentos del fallo, los jueces Jorge Morán, Pablo Gallegos, Jorge Alemany y Mariano Tozzi, señalaron que son incompletas las respuestas dadas por el Ministerio, tanto el 5 de marzo pasado, como las contenidos en el informe de gestión número 70, que elabora periódicamente la Jefatura de Gabinete para presentar en el Congreso nacional, por lo que impone un plazo de diez días a esa cartera para que cumpla con este fallo.

 

A mediados de diciembre pasado ante un pedido de informe de los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales, se renovó la polémica sobre un proyecto de ampliación del presupuesto por casi 1.300 millones de pesos para pagar deudas, se descubrió que casi 600 millones eran para pagar indemnizaciones a integrantes del ex Grupo Greco.

 

Finalmente, la iniciativa no se aprobó en el Senado por la oposición radical, y posteriormente la ministra Miceli anuló los actos administrativos que llevaron a disponer el pago de esa supuesta deuda.

 

Asimismo, el ministro de Economía, Miguel Peirano, ordenó la creación de un “grupo de trabajo” dentro de su cartera para “poder determinar con precisión el monto de las acreencias a favor del Estado” con el grupo Greco

 

Antecedentes

 

En julio de este año, la jueza federal María José Sarmiento ordenó a la ministra de Economía, Felisa Miceli, que brinde información solicitada por los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz sobre el polémico caso Greco.

 

Concretamente, los legisladores habían pedido información a Economía, en base al decreto 1172/03 de acceso a la información pública, para que el órgano oficial explicara su decisión de pagar al grupo Greco una deuda de 598 millones de pesos, después de 27 años de producida la quiebra de la empresa mendocina.

 

La respuesta originalmente brindada por Miceli fue considerada "parcial e insuficiente" por los senadores, razón por la cual pidieron a la jueza que le reclame a la ministra contestaciones concretas a las preguntas relacionadas con los motivos por los que se había ordenado el pago.

 

Como resultante, Sarmiento emitió un fallo, en el que le ordena a Miceli que aporte los datos requeridos en un plazo máximo de diez días.

 

El Grupo Greco estaba compuesto por 44 empresas, cuyas marcas más conocidas eran el Banco Los Andes, las bodegas Giol y la alimenticia La Colina.

 

Cuando se produjo la quiebra en 1980 generó un fuerte impacto económico en la provincia, por la cantidad de proveedores que trabajaban para las firmas del grupo. Por esa razón el Estado, en manos de los militares en ese momento, se hizo cargo de parte de los débitos y después expropió la empresa.

 

Las repercusiones del caso llevaron a Miceli a elaborar un sumario interno para averiguar por qué funcionarios de su propia cartera no apelaron en todas las instancias judiciales y así abrieron la posibilidad de que el Estado le deba pagar al Grupo Greco.

 

 

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