La Corte Suprema desestimó el pedido de un represor que quería chatear desde su celda

Rechazó el planteo presentado contra un fallo del juez Torres que le había prohibido a un detenido por delitos de lesa humanidad conectarse a Internet desde su celda de Marcos Paz. El acusado está procesado por su participación en secuestros y torturas.

La Corte Suprema de la Nación rechazó un planteo contra el fallo que se opuso a que un detenido por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar pudiera utilizar los servicios de Internet y correo electrónico en su celda.

El máximo tribunal desestimó el "recurso de queja" presentado por ex oficial de la marina Alberto Eduardo González contra las resoluciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y del Tribunal Oral Federal 5.

González había sido autorizado a ingresar a la unidad carcelaria en la que se encuentra alojado (el penal de la localidad bonaerense e Marcos Paz) una computadora portátil, pero se le restringió el uso, impidiendo que pudiera acceder a Internet y a cuentas de correo electrónico.

Contra esa resolución el defensor de González, el abogado Alfredo Solari, presentó recursos hasta llegar a la Corte, pero el máximo tribunal desestimó el planteo por cuestiones formales.

"El recurrente incumplió con los artículos 4 y 7 inciso C) del reglamento aprobado por la acordada 2007", sostuvieron el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Las normas establecen requisitos relacionados con la extensión de los planteos y los documentos que deben acompañarlos.

Solari justificó el pedido para facilitar el estudio de una causa con miles de fojas y cuyo juicio oral y público tiene fecha de inicio para octubre próximo.

González está procesado por su presunta participación en privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el autodenominado Proceso de Reconstrucción Nacional.

Días atrás el juez federal Sergio Torres, a cargo del sumario por los ilícitos registrados en lo que fue un centro clandestino de detención durante el período 1976-1983 amplió el procesamiento de González y el de casi medio centenar de ex marinos, sobre cuyos bienes ordenó multimillonarios embargos.

La Sala II dispuso la excarcelación de González y otros ex marinos procesados en la causa, entre ellos los ex oficiales de la armada Alfredo Astiz y Jorge Acosta, pero un recurso extraordinario del fiscal Raúl Plee dejó en suspenso la medida y la cuestión a decisión de la Corte.
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