Polémico proyecto de regulación de paros docentes en Corrientes

Según un impulso legislativo, los docentes correntinos deberán cumplir con el 50 por ciento del dictado de clases y mantener abiertas las escuelas, garantizando una guarda mínima, para que los alumnos permanezcan en ellas mientras realizan una protesta. "Es un intento de restricción al derecho de huelga", argumentan sus detractores.

El proyecto de ley fue presentado hace aproximadamente un mes por la diputada provincial Marina Anderson (del PJ disidente alineado con Felipe Solá) y pretende declarar como servicio esencial a la educación en el período de escolaridad obligatoria.

Según el escrito, que aún no tiene dictamen de la comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la cámara baja de la Legislatura correntina, “los servicios mínimos previstos que deben mantenerse para el funcionamiento del sistema educativo mientras dure un conflicto, consisten en: a) El cumplimiento diario del 50 por ciento del dictado de clases, durante las primeras horas de la jornada educativa. b) Mantener abiertas las escuelas, garantizando una guarda mínima, para que los alumnos permanezcan en ellas con seguridad, durante toda la jornada escolar”.

La autora del proyecto sostiene la iniciativa argumentando que “se trata de un proyecto de ley que impulsa la compatibilidad entre los derechos constitucionales relacionados con la educación como lo son el de protesta sindical, y por otro lado, el de aprender, en el marco de los artículos 205 y 206 de la Constitución provincial”.

Sin embargo, y a pesar de que los gremios docentes le restan importancia a la iniciativa, los detractores están dentro del recinto legislativo. Precisamente la diputada Cristina Schröder de Bruzzo, presidenta de la comisión de Educación, señala que se intenta “imponer una restricción del derecho de huelga, al forzar a los gremios a seguir prestando servicios mínimos no contemplados en la legislación nacional”. 

Por otro lado, el impulso legislativo también indica que “el incumplimiento de la prestación de los servicios mínimos será considerado falta grave de los trabajadores y dará lugar a las sanciones que correspondan conforme las normas legales y estatutarias aplicables al caso”.

Fuente: Diario la República
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