Una querella que no acusa a Callejeros pidió 25 años de cárcel para Chabán

Una querella que representa a familiares y sobrevivientes de República Cromañón solicitó hoy una condena a 25 años de cárcel para el empresario Omar Chabán por los delitos de "estrago doloso agravado" seguido de muerte en concurso con el de cohecho.

Además, reclamó 6 años de cárcel para Raúl Villareal, ex mano derecha de Chabán en Cromañón, como "partícipe" del delito de dolo eventual en concurso con el de cohecho, 8 años de prisión para el ex subcomisario de la seccional 7ma. Carlos Rubén Díaz, por considerarlo autor del delito de estrago culposo en concurso con cohecho pasivo.

Así lo reclamó al entender que el accionar del ex policía mediante el pedido de coimas garantizó que no se cumplieran con las leyes vigentes en materia de seguridad en la ciudad.

En su pedido, la querella reclamó 5 años de prisión para los ex funcionarios del Gobierno porteño Ana María Fizbin y Ana Fernández y 4 años para Gustavo Torres, por el delito de estrago culposo y la inhabilitación durante 10 años para ejercer cargos públicos.

Fiszbin era la subsecretaria de Control Comunal, mientras que Torres se desempeñó en los meses previos como Director General de Fiscalización y Control mientras que Fernández fue Subsecretaria del área, pero tuvo la máxima responsabilidad en la UPI, Unidad Polivalente de inspecciones.

Contrario a un pedido anterior de condenas esta querella pidió en cambio sólo seis meses de prisión para el ex comisario Miguel Angel Belay por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El abogado Mauricio Castro, patrocinante de familiares de muertos y de heridos durante la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004, también -al igual que la víspera lo hizo su colega José Iglesias- formuló un extenso alegato en el cual acusó a Chabán, a los ex jefes de la Comisaría séptima de esta capital y a ex funcionarios del gobierno porteño.

Castro acusó también como "partícipe" del delito de dolo eventual en concurso con el de cohecho a Raúl Villareal, el lugarteniente de Chabán.

Pero a diferencia de Iglesias, Castro apuntó sus dardos, además de los responsables de Cromañón, hacia el ex subcomisario de la 7ma. Carlos Rubén Díaz, al sostener que con su accionar mediante el pedido de coimas a Chabán garantizó que no se cumplieran con las leyes vigentes en materia de seguridad en la ciudad.

Es más, la integrante de la misma querella, que lo precedió en el uso de la palabra María Marta Marcos, aseguró que Cromañón no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad" y "ante la primera inspección el local se hubiera cerrado", si Díaz lo hubiera denunciado o ejercido la facultad con que contaba. 

Esta querella agrupa a cerca de 400 personas y familias de fallecidos que, a diferencia de la otra, decidieron no acusar a los integrantes del grupo Callejeros.

En su alegato, el abogado no se privó -sin nombrarlo- de sostener que a su entender debería haberse sentado en el banquillo de los acusados el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.

“También -dijo- considerábamos responsable a alguien que fue tempranamente sobreseído en esta causa", al denunciar que "la cadena de responsabilidad no se agota ahí".

En su exposición, el abogado señaló que Chabán debía ser considerado como "autor" ya que por ser el organizador del recital tenía en sus manos haber podido evitar el incendio y no lo hizo.

A su entender, Chabán era el explotador comercial y organizador de los recitales y su responsabilidad en la tragedia radica en que hizo ingresar alrededor de 3.000 personas como mínimo, la noche del 30 de diciembre de 2004, sin contar los invitados.  

En tanto, señaló que Villarreal estaba "en condiciones de evitar el incendio alertando a Chabán de que una tragedia podía suceder", a la vez que "no fue eficiente y eficaz para evitar que la pirotecnia ingrese" al local.

"Había cuatro personas de seguridad dentro del local para 3.000 personas", sostuvo.

"Chabán causó el dolo eventual del incendio y Villarreal colaboró con él", sentenció.

Al respecto y en varias oportunidades señaló que el gerenciador de Cromañón podía haberse hecho cargo de que la salida de la gente "fuese lo más ordenada posible" y que en cambio sabiendo que la puerta alternativa estaba cerrada con candado y alambre, no dio la orden de que se abriera.

Sobre ese punto, denunció que fueron pocos los testigos durante el juicio que dijeron haber estado en ese lugar aquella noche y especuló con que "no vino nadie a declarar acá porque ahí perdió la vida" , ya según los dichos de los bomberos "cuando se abrió esa puerta había una pila de seres humanos, de chicos apilados".        

Agregó que de las seis puertas cine, de doble hoja "sólo una o dos estaban abiertas", mientras que en relación con los portones de calle Villareal había dado la orden de que se cierren para que no entre más gente al recital.

"Al reducir a casi nada la salida el resultado era el esperado", mientras que ratificó que "el causal desencadenante fue el arrojo de una candela".
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